Una legislaci¨®n incipiente y poco uniforme

En Espa?a no existe una ley de rango estatal en materia de videojuegos. Las competencias est¨¢n transferidas a las comunidades aut¨®nomas, por lo que existe una diversidad de reglamentos que, seg¨²n denuncian las organizaciones de consumidores y reconoce la industria, no se cumplen. Amnist¨ªa Internacional (AI) ha denunciado en su ¨²ltimo informe sobre videojuegos (Con la violencia contra las mujeres no se juega) que en Baleares y el Pa¨ªs Vasco no existe ninguna norma al respecto.

Nueve comunidades aut¨®nomas se han dotado con una legislaci¨®n en la que expl¨ªcitamente se proh¨ªbe la venta o alquiler a menores de videojuegos con mensajes directa o indirectamente contrarios a los derechos y libertades reconocidos en la Constituci¨®n. Se trata de Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Catalu?a, Galicia, La Rioja y Madrid. En general, incumplir este tipo de legislaci¨®n supone una infracci¨®n administrativa castigada con penas de multa, aunque en casos como el de Madrid (donde la norma data de 1995) ¨¦sta no se aplica porque todav¨ªa no existe un reglamento de desarrollo de la misma.

En Asturias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana la legislaci¨®n es, seg¨²n AI, ambigua. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la ley habla de que la Generalitat "promover¨¢ videojuegos que tengan un cariz contrario a la violencia". En el caso de Cantabria se afirma: "Los juegos y juguetes deben adaptarse a sus necesidades [de los menores] y ayudar al desarrollo psicomotor de cada etapa evolutiva".

Respecto a la UE, la Comisi¨®n Europea propuso en 2004 al Parlamento y al Consejo la elaboraci¨®n de una recomendaci¨®n para que los Estados y la industria desarrollen medidas "que eviten los contenidos que puedan ser perjudiciales". Esta iniciativa llega tras un informe de la Comisi¨®n, de 2003, sobre la competitividad de la industria de servicios audiovisuales y de informaci¨®n.