El juego del gana-pierde
Con un 76,72% de s¨ªes sobre una participaci¨®n del 42,32%, el Tratado por el que se establece una Constituci¨®n para Europa obtuvo ayer el aprobado espa?ol en el refer¨¦ndum consultivo. El dato anterior sobre consultas europeas en Espa?a fueron los comicios al Parlamento de Estrasburgo del 13 de junio de 2004, celebrados en el clima electoral mucho m¨¢s competitivo de la supuesta revancha del PP contra el PSOE tras su derrota en las legislativas del 14-M; en aquella ocasi¨®n, la participaci¨®n espa?ola alcanz¨® el 45,1%, seis d¨¦cimas por debajo del promedio europeo aunque por encima no s¨®lo de Eslovaquia (16,96%), Polonia (20,87%), Estonia (26,83%), Eslovenia (28,30%) y Rep¨²blica Checa (28,32%) sino tambi¨¦n del Reino Unido (38,83%) y Holanda (39,30%). A diferencia de otros pa¨ªses que sometieron a refer¨¦ndum la entrada en la Uni¨®n o la ratificaci¨®n de sus tratados (Dinamarca lo ha hecho en seis ocasiones e Irlanda en cinco), era la primera vez que la Espa?a democr¨¢tica utilizaba en asuntos europeos ese instrumento de democracia directa, reservado hasta entonces en nuestro pa¨ªs para la ratificaci¨®n de la Constituci¨®n de 1978 (67% de participaci¨®n) y la pertenencia a la OTAN (59,4%).
La participaci¨®n electoral en un sistema democr¨¢tico constituye en s¨ª misma -sea cual sea el tipo de convocatoria- una magnitud de dif¨ªcil interpretaci¨®n. Como ha subrayado Manuel Justel (La abstenci¨®n electoral en Espa?a, Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas, 1995), ni toda abstenci¨®n es intencionada, ni todas las decisiones expresadas en tal sentido se corresponden en la realidad con las justificaciones o las racionalizaciones ex post declaradas por los interesados. El examen de las series electorales espa?olas no permite cifrar m¨¢s all¨¢ del 20% -tomando generosamente ese porcentaje como tope m¨¢ximo- la abstenci¨®n supuestamente involuntaria (para decirlo de otra forma, estad¨ªsticamente irremediable) atribuible a irregularidades administrativas relacionadas con el censo, a razones coyunturales (ausencias, viajes, enfermedades) o a marginaciones ps¨ªquicas, sociales o pol¨ªticas. En el refer¨¦ndum europeo, as¨ª pues, se habr¨ªa producido en realidad un 40% de abstenci¨®n voluntaria (m¨¢s de 13.000 de los votantes potenciales), explicable alternativamente por motivos pasivos (desinter¨¦s pol¨ªtico, perplejidad, escepticismo moderado) o activos (votos de protesta, de castigo al Gobierno y antisistema); el 17,25% de noes (2.400.000 votantes) ha recogido, en cualquier caso, el caudal de desacuerdo espec¨ªfico con el Tratado.
Como se daba por descontado, el secretario general del PP, ?ngel Acebes, atribuy¨® nada m¨¢s cerrase las urnas al Gobierno de Zapatero todas las responsabilidades de la crecida abstenci¨®n (s¨®lo superada el a?o 2001 por el refer¨¦ndum de Irlanda sobre el Tratado de Niza, con un 34,79% de participaci¨®n), al tiempo que se apuntaba como propia la victoria del si en las urnas. La trampa de aplicar simult¨¢neamente reglas diferentes en una partida de cartas en funci¨®n exclusiva de los propios intereses es propia de los jugadores de ventaja: esa aplicaci¨®n del gana-pierde atribuye, de esta forma, una cuantiosa cuota de los 13 millones largos de desertores de las urnas al descontento de los espa?oles con los diez meses de Gobierno de Zapatero; otro gran segmento de la abstenci¨®n del 20-F ser¨ªa imputable a las torpezas cometidas por el Ejecutivo en la gesti¨®n previa del refer¨¦ndum, desde la fecha demasiado temprana de la convocatoria hasta la torpeza de la campa?a informativa. En cambio, el PP estar¨ªa limpio de polvo y paja por la baja participaci¨®n. En cualquier caso, habr¨¢ que aguardar a las encuestas postelectorales para conjeturar los perversos efectos que hayan podido producir sobre el electorado popular (casi diez millones de votantes el 14-M) los esquizofr¨¦nicos mensajes lanzados durante la campa?a por sus portavoces, apoyando oficialmente el s¨ª y promoviendo simult¨¢nea y subrepticiamente la abstenci¨®n o el no mediante las frases equ¨ªvocas, las insinuaciones veladas, las cr¨ªticas indirectas y los gui?os c¨®mplices.
Hay una considerable dosis de exageraci¨®n o hipocres¨ªa en los reproches dirigidos contra el Gobierno y contra las fuerzas pol¨ªticas parlamentarias por la deficiente informaci¨®n sobre Europa ofrecida a la opini¨®n p¨²blica durante la campa?a. De un lado, existen dificultades intr¨ªnsecas para que los ciudadanos de los pa¨ªses miembros conozcan los procedimientos de la toma de decisiones de los centros de poder en la Uni¨®n Europea; los mecanismos a trav¨¦s de los cuales esas decisiones influyen sobre la vida cotidiana de los espa?oles y las propias dimensiones de sus efectos tampoco resultan sencillos de captar para quienes s¨®lo se relacionan de forma directa con las Administraciones nacionales. Recurriendo a la analog¨ªa econ¨®mica que suelen utilizar los te¨®ricos de la democracia a la hora de explicar los procesos electorales, el coste de la informaci¨®n necesaria para que los votantes lograsen entender plenamente el significado y las implicaciones de la pregunta del refer¨¦ndum era muy elevado: no s¨®lo por la complejidad del Tratado, sino tambi¨¦n por el considerable retraso -casi treinta a?os- de los espa?oles en incorporase a las instituciones comunitarias. Y la campa?a informativa ha podido producir la indeseada consecuencia de abrumar a los ciudadanos con una carga de t¨¦rminos, conceptos y argumentos desconocidos hasta entonces y dif¨ªcilmente metabolizables en el plazo de pocas semanas.
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