Tres centros de Granada recurren a guardas de seguridad para proteger a sus alumnos
Los vigilantes, que evitan robos y peleas, impiden que los estudiantes falten a sus clases
Juan Francisco L¨®pez-C¨®zar, Juanfran, es casi un empleado m¨¢s del Instituto de Ense?anza Secundaria Francisco Ayala de Granada. Este vigilante de una conocida empresa de seguridad tiene un doble cometido en este centro escolar de la zona norte de la ciudad. Su labor consiste en impedir la entrada de j¨®venes no matriculados y evitar que los inscritos se vayan de pellas. Al mismo tiempo controla los coches y las motos que acceden al centro y trata de que ning¨²n elemento externo trastorne su normalidad acad¨¦mica.
Juanfran es el ¨²ltimo de los guardas contratados por este centro p¨²blico de unos 800 alumnos, que, tras sufrir algunos incidentes, decidi¨® hace tres cursos ofrecer este servicio. "Tuvimos algunos problemas de broncas con chavales de fuera. Tambi¨¦n se produjeron robos de motos y en coches y alg¨²n que otro individuo se acerc¨® trapicheando con drogas", explica su director, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez. "La APA y el propio instituto nos planteamos entonces acudir a la seguridad privada e hicimos una propuesta al Consejo Escolar que lo acept¨®", a?ade el docente.
La labor del vigilante consiste en asegurar el instituto de puertas afuera, seg¨²n el director. El centro se encuentra en una de las zonas de mayor expansi¨®n urban¨ªstica de la ciudad pero tambi¨¦n muy cerca del pol¨ªgono del Almanj¨¢yar, uno de sus barrios m¨¢s desfavorecidos, con importantes problemas de marginaci¨®n social y drogas.
"En general nuestros alumnos no suelen dar problemas, salvo las excepciones que se dan en cualquier instituto. La disciplina la arreglamos los profesores con los medios legales que tenemos a nuestro alcance", contin¨²a ?lvarez, que explica que "el vigilante no es m¨¢s que una garant¨ªa de seguridad frente a la gente conflictiva que pueda venir de fuera". "Desde que lo contratamos, los problemas que ten¨ªamos no se han vuelto a repetir". Juanfran asegura adem¨¢s la asistencia a clase. El menor que pretenda salir tiene que ense?arle un permiso especial firmado por el jefe de estudios.
Gasto extra
A pesar de ser un centro p¨²blico, la Consejer¨ªa de Educaci¨®n no corre con este gasto extra. Los sobres de matr¨ªcula que se entregan cada a?o a los alumnos contienen un documento en el que se especifica un n¨²mero de cuenta corriente del instituto donde los padres ingresan una cantidad anual para pagar a la empresa de seguridad. "Si alguno de ellos no puede o no quiere abonar esa cantidad de m¨¢s no pasa nada", dice el director. "A ning¨²n alumno se le niega la inscripci¨®n", prosigue ?lvarez, que piensa "como los padres" que Educaci¨®n deber¨ªa plantearse la inclusi¨®n de este servicio en los presupuestos de los centros.
El hecho de que sean los propios institutos los que corren con los gastos es la raz¨®n que esgrime la consejer¨ªa para desconocer el n¨²mero de centros que cuentan con vigilancia privada en Andaluc¨ªa. En los colegios p¨²blicos de Infantil y Primaria la competencia de garantizar la seguridad corresponde a los Ayuntamientos. Para los de Secundaria, la Junta pone un conserje u ordenanza. S¨®lo en los centros de ense?anza compensatoria (los situados en n¨²cleos de poblaci¨®n marginales), dispone medidas adicionales de control. "Si cualquier centro normal quiere un plus de seguridad puede recurrir a los vigilantes gracias a su autonom¨ªa", explica la delegada de Educaci¨®n en Granada, Carmen Garc¨ªa-Raya. Otros institutos granadinos como Aynadamar o Virgen de las Nieves, tambi¨¦n lo han hecho. Garc¨ªa-Raya asegura que, en todo caso, los vigilantes no tienen facultades disciplinarias. Adem¨¢s del profesorado, las comisiones de convivencia -formadas por padres, docentes y alumnos- son las encargadas de debatir y resolver los altercados internos que se producen en cada centro.
Se acaba el recreo y Juanfran se aposta en la entrada del Francisco Ayala. Sin porra ni pistola, su ¨²nica arma con los adolescentes es un poco de comprensi¨®n. "Todos tuvimos un d¨ªa 15 a?os, ?no?", dice con resignaci¨®n.
La excepci¨®n compensatoria
Los ¨²nicos centros p¨²blicos en los que la Junta sufraga gastos extra de seguridad son los centros de educaci¨®n compensatoria, en los que, debido a las dificultades derivadas del entorno social de su alumnado (procedente de minor¨ªas marginadas en entornos desfavorecidos), la consejer¨ªa ejerce una discriminaci¨®n positiva en este campo.
Uno de ellos es el IES La Paz, situado en el pol¨ªgono del Almanj¨¢yar, uno de los distritos m¨¢s castigados por la droga, la delincuencia y la falta de expectativas de futuro. Un guardia de seguridad, un circuito cerrado de c¨¢maras y un sistema de alarma velan porque los 140 estudiantes del instituto cumplan con la disciplina que les imponen sus docentes.
A diferencia del IES Francisco Ayala, donde el vigilante permanece durante toda la jornada, el guarda de La Paz, s¨®lo trabaja dos horas. Su cometido es controlar la entrada de los alumnos a primera hora y vigilar el recreo. "A veces entra gente de fuera sobre los que los profesores no tenemos autoridad", explica Rafael de la Rosa, el director del centro. "Cuando eso pasa es muy dif¨ªcil devolverlos a clase", a?ade.
Las 16 c¨¢maras de v¨ªdeo, colocadas en los pasillos, sirven sobre todo como elemento de prueba para los padres en caso de que los alumnos causen alg¨²n destrozo en el mobiliario del centro o se produzca alguna pelea. "Muchas veces son ellos los que no quieren creerse lo que hacen sus hijos y as¨ª se lo demostramos", explica el jefe de estudios. De la Rosa asegura que estas medidas de seguridad adicionales han servido para reducir la conflictividad en el centro, los actos vand¨¢licos y las drogas, que pr¨¢cticamente ha desaparecido.
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