Debilidades de la ley de Igualdad
Ya tenemos una ley de Igualdad vasca. Ya ha sufrido la primera transgresi¨®n parcial y transitoria por quienes la han presentado como estrella gu¨ªa de progreso y de modernidad en Europa. Recojo palabras del propio lehendakari. Estos mismos deben corregir sus listas electorales iniciales ya que no respetaban la paridad que regula dicha ley. Es una an¨¦cdota desgraciada a la vez que significativa.
Una ley de Igualdad debe servir para remover los obst¨¢culos que producen las desigualdades y discriminaciones de la mujer. Debe atacar las causas y corregir sus injustos efectos. Algunos, al legislar, se olvidan de ¨¦sto. Pretenden plantar sin remover y abonar la tierra, arreglar la fachada de la casa sin haber picado la pared. Renuncian consciente o inconscientemente a resolver los problemas de fondo. En este caso, al tratarse de una ley con contenidos muy transversales y generalistas, caen en una aut¨¦ntica superficialidad y corren el riesgo de una peligrosa ineficacia. En el fondo, pretender avanzar en los derechos pol¨ªticos de las mujeres, con toda la importancia que tienen, sin desarrollar los derechos de ciudadan¨ªa social con contenidos concretos que garanticen derechos econ¨®micos m¨ªnimos para una existencia decente, es una aut¨¦ntica trampa y falacia pol¨ªticas.
El subdesarrollo social limita la participaci¨®n de la mujer en el mercado de trabajo
Es muy dif¨ªcil, por no decir imposible, abordar el debate de la igualdad de g¨¦nero al margen de la preocupante crisis de la centralidad del trabajo y de las deficitarias y recortadas pol¨ªticas p¨²blicas de bienestar social. Si no se hace de esta manera, nunca atacaremos las causas fundamentales de la desigualdad de g¨¦nero, que nos son otras que la desigualdad en el trabajo y la consiguiente precariedad y degradaci¨®n de todo lo que tiene relaci¨®n con la ciudadan¨ªa social.
Me preocupa que la lucha por la igualdad de g¨¦nero quede desligada de lo que hoy es el n¨²cleo duro del sistema de organizaci¨®n econ¨®mica, social y pol¨ªtica: las relaciones de trabajo. Y es aqu¨ª precisamente donde las pol¨ªticas desreguladoras de las relaciones de trabajo se han cebado en la mujer. Ha tomado cuerpo toda una serie de din¨¢micas y valores sociales que desinstitucionalizan la base jur¨ªdica del trabajo como bien colectivo. Ha emergido otro modelo -u otro antimodelo- de ocupaci¨®n, inclusi¨®n y consideraci¨®n social del trabajo. Un nuevo modelo con fuertes carencias, no s¨®lo para generar puestos de trabajo suficientes para todos, sino tambi¨¦n para institucionalizar el mundo del trabajo en base a criterios de estabilidad, calidad, justicia distributiva, equidad, seguridad, criterios que hab¨ªan caracterizado la ciudadan¨ªa social en ¨¦pocas anteriores y que determinan las actuales discriminaciones de la mujer en el trabajo.
Si queremos converger con la media europea en los indicadores generales de mercado de trabajo es imprescindible la incorporaci¨®n de las mujeres a la actividad laboral e incrementar sus niveles de empleo en condiciones de igualdad, siendo preciso abordar nuestro escaso nivel de gasto p¨²blico en todos los servicios relacionados con ayuda a las familias y en todo lo que hace relaci¨®n a la problem¨¢tica relativa a la dependencia. Y es precisamente en la sociedad vasca donde con mayor crudeza se perciben la progresiva mercantilizaci¨®n de los servicios sociales de dependencia, insuficientes y muy discriminatorios por su elevado coste. En definitiva, el subdesarrollo social limita la participaci¨®n de la mujer en el mercado de trabajo, en cuanto que obliga a muchas de ellas a sustituir el papel de los poderes p¨²blicos.
Si nos ponemos a hacer comparaciones de la incorporaci¨®n de la mujer en el mercado de trabajo con los pa¨ªses n¨®rdicos, los datos son muy significativos: el 77% de las mujeres en Suecia, el 75% en Dinamarca, el 76% en Noruega y el 72% en Finlandia, frente al 44% de nuestro pa¨ªs. Y es la universalizaci¨®n de los servicios sociales, que consideran la protecci¨®n social como un servicio de todos los ciudadanos, lo que explica la alta tasa de ocupaci¨®n de la mujer.
Haciendo referencia al Consejo Europeo de Lisboa y Estocolmo, nuestra tasa de ocupaci¨®n de las mujeres debiera ser en 2005 del 57%; nos encontramos a 13 puntos de distancia. Si la tasa de ocupaci¨®n femenina sigue creciendo a ritmo constante (como ha hecho en los ¨²ltimos a?os) y, teniendo en cuenta que de forma paralela crece la tasa de paro de mujeres, cumplir¨ªamos en 2015, siempre en el supuesto de que no empeorara la econom¨ªa vasca, ya que cualquier factor desestabilizador de la misma no har¨ªa sino alejar el objetivo.
La resoluci¨®n de los problemas de las familias contribuye a resolver el desempleo. Si tuvi¨¦ramos el porcentaje de poblaci¨®n adulta trabajando en los servicios de ayuda a la familia, as¨ª como en sanidad y educaci¨®n, que tienen los pa¨ªses n¨®rdicos, Euskadi gozar¨ªa de pleno empleo. Es preciso institucionalizar el derecho de la ciudadan¨ªa a la protecci¨®n social frente a la dependencia, con el consiguiente aumento del gasto p¨²blico para evitar que sea la familia -y sobre todo aquellas con menos capacidad de renta- la que se hace responsable de resolver el problema social, con la consiguiente sobrecarga de trabajo a la mujer sin ninguna protecci¨®n social ni salario.
Una ley que se dedica fundamentalmente a recordar a las administraciones vascas el hacer efectivo el principio de igualdad sin dise?ar la herramientas, los itinerarios necesarios con objetivos concretos, nos predice escasa efectividad. Empleo de calidad y medidas operativas para la conciliaci¨®n de la vida laboral y personal pasan por poner en relaci¨®n operativa igualdad de g¨¦nero, centralidad del trabajo y reforzamiento de la dimensi¨®n social de nuestro autogobierno. Es hora de dar un impulso real a los nuevos yacimientos de empleo, identificando las necesidades a las que debe darse cobertura social y que son generadoras de empleo. As¨ª mismo, la formaci¨®n debe convertirse en un instrumento de diversificaci¨®n de las opciones profesionales que combatan la actual segregaci¨®n ocupacional. Y por supuesto, los presupuestos deben incrementarse, compensando mediante prestaciones directas el mayor coste que supone tener hijos a cargo y prestando ayudas econ¨®micas familiares dignas especialmente a las familias en peor situaci¨®n. Para avanzar en la igualdad es necesario reconocer el derecho subjetivo universal de atenci¨®n a la infancia en la etapa previa a la escolarizaci¨®n obligatoria, as¨ª como una buena ley de Dependencia. En definitiva, se necesitan serios y palpables cambios de nuestras pol¨ªticas p¨²blicas.
Carlos Trevilla es representante de UGT en el CES Vasco.
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