El Carmel y el 3%
El Parlamento catal¨¢n solemniz¨® ayer la extendida sospecha sobre una corrupci¨®n generalizada en la adjudicaci¨®n de obras p¨²blicas de Catalu?a. Durante el pleno sobre el desastre del Carmel, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, imput¨® a los anteriores gobiernos de CiU el cobro de comisiones ilegales del 3%. ?sta es una acusaci¨®n muy grave que no se puede lanzar sin pruebas y que obliga a quien la formula a dirigirse a los tribunales. La respuesta del l¨ªder convergente, Artur Mas, deriv¨® hacia el territorio del chantaje pol¨ªtico: o retiraba la imputaci¨®n o daba por terminado el consenso alrededor del nuevo Estatuto. El presidente catal¨¢n culmin¨® la cadena de desprop¨®sitos retirando la acusaci¨®n, con el argumento de que la reforma estatutaria es lo m¨¢s importante. Despu¨¦s de la frivolidad de acusar sin pruebas, la de aceptar un mercadeo p¨²blico entre una reforma legal y una cuesti¨®n de moralidad p¨²blica.
Esta salida de Maragall ha neutralizado los efectos positivos de la comparecencia del consejero de Obras P¨²blicas, Joaquim Nadal, y de la bater¨ªa de medidas que ofreci¨® para atajar la crisis del Carmel. De su relato se deduce una veros¨ªmil responsabilidad compartida y sucesiva entre el Gobierno de CiU, que inici¨® la obra con un "clamoroso vac¨ªo de documentaci¨®n", y el tripartito, que la continu¨® dando por buena esa mala herencia y sin apenas cambiar m¨¦todos ni responsables. El hundimiento del t¨²nel tuvo, seg¨²n su versi¨®n, varias concausas: el mal m¨¦todo constructivo, las continuas variaciones de la obra sin las preceptivas aprobaciones y la falta de refuerzos en el t¨²nel. Pero no document¨® su tesis de que la restricci¨®n financiera primase sobre la seguridad ni lanz¨® un verdadero mea culpa por la opacidad informativa.
Nadal dio a conocer su aceptaci¨®n de dos dimisiones de sendos altos cargos, la rescisi¨®n de los contratos de las cinco empresas implicadas en la obra, la presentaci¨®n de demandas judiciales contra ellas, una reforma del sistema de concursos y de adjudicaci¨°n y una reestructuraci¨®n de la empresa p¨²blica Gisa. No est¨¢ mal. Pero no anula la apertura de una comisi¨®n de investigaci¨®n que act¨²e con profesionalidad e independencia. Esto es, no deber¨ªa ser una mera prolongaci¨®n de la representaci¨®n parlamentaria, porque se convertir¨ªa en un pim-pam-pum entre los dos grupos mayoritarios. Esta comisi¨®n tiene ahora una tarea adicional ineludible: investigar si efectivamente en Catalu?a se ha venido cobrando a los adjudicatarios de obras p¨²blicas una comisi¨®n del 3%.
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