Dimiten el director general de Transportes y el presidente de la empresa p¨²blica GISA

El Carmel se cobr¨® ayer dos cargos del Gobierno catal¨¢n. El consejero de Pol¨ªtica Territorial, Joaquim Nadal, acept¨® las dimisiones presentadas por el director general de Puertos y Transportes, Jordi Juli¨¤, y el presidente de GISA, Ramon Serra. En ambos casos, Nadal sostuvo que se trataba de una injusticia, pero son las personas que estuvieron relacionadas directamente con la obra donde se produjo el derribo. Nadal anunci¨® la suspensi¨®n del contrato con las constructoras y demandas judiciales para que se hagan cargo de todos los gastos producidos, incluido el realojo de los vecinos.

El consejero compareci¨® ante el Parlament para decir que no hay una sola causa del hundimiento del t¨²nel del Carmel, sino varias cuya conjunci¨®n deriv¨® en el desastre. Jordi Juli¨¤ no tiene, dijo Nadal, responsabilidades ni en el control ni en la direcci¨®n de las obras donde se produjo el hundimiento que llev¨® al desalojo, a¨²n vigente, de 1.057 personas. Pero fue la persona que firm¨® el contrato que sancionaba los cambios en la obra. Cambios realizados, sin documentaci¨®n oficial alguna, durante m¨¢s de un a?o de obras. No menos contundente estuvo en la defensa del segundo cargo dimisionario: el hasta ayer presidente de GISA, Ramon Serra. "Con el mismo dolor, no porque le toque, acepto la dimisi¨®n", manifest¨® ante los diputados.

Primero el consejero traz¨® la historia de lo ocurrido tras el hundimiento, sigui¨® con las causas distinguiendo entre las "inmediatas" y las "remotas", continu¨® con el anuncio de cambios en la licitaci¨®n y adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas y la suspensi¨®n del contrato con las constructoras y direcci¨®n de obra, esboz¨® los cambios en la estructura de GISA y cerr¨® con el anuncio de las dimisiones.

Nunca se notific¨® a GISA la existencia de hechos amenazantes, aunque hay anotaciones sobre algunos percances. Entre esas anotaciones, Nadal dijo que hab¨ªa quedado constancia de "que no siempre las medidas y los ensayos del grueso de la gunita hormig¨®n que cementa la b¨®veda dan la resistencia y el espesor requeridos" y tambi¨¦n que "en funci¨®n de las medidas de convergencia [estabilidad en la base del t¨²nel] y de su evoluci¨®n la direcci¨®n de obra establece la necesidad de acabar la solera, repetir los ensayos y lograr los est¨¢ndares requeridos". En ning¨²n caso, sostuvo el consejero, estas discusiones se mezclaron con asuntos presupuestarios, es decir, que no se ahorraba a cuenta de la seguridad.

Cr¨ªticas a CiU

Se detect¨®, apunt¨®, que el terreno era d¨¦bil, que hab¨ªa discrepancias entre las empresas sobre el grosor del refuerzo y las mediciones, que era necesario establecer una solera [base de refuerzo] al ver que las convergencias no estabilizaban y que, finalmente, la formaci¨®n de la solera fue el detonante del hundimiento. Este problema fue detectado el 13 de enero. El primer episodio de desprendimientos que dio paso al hundimiento del 27 de enero se produjo el 25. En aquella fecha, "la direcci¨®n de obras avisa que si no hay estabilizaci¨®n de las medidas, o bien se invierte la tendencia, o ser¨¢ necesaria una solera". La crisis se produjo al intentar retirar la destroza para construir esa solera.

Nadal precis¨® que algunos datos de detalle quedar¨ªan silenciados porque se ha abierto un proceso penal que ser¨¢ el que, finalmente, determine culpabilidades, y se?al¨® que la direcci¨®n de Geocontrol, una de las firmas autoras del proyecto y que tambi¨¦n participa en la direcci¨®n de obra, le hab¨ªa remitido una carta neg¨¢ndole un informe sobre la base del proceso judicial abierto.

Entre las causas remotas, Nadal record¨® que CiU adjudic¨® la obra en julio de 2002 y se inici¨® en noviembre de ese mismo a?o. Pero apenas d¨ªas despu¨¦s ya se empezaron a aprobar verbalmente cambios que no s¨®lo ten¨ªan que ver con la calidad del terreno, sino que afectaban al trazado de la l¨ªnea y a la ubicaci¨®n del t¨²nel de maniobras (previsto inicialmente en Horta y construido finalmente en el Carmel). Y hubo m¨¢s. En el mismo documento en que GISA notificaba al director general, entonces Enric Tic¨® (hoy reincorporado como funcionario en el propio departamento), que se hab¨ªa adjudicado la obra, se recog¨ªa el anuncio de modificaciones en el proyecto, cambios que se llevaron a cabo en la pr¨¢ctica aunque no quedaron reflejados en ning¨²n documento hasta el cambio de gobierno.

Al desgranar los cambios en la licitaci¨®n de obras p¨²blicas, Nadal cit¨® alguno ya introducido que ha resultado sintom¨¢tico: el margen de licitaci¨®n razonable era del 1% por arriba o por abajo, las que se separaban quedaban descartadas. Primero se suprimi¨® el porcentaje y m¨¢s tarde se fij¨® en el 5%, tras protestas de los contratistas. Esto ha producido bajas medias en las ofertas superiores al 10%, mientras que antes no hab¨ªa concursantes a la baja y, adem¨¢s, las modificaciones permit¨ªan a las constructoras aumentar los ingresos hasta en un 25%. En adelante se adjudicar¨¢n a la oferta m¨¢s baja, anulando s¨®lo las temerarias.

A la vista de lo encontrado en el expediente informativo, Nadal anunci¨® la suspensi¨®n de todo el proyecto de ampliaci¨®n de la l¨ªnea 5 y que hab¨ªa requerido a la UTE constructora (Fomento de Construcciones y Contratas, Copisa y Comsa) que realice las obras urgentes imprescindibles para garantizar la seguridad. GISA convocar¨¢ un concurso para redactar un nuevo proyecto que refunda lo hecho y lo que haya que hacer, incluyendo la localizaci¨®n de la cola de maniobras inutilizada tras el hundimiento. Las empresas, adem¨¢s, deber¨¢n correr con los gastos ocasionados, tanto en el refuerzo de las obras como en los derivados de da?os a terceros: en las viviendas derruidas o que habr¨¢ que derruir y en las agrietadas, las dietas a los vecinos, los destrozos en la v¨ªa p¨²blica y, si hace al caso, que indemnicen a la Generalitat por los perjuicios causados.