El fiscal estudia pedir la prisi¨®n para los constructores detenidos

La Fiscal¨ªa de Granada estudia pedir la prisi¨®n provisional para los constructores que contrataron al obrero sin papeles muerto el martes en una obra de Maracena. Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, el fiscal cree que la amenaza al hermano del fallecido proferida por uno de ellos podr¨ªa constituir un delito contra la Administraci¨®n de Justicia al coaccionar a un testigo. La Guardia Civil detuvo ayer a otro trabajador irregular que huy¨® de la obra tras el siniestro.

Los agentes apuraron hasta el l¨ªmite legal de las 72 horas las detenciones practicadas el jueves. A las de los constructores se sum¨® ayer la de un compa?ero del obrero muerto -tambi¨¦n boliviano y en situaci¨®n irregular- que huy¨® de la obra tras el accidente laboral sin prestarle ayuda. Los agentes consideran que su marcha supone un presunto delito de omisi¨®n de socorro que, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, tiene pocas probabilidades de prosperar, debido a que los hechos se produjeron en un lugar poblado.

Los empresarios detenidos pasar¨¢n a disposici¨®n judicial esta misma ma?ana, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Granada -el que tramit¨® la autopsia del boliviano fallecido- tendr¨¢ que decidir entonces si los deja en libertad con cargos, les impone una fianza u ordena su prisi¨®n provisional.

Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, el fiscal se decanta por pedir la prisi¨®n -sujeta a fianza o incondicional- ya que los presuntos delitos cometidos (homicidio imprudente, contrataci¨®n de mano de obra ilegal, riesgo y coacciones) conllevan conjuntamente penas de prisi¨®n superiores a los dos a?os. Las amenazas proferidas por uno de los empresarios contra el hermano del fallecido mientras ¨¦ste agonizaba en la UVI, podr¨ªan constituir un delito contra la Administraci¨®n de Justicia (y no de coacciones como sostiene la Guardia Civil) ya que el amenazado es un testigo de los hechos.

Obst¨¢culo a la investigaci¨®n

Ese delito se castiga con penas de uno a cuatro a?os de c¨¢rcel y, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, denotar¨ªa la intenci¨®n de entorpecer las pesquisas, al igual que la colocaci¨®n en la obra de las medidas de seguridad obligatorias un d¨ªa despu¨¦s de que se produjera el accidente. El fiscal considera que esos hechos cumplen las condiciones que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mandar a la c¨¢rcel a un detenido antes del juicio.

El sindicato UGT se person¨® ayer en el caso como acusaci¨®n particular. Su secretario provincial de Granada, Mariano Campos, asegur¨® que la central solicitar¨¢ para los dos empresarios las penas m¨¢ximas que establezca la ley. CC OO le seguir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas. La subdelegaci¨®n del Gobierno en Granada prometi¨® agilizar los tr¨¢mites para la regularizaci¨®n del hermano del fallecido en el proceso de normalizaci¨®n de trabajadores extranjeros, una medida apoyada tambi¨¦n por la Fiscal¨ªa. La Junta anunci¨® anteayer que no dar¨¢ subvenciones a las empresas que incumplan las normas de prevenci¨®n de riesgos laborales.