Viejo continente necesita mano de obra joven

El 11 de enero, la Comisi¨®n Europea explic¨® que Europa necesita cubrir con inmigrantes cientos de miles de puestos de trabajo debido al envejecimiento de la poblaci¨®n. S¨®lo en Francia, pese a tener dos millones de parados, el a?o pasado se quedaron sin cubrir 240.000 empleos por falta de electricistas, t¨¦cnicos, alba?iles o expertos en inform¨¢tica. A su vez, m¨¢s de medio mill¨®n de personas entran cada a?o ilegalmente en una Uni¨®n en la que ya no existen fronteras interiores. El control conjunto de las mismas es ya un objetivo com¨²n pero, como todo lo referente a la libertad, la seguridad y la justicia, afecta de lleno a la vida diaria del ciudadano y al coraz¨®n de la soberan¨ªa de los Estados. La Constituci¨®n europea ampl¨ªa en ese terreno el campo de acci¨®n de la UE.

Los atentados del 11-S en Estados Unidos y del 11-M en Madrid han hecho que la exigencia de un mayor nivel de seguridad en la UE sin fronteras se haya convertido en la prioridad de las prioridades para los europeos, como lo reflejan continuamente los Eurobar¨®metros. De nuevo, lo que est¨¢ en juego es el equilibrio entre libertad y seguridad.

LA SITUACI?N

Desde 1992, los sucesivos Tratados de la UE han introducido avances en la cooperaci¨®n en esta ¨¢rea. En los ¨²ltimos diez a?os, m¨¢s de 400 presuntos terroristas han sido entregados a Espa?a desde otros pa¨ªses de la Uni¨®n. La euroorden supuso hace tres a?os un paso clave en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y la Uni¨®n tiene ya normas comunes para enfrentarse a la inmigraci¨®n clandestina, integrar a los trabajadores de otras zonas del mundo, conceder el derecho de asilo o firmar acuerdos de readmisi¨®n con pa¨ªses de procedencia. Sin embargo, casi todas las leyes europeas en este campo deben aprobarse por unanimidad, con derecho a veto, porque cada pa¨ªs quiere evitar imposiciones contrarias a sus normas, costumbres e intereses.

EL PROBLEMA

Gracias al uso del veto, Alemania y Austria han bloqueado durante a?os iniciativas para la gesti¨®n conjunta de los flujos migratorios. De otro lado, las diferentes tipificaciones de los delitos y sus condenas facilitan que los delincuentes eludan la justicia con s¨®lo desplazarse a otro pa¨ªs vecino de la Uni¨®n. Adem¨¢s, las escasas competencias de Europol (la polic¨ªa de la UE) y Eurojust (integrado por magistrados de los pa¨ªses socios) impiden una mayor eficacia en la persecuci¨®n del crimen.

EL DEBATE

Como en todos los cap¨ªtulos claves, Francia y Alemania rompieron el fuego con una propuesta conjunta a finales de 2002 en la Convenci¨®n que redact¨® el proyecto constitucional. Ped¨ªan un control policial com¨²n de fronteras para controlar la inmigraci¨®n, reclamaban una Fiscal¨ªa Europea (sobre la base de Eurojust) con poder para lanzar investigaciones y perseguir delitos transfronterizos, una polic¨ªa (Europol) con capacidad para gestionar sistemas comunes de investigaci¨®n y la armonizaci¨®n de penas para delitos graves como el terrorismo, el tr¨¢fico de seres humanos o la explotaci¨®n sexual de ni?os.

En todos esos terrenos, Par¨ªs y Berl¨ªn planteaban la desaparici¨®n del derecho al veto a la hora de tomar decisiones en la Uni¨®n. Eso s¨ª, Alemania aclar¨® que cada pa¨ªs, y no la UE, deb¨ªa mantener su competencia para fijar cupos nacionales de inmigrantes.

Reino Unido respondi¨® que no admitir¨ªa nada discordante con sus propias leyes. Frente a la gesti¨®n conjunta de la inmigraci¨®n y las fronteras, el dan¨¦s Edwin Teufel defendi¨® que es cada Estado el que debe decidir los cupos en funci¨®n de sus necesidades laborales, mientras el sueco G?ran Lennmarker dijo confiar m¨¢s en las polic¨ªas nacionales que una gendarmer¨ªa europea. La brit¨¢nica Gisela Stuart blandi¨® un informe de la C¨¢mara de los Lores contra la creaci¨®n de una Fiscal¨ªa Europea.

LA SOLUCI?N

"La Uni¨®n", dice el Tratado constitucional, "ofrece a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores" (Parte I-art¨ªculo 42). Desaparece el recurso al veto como el mayor logro en esta materia y queda consagrado el "sistema integrado de gesti¨®n de las fronteras exteriores" de la Uni¨®n, con lo que queda abierta la v¨ªa para una gendarmer¨ªa com¨²n de fronteras (III-265).

Con la Constituci¨®n en vigor, la UE podr¨¢ definir las infracciones penales y las penas m¨ªnimas o m¨¢ximas para delitos graves transfronterizos como terrorismo, tr¨¢fico de drogas, tr¨¢fico de seres humanos, explotaci¨®n sexual de mujeres y ni?os, tr¨¢fico de armas, blanqueo, corrupci¨®n o delincuencia inform¨¢tica. El Tratado deja sentado el principio el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, con independencia del pa¨ªs en que se produzcan, como piedra b¨¢sica ya existente de la cooperaci¨®n judicial en materia penal. Por eso, el art¨ªculo III-270 asume la admisi¨®n mutua de pruebas judiciales.

La pol¨ªtica de inmigraci¨®n se incorpora al derecho de la Uni¨®n, por lo que augura la gesti¨®n conjunta de los flujos migratorios (III-257), si bien cada Estado conserva sus competencias para decidir los cupos que prev¨¦ aceptar. La Uni¨®n podr¨¢ legislar sobre la integraci¨®n de los trabajadores extranjeros (III-267). En inmigraci¨®n clandestina, el texto menciona la obligaci¨®n de combatirla, con especial ¨¦nfasis en el tr¨¢fico de mujeres y ni?os. Habr¨¢ un "sistema europeo com¨²n de asilo" (III-266), con procedimientos uniformes de concesi¨®n y retirada.

Eurojust podr¨¢ iniciar investigaciones penales y proponer a las autoridades nacionales que abran procedimientos (III-272), mientras Europol aumenta ligeramente sus poderes (III-276). La Uni¨®n podr¨¢ tener en el futuro una Fiscal¨ªa Europea, aunque, por el momento, s¨®lo para luchar frente al fraude contra los intereses financieros de la UE (III-274).

Ni los padres de la Constituci¨®n creyeron al principio que llegar¨ªan tan lejos.