El Gobierno de CiU adjudic¨® obras p¨²blicas empleando criterios prohibidos por la UE

Las empresas Corviam, Construcciones P¨¦rez Villora, Ferrovial Agrom¨¢n, Control y Montajes Industriales Cymi en alianza con Tecsa y Emte-Balfour Beatty Rail Ib¨¦rica hubieran ganado cinco contratos de GISA, la gestora de infraestructuras de la Generalitat, si, bajo el anterior Gobierno de CiU, esta empresa p¨²blica hubiera aplicado las normas comunitarias de contrataci¨®n p¨²blica, que son de obligado cumplimiento cuando los proyectos reciben financiaci¨®n de la Uni¨®n Europea, como era el caso. As¨ª lo asegura una auditor¨ªa encargada por la Generalitat sobre la gesti¨®n de GISA, finalizada en abril de 2004.

Con los criterios empleados por la Generalitat, que incluyen la experiencia previa de las empresas, las adjudicatarias de esos cinco contratos fueron otras: Teyco, Construcciones Solius, Dragados Construcci¨®n-Construcciones y Obras P¨²blicas y Civiles, FCC-Comsa e Instalaciones Inabensa. Se da la circunstancia de que las ofertas de estas empresas eran m¨¢s caras (v¨¦ase el cuadro) que las de las firmas que resultaron perdedoras.

As¨ª lo afirma expl¨ªcitamente la auditor¨ªa de GISA que el propio Gobierno de CiU encarg¨® en 2003 a la firma Faura-Casas Auditors-Consultors, SL, que realiz¨® el control financiero bajo la direcci¨®n de Pere Ruiz Espin¨®s. La auditor¨ªa se alarg¨® hasta el 30 abril de 2004, ya bajo el Gobierno tripartito de Pasqual Maragall, y, con esa fecha, lo firma la interventora general adjunta de la Generalitat, Maria Guiu.

A pesar de que este trabajo lo hab¨ªa encargado el Gobierno de CiU -es obligatorio auditar las adjudicaciones de proyectos con cofinanciaci¨®n comunitaria-, las conclusiones fueron incluidas como anexo, aunque nunca hechas p¨²blicas, al final de la auditor¨ªa sobre las pr¨¢cticas de gesti¨®n de la anterior Generalitat puesta en marcha por el actual consejero de Econom¨ªa, Antoni Castells, tras la formaci¨®n del Gobierno tripartito.

Perder ayudas de la UE

"A GISA le cost¨® adaptarse a la directiva comunitaria, pero entiendo que no estamos ante ninguna ilegalidad", explica Josep Maria Portabella, interventor general de la Generalitat. Portabella advierte de que el ¨²nico impacto que puede tener haber contravenido la normativa europea ser¨ªa que la UE decidiera reducir la parte de las ayudas que ha otorgado para cofinanciar proyectos en los que un nuevo c¨¢lculo, esta vez con los criterios de adjudicaci¨®n correctos, tuviera como consecuencia que la empresa adjudicataria fuera otra distinta de la ganadora, y con un precio inferior.

En total, los ejes de actuaci¨®n que se controlan en la auditor¨ªa suman una cuant¨ªa de 102.597.172,74 euros, seg¨²n las facturas que GISA dio a los auditores para probar la ejecuci¨®n del proyecto, con una subvenci¨®n prevista de 10.182.257,36 euros. Las ayudas corresponden a los fondos FEDER de la UE, que Catalu?a recibe en tanto que regi¨®n de Objetivo 2 (declive industrial).

La Intervenci¨®n General no ha realizado por el momento auditor¨ªas posteriores a la de abril de 2004 sobre GISA, pero asegura que ya ha dejado de regirse por criterios que no pod¨ªan aplicarse. Estos criterios de la discordia -el auditor apunta que las alegaciones de GISA no le hacen variar los resultados de su trabajo- residen en la inclusi¨®n en los pliegos de bases de los concursos de baremos que ten¨ªan en cuenta la experiencia del contratista. GISA inclu¨ªa la experiencia de las empresas a partir de los resultados de obras anteriores, que sumaban 16 de un total de 100 puntos, y tambi¨¦n la cualificaci¨®n de la empresa constructora, que pesaba otros 6 puntos sobre 100.

Perder ayudas comunitarias

La aptitud de los contratistas para ejecutar obras y la adjudicaci¨®n del contrato son "dos operaciones distintas" en un contrato p¨²blico, y la experiencia espec¨ªfica para realizar una obra es un criterio leg¨ªtimo para verificar la aptitud de los contratistas, pero no para adjudicarles un concurso. As¨ª lo establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en una sentencia del 20 de septiembre de 1988 y en otra del 18 de octubre de 2001. Y as¨ª lo establecen tambi¨¦n las recomendaciones de la Junta Consultiva de contrataci¨®n administrativa de la propia Generalitat (1977 y 2002) y las de la Junta Consultiva de Contrataci¨®n Administrativa de la Administraci¨®n del Estado (1998 y 2000).

As¨ª las cosas, "la experiencia anterior de las empresas licitadoras no puede ser valorada como criterio de adjudicaci¨®n", concluye el auditor, y la experiencia "tampoco puede constituir un factor de consideraci¨®n de la solvencia t¨¦cnica para verificar la aptitud del contratista". El informe de control financiero recomienda que, en las futuras actuaciones financiadas con fondos estructurales -en este caso del FEDER-, habr¨ªa que revisar los criterios "para excluir de ellos los que hayan sido calificados de contrarios a la normativa contractual europea y para asegurar que se tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE".