Las preguntas del 'caso Gom¨¦rez'

La muerte de un trabajador ecuatoriano en situaci¨®n irregular en una demolici¨®n promovida por el Ayuntamiento de Granada en la cuesta de Gom¨¦rez est¨¢ ya en los tribunales. La presunta falta de seguridad, la presencia de operarios sin papeles y la cadena de subcontratas que se produjo durante el derribo, podr¨ªan suponer responsabilidades penales o civiles para el consistorio, gobernado por el PP. El pasado viernes, la fiscal¨ªa de Granada anunci¨® que investigar¨¢ por qu¨¦ el Ayuntamiento adjudic¨® la demolici¨®n por un importe superior al coste estimado de la obra. El equipo de gobierno ha decidido dar carpetazo al al caso con su negativa a crear una comisi¨®n de investigaci¨®n, pero algunas cuestiones quedan sin resolver. Son estas.

- Inseguridad. Los t¨¦cnicos municipales no detectaron los supuestos riesgos con que se ejecut¨® la demolici¨®n. El atestado de la Polic¨ªa Local tras el accidente concluy¨® que el derribo carec¨ªa de suficientes medidas de seguridad. Los agentes relataron en su informe que los alba?iles trabajaban sin casco ni calzado adecuado y que, para que los bomberos aseguraran lo que quedaba de edificio, tuvieron que pedir material en obras cercanas.

La encargada de comunicar al Ayuntamiento estos riesgos era Mar¨ªa Paz Garc¨ªa, una aparejadora nombrada por el consistorio directora t¨¦cnica y coordinadora de seguridad de todas las obras subsidiarias municipales en 2001. El sueldo de la coordinadora corr¨ªa sin embargo por cuenta de Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L., la empresa que, con distintos nombres, ejecuta estas obras en Granada desde 1989. A pesar de ello, en la ¨²nica relaci¨®n de obras presentada por la contratista, la firma de la jefa de seguridad aparece bajo el ep¨ªgrafe "t¨¦cnico municipal", junto a la de la administradora de la empresa. Urbanismo aprob¨® esa certificaci¨®n (de 31.026 euros) el 19 de noviembre sin que la compa?¨ªa adjuntara los documentos de cotizaci¨®n a la Seguridad Social de sus trabajadores (TC1 y TC2), requisito imprescindible seg¨²n la normativa municipal que hubiera servido para certificar que los obreros no eran ilegales.

El concejal de Urbanismo, Luis Gerardo Garc¨ªa-Royo, asegura que Garc¨ªa no formaba parte del organigrama del Ayuntamiento, aunque el edil reconoce que la coordinadora de seguridad se reun¨ªa peri¨®dicamente con los t¨¦cnicos de Urbanismo, a los que, supuestamente no dio informaci¨®n sobre las supuestas deficiencias en seguridad. El pliego de condiciones por el que se adjudicaron las obras obligaba a la empresa a entregar un parte diario de su marcha, pero entre la documentaci¨®n del expediente de la demolici¨®n no consta ninguno de ellos.

- Cadena de subcontratas. La ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas prohibe subcontratar una obra por la totalidad de su importe estableciendo el l¨ªmite en el 50%, con la obligaci¨®n para la constructora de informar a la administraci¨®n promotora, en este caso el Ayuntamiento de Granada.

En la demolici¨®n de Gom¨¦rez, la contratista municipal no tir¨® ni un solo ladrillo del edificio, sino que encarg¨® todo el trabajo (y por tanto todo su importe) a su subcontratista (Hermanos Rodr¨ªguez S.B.) por algo m¨¢s de 36.000 euros (la obra se adjudic¨® en 38.007 euros). A su vez, esta segunda empresa volvi¨® a subcontratar con Alsa S.L., la constructora para la que trabajaba el ecuatoriano. El responsable de esta ¨²ltima empresa declar¨® en el juzgado tras el accidente que se hab¨ªa comprometido con Hermanos Rodr¨ªguez de forma verbal (sin ning¨²n contrato de por medio) a efectuar el derribo por 18.000 euros.

