?Qui¨¦n debe dimitir?

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se ha referido a la crisis del Carmel como el chapapote catal¨¢n. Por su parte, el consejero de Pol¨ªtica Territorial, Joaquim Nadal, ha afirmado que lo sucedido se habr¨ªa podido evitar. Parece, por tanto, que no estamos ante uno de esos riesgos que aun cuando sabemos que existe alguna posibilidad de que ocurran no son, sin embargo, evitables; por el contrario, todo apunta que se trata de un suceso cuya causa est¨¢ en la existencia de alg¨²n tipo de conducta negligente, ya sea de car¨¢cter t¨¦cnico o pol¨ªtico, que podr¨ªa haber sido evitada. Todo esto sugiere la idea de que hay culpables de las p¨¦rdidas materiales que hasta ahora han sufrido cientos de familias y comerciantes, de la angustia con que viven y duermen diariamente muchos de ellos en sus casas y de la incertidumbre con que otros muchos contemplan su futuro.

La oposici¨®n pol¨ªtica reclama insistentemente que alguien dimita. Pero no queda claro qui¨¦n. Joaquim Nadal est¨¢ en el punto de mira de la oposici¨®n, pero no tanto por responsabilidades directas o errores propios, como por estar en el momento menos oportuno en el lugar menos adecuado: al frente del departamento m¨¢s directamente afectado por ese agujero negro que es la chimenea que se ha tragado ya varios edificios, y con ellos el esfuerzo de a?os y las ilusiones de muchas familias. Por el contrario, su labor en la crisis es reconocida como ejemplar hasta por la propia oposici¨®n, que ha se?alado que no tiene nada personal contra ¨¦l.

Los errores se pagan, y en pol¨ªtica el precio del error es la dimisi¨®n o la destituci¨®n. Y la labor de la oposici¨®n es controlar y forzar al Gobierno a asumir responsabilidades pol¨ªticas cuando se han producido esos errores. Sin embargo, para el buen uso de este instrumento de higiene pol¨ªtica democr¨¢tica conviene distinguir dos tipos de situaciones que deben llevar a exigir dimisiones.

Una de ellas se produce cuando un responsable pol¨ªtico ha utilizado el cargo p¨²blico para forzar decisiones pol¨ªticas o usado recursos p¨²blicos en beneficio propio, de familiares o amigos. Esta responsabilidad abarca las decisiones propias y las de todas aquellas personas que han sido nombradas por ¨¦l. En estos casos, aunque el pol¨ªtico no es culpable s¨ª es responsable de los posibles desmanes cometidos por las personas de su confianza nombradas para desempe?ar cargos p¨²blicos. Se trata de la responsabilidad in eligendo.

Esa responsabilidad fue la que llev¨® a Carlos Solchaga a dimitir como presidente del grupo parlamentario socialista y abandonar la pol¨ªtica al conocerse la conducta del gobernador del Banco de Espa?a nombrado por ¨¦l en su ¨¦poca de ministro. Fue tambi¨¦n la actitud que adopt¨® Manuel Pimentel cuando decidi¨® dejar su cargo de ministro en el Gobierno de Aznar, despu¨¦s de haber destituido al subordinado que hab¨ªa abusado de su confianza y utilizado el cargo en beneficio propio. Y tambi¨¦n, el caso de Josep Maria Culell siendo consejero de Pol¨ªtica Territorial del Gobierno de CiU cuando se descubrieron algunas pr¨¢cticas dudosas de un familiar. Nadie pens¨® que eran culpables, pero s¨ª estaba claro que deb¨ªan asumir las responsabilidades derivadas de las conductas inadecuadas de las personas que ellos hab¨ªan elegido para desempe?ar cargos p¨²blicos.

Una situaci¨®n diferente se plantea, a mi juicio, cuando las posibles responsabilidades del pol¨ªtico tienen su origen en los errores o la incompetencia t¨¦cnica derivados de un proyecto mal concebido o de unas obras mal ejecutadas. En estos casos las dimisiones pol¨ªticas deben esperar a conocer las responsabilidades t¨¦cnicas o empresariales en que puedan haber incurrido los expertos. Porque el peligro de dimisiones pol¨ªticas apresuradas es impedir conocer esos errores, con el riesgo de que en el futuro se vuelvan a cometer. En estos casos no es cierto que muerto el perro, se acab¨® la rabia.

Los afectados por la crisis del Carmel piden ante todo informaci¨®n y soluci¨®n r¨¢pida a la situaci¨®n que est¨¢n viviendo, no dimisiones; al menos por el momento. La informaci¨®n es esencial; informaci¨®n veraz y solvente con un elevado contenido t¨¦cnico. La angustia y el miedo con que diariamente viven y duermen miles de personas en el Carmel tienen mucho que ver con la falta de esa informaci¨®n rigurosa acerca de lo que ha sucedido y de lo que puede suceder.

Y es en el terreno de la informaci¨®n en el que advierto m¨¢s deficiencias. No pretendo exculpar a los actuales responsables pol¨ªticos por una gesti¨®n de la crisis que es mejorable. Quiero llamar la atenci¨®n sobre la ausencia de la opini¨®n de los responsables t¨¦cnicos del proyecto y de la obra. Nadie hubiese entendido que en la crisis alimentaria provocada por las vacas locas hubiese salido s¨®lo un pol¨ªtico a explicar de qu¨¦ se trata y cu¨¢les eran los riesgos. Dado el prestigio que tienen la ciencia y las decisiones basadas en el conocimiento t¨¦cnico, los expertos no pueden rehuir su deber de informar ocult¨¢ndose detr¨¢s de los pol¨ªticos.

Me pregunto en qu¨¦ medida todo esto tiene que ver con los procedimientos que se siguen en las subastas y adjudicaciones de obra p¨²blica. En algunos casos, aprovech¨¢ndose de las restricciones financieras de las administraciones p¨²blicas, empresas poco serias pujan a la baja, ofreciendo precios inferiores a los costes reales de la obra que construir. La estrategia consiste en quedarse con la adjudicaci¨®n para despu¨¦s ir forzando a los responsables p¨²blicos a incrementar el precio a medida que avanza la obra. Una estrategia perniciosa por muchos motivos. Tiene el riesgo de que no se empleen los procedimientos t¨¦cnicos m¨¢s seguros, por ser m¨¢s costosos; expulsa del mercado a las empresas serias, y provoca que el precio final pagado sea m¨¢s elevado que el que hubiese sido si en la adjudicaci¨®n se hubiesen introducido criterios de rigor t¨¦cnico y econ¨®mico.

Desconozco si el caso del Carmel es un ejemplo de lo que acabo de decir. Pero para descartarlo hay que dar tiempo a que se analice el proceso de adjudicaci¨®n de la obra. S¨®lo despu¨¦s se deben depurar responsabilidades. La exigencia de dimisiones inmediatas, como si estuvi¨¦semos en un caso de corrupci¨®n o simple incompetencia por pol¨ªticos derivados de una mala gesti¨®n de la crisis, tiene algo de primario, mezcla de pasi¨®n por el olor a sangre del enemigo herido y de sociedad tribal que, ante un suceso inexplicado, reclamaba el sacrificio de j¨®venes inocentes para aplacar la furia de los dioses. En un caso como el del Carmel se requiere informaci¨®n t¨¦cnica rigurosa, no exorcismos.