Lo que no quiere o¨ªr

Si prosperase, el efecto pol¨ªtico de la propuesta de Ibarretxe ser¨ªa una reducci¨®n sustancial de la protecci¨®n que el Estado democr¨¢tico ofrece a los vascos no nacionalistas.

En la pr¨¢ctica social existe una clara diferencia entre las posibilidades de ejercer sus derechos que tienen los nacionalistas y las que tienen los que no lo son. Ciertos peri¨®dicos no se pueden llevar a la vista, y tampoco decir ciertas cosas en las reuniones de vecinos o juntas de facultad. Eso se da por supuesto. De lo que se trata ahora es de convertir esa diferencia real en norma legal; como garant¨ªa de su perpetuaci¨®n.

La hegemon¨ªa nacionalista se apoya en una combinaci¨®n de clientelismo, buena conciencia (ser de los nuestros) y seguro de vida. Los pol¨ªticos nacionalistas saben que aunque ETA les amoneste a ellos, a quienes ataca es a los otros. En un comunicado fechado el mismo d¨ªa en que Ibarretxe presentaba su plan, el 27 de septiembre de 2002, ETA declaraba "objetivo militar" las sedes del PP y PSOE y sus actos p¨²blicos. No era una amenaza para tomarse a broma. Seg¨²n el cuidadoso recuento de la agencia Vasco Press (agosto 2004), desde el asesinato de Gregorio Ord¨®?ez, hace diez a?os, ETA ha matado a 30 adversarios ideol¨®gicos, de los que 15 eran miembros del PP y 9 del PSOE. Simult¨¢neamente, entre 1992 y 2004, las bandas de violencia callejera han realizado 871 ataques sectarios: contra militantes y sedes de partidos o bienes de personas no adictas. Esa situaci¨®n, claramente incompatible con las condiciones m¨ªnimas de igualdad propias de cualquier sistema pluralista, provoc¨® la ilegalizaci¨®n del brazo pol¨ªtico de ETA, contra la opini¨®n del nacionalismo.

Si la propuesta sale adelante, las instituciones de Euskadi podr¨ªan derogar esa prohibici¨®n mediante una ley vasca de partidos (art. 11-3). El Gobierno vasco estar¨ªa capacitado para conceder indultos a los etarras (art. 24-2), y para convocar unilateralmente referendos (art.13-3), como el ilegal que pretende Ibarretxe si las Cortes no convalidan su proyecto. Es cierto que no es formalmente un proyecto para la independencia; pero s¨ª un camino gradual e irreversible hacia ella por la v¨ªa de vaciamiento de competencias del Estado. Precisamente de aquellas que hasta ahora eran vistas por los vascos no nacionalistas como una garant¨ªa frente a los abusos del nacionalismo gobernante.

Se elimina de un plumazo (art. 14) la posibilidad de aplicaci¨®n en Euskadi de las previsiones del art. 155 de la Constituci¨®n (destinado a hacer frente al incumplimiento por una Comunidad de sus obligaciones legales). Tambi¨¦n desaparecer¨ªa la garant¨ªa que supone la existencia de un poder judicial estatal ¨²nico y del principio de unidad jurisdiccional como base de la organizaci¨®n y funcionamiento de los tribunales. Un Consejo Judicial Vasco asumir¨¢ las funciones del actual CGPJ, incluyendo la de nombramiento de jueces y fiscales, para lo que se tendr¨¢ en cuenta el "conocimiento del euskera" (art. 27-2).

?Podr¨ªan un d¨ªa los nacionalistas condicionar el derecho de voto al conocimiento de la lengua vasca, como se hizo en su d¨ªa en Estonia? Parece incre¨ªble, teniendo en cuenta que el n¨²mero de euskerohablantes no llega al 30% de la poblaci¨®n,pero es seguro que ya hay quienes lo consideran deseable. De momento, el Consejo de los organismos sociales del euskera, Kontseilua, ha criticado el plan Ibarretxe porque no obliga a saber esa lengua a todos los ciudadanos vascos (El Correo, 23-12-04). ?Recuerdan la campa?a por el DNI vasco y la pretensi¨®n de elaborar un censo por adscripci¨®n?

En Euskadi existe una mayor¨ªa nacionalista, aunque se desconoce, porque no ha habido ocasi¨®n de comprobarlo, si la mantendr¨ªa en condiciones de igualdad: sin el factor de intimidaci¨®n que supone ETA. Pese a la desigualdad, los partidos no nacionalistas siguen agrupando a casi el 50% de los votantes. Ello es as¨ª porque, como en su d¨ªa argument¨® Juan Aranzadi (Claves 105; sept. 2000), los vascos no nacionalistas, a diferencia de los jud¨ªos de Alemania en 1933-45, cuentan con la protecci¨®n de un Estado. Esa protecci¨®n -legal y judicial- es la que ahora se intenta suprimir o limitar mediante la reforma del marco estatutario. Luego, contra lo que piensa el obispo de San Sebasti¨¢n, s¨ª hay razones morales, adem¨¢s de las jur¨ªdicas y pol¨ªticas, para oponerse al proyecto de Ibarretxe. Zapatero tendr¨¢ ocasi¨®n de expon¨¦rselas hoy directamente al lehendakari.