El Ayuntamiento de Granada asegura que desconoc¨ªa la cadena de subcontratas porque Rehabilitaciones y Demoliciones Granada tampoco le inform¨®. La copia del contrato entre la empresa encargada de hacer las obras y su subcontratista lleg¨® al ¨¢rea de Urbanismo un d¨ªa despu¨¦s del accidente mortal, seg¨²n el equipo de gobierno del PP.

- Denuncia vecinal. Pero la contratista no fue la ¨²nica v¨ªa por la que el Ayuntamiento pudo conocer las condiciones en que se desarrollaban las obras de Gom¨¦rez. El propietario del edificio colindante present¨® un escrito dos meses antes del accidente (21 de octubre) en el que advert¨ªa sobre los riesgos de los trabajos. "[La obra] pone en peligro la seguridad de los transe¨²ntes y veh¨ªculos al no contar con las m¨¢s elementales medidas de seguridad", denunciaba el vecino del inmueble, que advert¨ªa de que los trabajos podr¨ªan llegar al extremo "de producir alguna desgracia personal".

El denunciante se quejaba tambi¨¦n de la supuesta falta de cualificaci¨®n de los trabajadores del derribo al relatar c¨®mo el d¨ªa anterior a la denuncia, hab¨ªan provocado un incendio en el forjado de la ¨²ltima planta del edificio en demolici¨®n "debido a las fogatas que encienden a diario en la obra". Los bomberos del Ayuntamiento tuvieron que acudir a la obra para sofocar las llamas, pero su informe no consta entre los documentos del expediente.

Dos d¨ªas despu¨¦s de la presentaci¨®n de la denuncia, los t¨¦cnicos de Urbanismo se pusieron en contacto con la coordinadora de seguridad de la obra, que asegur¨® haber adoptado las medidas oportunas "con amonestaci¨®n a los trabajadores e incluso el despido de algunos que no hab¨ªan cumplido correctamente su cometido". Para entonces, la empresa para la que trabajaba la directora t¨¦cnica, hac¨ªa un mes que hab¨ªa subcontratado la obra.

- Inspecci¨®n. El mismo d¨ªa en que se present¨® esa denuncia, un inspector del ¨¢rea de Urbanismo visit¨® la demolici¨®n para contrastar las quejas de los vecinos. Esa visita municipal tampoco sirvi¨® para descubrir las sucesivas subcontratas ni la falta de permiso de residencia de algunos de los operarios extranjeros que all¨ª trabajaban.

- Reincidencia. La del ecuatoriano Guillermo Estalin no es la ¨²nica muerte que consta en el historial de obras encargadas a Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L. El 26 de diciembre de 2000 muri¨® otro obrero (de nacionalidad espa?ola) en una demolici¨®n ejecutada por la empresa en el callej¨®n de los Franceses. El siniestro no impidi¨® que el Ayuntamiento adjudicara de nuevo el contrato de todas las obras subsidiarias a la empresa durante el mandato del socialista Jos¨¦ Moratalla. El PP tuvo conocimiento de ese fallecimiento al menos el 19 de abril, cuando Garc¨ªa-Royo firm¨® un escrito remitido al juzgado encargado de esclarecer el accidente, pero no suspendi¨® el contrato con la empresa hasta el pasado viernes.

- Pago tras el siniestro. El equipo de Gobierno del PP pag¨® 31.026 euros a su contratista por la demolici¨®n de Gom¨¦rez el 27 de diciembre, s¨®lo seis d¨ªas despu¨¦s del accidente en el que muri¨® el ecuatoriano. El Ayuntamiento conoc¨ªa entonces la cadena de subcontratas irregulares, la falta de permiso de trabajo de algunos alba?iles y la carencia de medidas de seguridad. El atestado de la Polic¨ªa Local y una copia del contrato por el que su contratista cedi¨® la obra fueron sus fuentes.