EE UU fracasa en su demanda contra las grandes tabacaleras

Las tabacaleras obtuvieron ayer una importante victoria legal en Estados Unidos. Seg¨²n el tribunal de recursos del Distrito de Columbia, el Departamento de Justicia no tiene derecho a que las tabacaleras paguen 280.000 millones de d¨®lares (217.000 millones de euros) de sus beneficios bajo la acusaci¨®n de enga?ar a la gente sobre los riesgos de fumar. Las empresas vieron subir sus acciones una media de un 3%.

Ni Justicia ni las tabacaleras reaccionaron ayer tras el fallo, que se inscribe en el juicio contra la industria que empez¨® en septiembre pero cuyos antecedentes se remontan seis a?os. El Gobierno hab¨ªa calculado que los 280.000 millones de d¨®lares era la cantidad aproximada que los fabricantes han ganado de manera ilegal, por ejemplo haciendo publicidad encubierta para menores u ocultando las consecuencias en la salud.

De hecho, la reclamaci¨®n de Justicia la presentaron los fiscales Daniel Meron, Robert McCallum y Mathew Zabel al amparo de una normativa pensada en su d¨ªa contra el crimen organizado y la mafia, pero el tribunal de apelaci¨®n de Columbia dijo ayer (en una decisi¨®n respaldada por dos de sus tres magistrados) que esa ley no pod¨ªa aplicarse en el caso de las compa?¨ªas tabacaleras: justo lo que ¨¦stas argumentaban como defensa.

La querella se plante¨® hace seis a?os contra los grupos Altria, Loews, Lorillard, Vector, Liggett, Reynolds y BTA por "enga?o a los consumidores sobre los peligros de fumar". Estas compa?¨ªas negaron la acusaci¨®n y dijeron que el Gobierno no puede hacer nada al respecto, despu¨¦s del gran acuerdo al que llegaron en 1998 la industria y el Gobierno de Estados Unidos.

Gastos m¨¦dicos

Seg¨²n aquel pacto, las tabacaleras accedieron a desembolsar 246.000 millones de d¨®lares para compensar los gastos m¨¦dicos de las enfermedades atribu¨ªbles al tabaco, y asimismo se sometieron a normas para limitar los anuncios de los cigarrillos. La decisi¨®n de ayer afecta precisamente a la parte de la querella en la que se solicitaba el dinero. La industria hab¨ªa alegado que el Gobierno no ha acertado a distinguir los beneficios ganados de forma legal o ilegal.

La sentencia de Columbia no pone fin al gran proceso, que puede a¨²n prolongarse durante meses. El Departamento de Justicia sigue tratando de reforzar las restricciones publicitarias sobre el tabaco y de exigir que las empresas financien campa?as de salud p¨²blica sobre el peligro de fumar y financien programas destinados a que los consumidores abandonen el h¨¢bito. En octubre, un ex jefe de investigaci¨®n de Philip Morris declar¨®, como testigo de la acusaci¨®n, que desde 1953 hay un pacto de las empresas para no fabricar cigarrillos menos da?inos, aun que sab¨ªano c¨®mo hacerlo.

El Gobierno a¨²n puede gestionar la imposici¨®n de restricciones a las compa?¨ªas, con nuevos l¨ªmites sobre la comercializaci¨®n y la propaganda.