El Reino Unido deja en libertad vigilada a un islamista reclamado por Espa?a

Omar Mahmud Othman, Abu Qutada, reclamado por el juez Baltasar Garz¨®n y considerado el dirigente espiritual al que supuestamente llamaron varios terroristas del 11-M antes de suicidarse en un piso de Legan¨¦s, fue puesto ayer en libertad condicional en Londres. Abu Qutada forma parte del grupo de nueve sospechosos de terrorismo a los que el Gobierno brit¨¢nico no puede procesar por falta de pruebas o porque no quiere hacer p¨²blicas las que tiene por razones de seguridad. Sobre ¨¦l pesa una petici¨®n de extradici¨®n a Espa?a desde septiembre de 2003 a la que Londres a¨²n no ha contestado.

Una portavoz del Ministerio del Interior brit¨¢nico declin¨® hacer comentario alguno alegando que no est¨¢n autorizados a hablar sobre casos particulares. De hecho, la liberaci¨®n de Abu Qutada, de 44 a?os, no ha sido confirmada de manera oficial porque se mantiene el anonimato de los nueve presos que estaban internados de manera cautelar, pero sin posibilidad de ser juzgados, aunque se da por descontada.

La portavoz de Interior se?al¨® que, en cualquier caso, y de acuerdo con la nueva Orden de Detenci¨®n Europea, las extradiciones no se pueden llevar a cabo hasta que la petici¨®n haya sido certificada por el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal. Este servicio no hab¨ªa confirmado anoche a este diario si ¨¦se era el caso de Abu Qutada. Su liberaci¨®n ha coincidido de manera accidental, aunque desafortunada, con el primer aniversario del atentado de Madrid, aunque Garz¨®n no le reclama por su hipot¨¦tica relaci¨®n con ese caso, sino por su presunta pertenencia a Al Qaeda, para un proceso que comienza previsiblemente en abril.

La puesta en libertad de Abu Qutada y otros ocho presuntos terroristas es consecuencia del dictamen emitido en diciembre pasado por los jueces-lores, actuando como ¨²ltima instancia judicial brit¨¢nica, que declararon ilegal la ley antiterrorista brit¨¢nica de 2001 porque permit¨ªa el encarcelamiento indefinido de los sospechosos de terrorismo que no pudieran ser juzgados y que no aceptaran abandonar el pa¨ªs. Se trata en general de individuos contra los que existen pruebas conseguidas por los servicios de inteligencia que el Gobierno no quiere revelar por razones de seguridad o que dif¨ªcilmente ser¨ªan aceptadas por un juez.

La ley caduca ma?ana a medianoche. El Parlamento aprob¨® ayer, tras dos d¨ªas y una noche de profundos desacuerdos, la norma que permite aplicar extraordinarias medidas de control sobre esos sospechosos. Las medidas de control acordadas ayer se impusieron de acuerdo a la legislaci¨®n anterior y fueron decididas por un juez de la Comisi¨®n Especial de Apelaciones de Inmigraci¨®n.

Control electr¨®nico

Los sospechosos liberados ayer deben llevar un collar¨ªn para seguir sus pasos electr¨®nicamente, deben estar en su domicilio entre las siete de la tarde y las siete de la ma?ana, no pueden utilizar tel¨¦fonos m¨®viles o Internet, deben pedir permiso a Interior para ver a alguien fuera de su casa, deben vivir en una direcci¨®n conocida y que pueda ser inspeccionada en cualquier momento, no pueden recibir visitas si no han sido notificadas antes, deben notificar a Interior su marcha del pa¨ªs y el lugar por el que quieren marcharse, s¨®lo pueden tener una cuenta bancaria y han de notificar cada mes los movimientos de ¨¦sta.

Esas medidas se mantendr¨¢n cuando el lunes entre en vigor la Ley de Prevenci¨®n del Terrorismo. El proyecto de ley presentado inicialmente por el Gobierno otorgaba al ministro del Interior plenos poderes para aplicar cualquier medida que le pareciera necesaria para mantener vigilado a un sospechoso de terrorismo, por lo que choc¨® frontalmente con la oposici¨®n de tories y liberal-dem¨®cratas. El Gobierno acept¨® entonces retirar las medidas que pudieran ser contrarias a la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos. Luego acept¨® que las ¨®rdenes de control acordadas por un ministro fueran ratificadas por un juez.

Como la oposici¨®n segu¨ªa considerando draconiana la ley y ten¨ªa capacidad para bloquearla en la C¨¢mara de los Lores, donde los laboristas est¨¢n en clara minor¨ªa, el Gobierno de Tony Blair acept¨® que las ¨®rdenes fueran impuestas por el juez a petici¨®n del ministro, aunque no ha querido ceder en un punto clave: los jueces podr¨¢n tomar la decisi¨®n si consideran que hay indicios razonables de que el sospechoso puede estar conectado con actividades terroristas, sin acceder a las pruebas. Acept¨® m¨¢s adelante que la vigencia de la ley fuera ratificada cada a?o por las dos C¨¢maras del Parlamento. Ayer, tras 30 horas de bloqueo parlamentario y m¨¢s de 10 votaciones entre los Comunes y los Lores, Blair acept¨® que la ley sea revisada dentro de un a?o y, en su caso, enmendada.