La Fiscal¨ªa investigar¨¢ la subasta de bienes de Mecape?a por debajo de su valoraci¨®n

El Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 13 de Bilbao ha trasladado a la Fiscal¨ªa el escrito del comisario que gestiona la quiebra de la empresa de bienes de equipo Mec¨¢nica de la Pe?a (en proceso de disoluci¨®n) en el que denunciaba un presunto delito de prevaricaci¨®n en la subasta de bienes inmuebles de la compa?¨ªa realizada en 2002 por la Diputaci¨®n de Vizcaya, as¨ª como perjuicios para la instituci¨®n foral y el resto de los acreedores.

Con el ¨¢nimo de favorecer los intereses de los trabajadores de Mec¨¢nica de la Pe?a, el departamento de Hacienda de la Diputaci¨®n, que ten¨ªa trabados distintos bienes de la empresa de Urduliz por deudas fiscales, adjudic¨® en poco m¨¢s de un mill¨®n de euros a la sociedad mercantil que representaba a la plantilla unos terrenos y pabellones valorados oficialmente en 6,2 millones de euros. Pocos meses despu¨¦s, esta sociedad, Trabajadores de Mecape?a SL, vendi¨® dichos bienes a una empresa p¨²blica -Urdulizko Industrialdeak SA, propiedad de la Diputaci¨®n y del Gobierno vasco- por 6,9 millones de euros, lo que representa una plusval¨ªa de 5,8 millones sobre el precio que se pag¨® a la Diputaci¨®n. Los beneficios obtenidos se destinaron, seg¨²n un portavoz de Trabajadores de Mecape?a SL, a complementar las pensiones e indemnizaciones de los alrededor de 320 empleados de la empresa que se quedaron sin trabajo con la quiebra.

Sin embargo, el comisario de la quiebra estima que las actuaciones realizadas por la Diputaci¨®n en la subasta de los bienes afectaron "negativamente" a los intereses del resto de los acreedores, incluida la propia Hacienda foral. Al mismo tiempo, considera que se pudo incurrir en un presunto delito de prevaricaci¨®n debido a las "irregularidades" cometidas durante el proceso de adjudicaci¨®n directa de los bienes. El juzgado n¨²mero 13, que es el mismo que lleva la quiebra de Mec¨¢nica de la Pe?a, calificada de culpable, ha remitido el expediente de la subasta a la Fiscal¨ªa para que determine si hay indicios de delito penal.

El comisario de la quiebra, Fernando G¨®mez Mart¨ªn, relata en el escrito que present¨® en el Juzgado el pasado 10 de febrero distintas actuaciones hechas por el Servicio de Recaudaci¨®n de la Diputaci¨®n de Vizcaya y la propia Direcci¨®n de Hacienda que podr¨ªan suponer un delito de prevaricaci¨®n (dictar una resoluci¨®n injusta a sabiendas). Concretamente, el haber permitido que Trabajadores de Mecape?a SL retiraran fuera de plazo las ofertas m¨¢s elevadas que presentaron a la subasta y revocado la primera adjudicaci¨®n.

La secuencia de los hechos comienza cuando, en abril de 2002, el Servicio de Recaudaci¨®n saca a subasta por 6.262.546 euros un pabell¨®n y el terreno colindante de Mec¨¢nica de la Pe?a que ten¨ªa embargados por los impuestos que adeudaba a la Hacienda foral (alrededor de 10 millones de euros). La empresa de Urduliz present¨® suspensi¨®n de pagos en 1999 y entr¨® en liquidaci¨®n con un pasivo de 186 millones de euros. La subasta qued¨® desierta al no presentarse ofertas, por lo que se convoc¨® la venta de la finca "por gesti¨®n directa" y sin precio m¨ªnimo de salida. El 27 de septiembre de 2002, tres d¨ªas antes de finalizar el plazo para recibir ofertas, la sociedad Mercantil Trabajadores Mecape?a SL, creada por sindicalistas de ELA, CC OO, UGT y LAB, presentaron 23 plicas con importes que iban desde los 963.855 euros, el m¨¢s bajo, hasta los 4,2 millones, el m¨¢s elevado.

Jos¨¦ Javier Blasco, representante de CC OO en la mercantil, se?ala que los trabajadores, con la colaboraci¨®n activa de las instituciones, pudieron ir adquiriendo propiedades de la empresa en disoluci¨®n, embargadas por la Seguridad Social o Hacienda, para financiar las prejubilaciones e indemnizaciones de la plantilla. Para ello, no s¨®lo hicieron gestiones ante los organismos p¨²blicos que subastaban los bienes, sino tambi¨¦n ante posibles empresas o particulares interesados, con el fin de solicitarles que no compitieran con la plantilla.

El 11 de octubre, diez d¨ªas despu¨¦s de cerrado el plazo de ofertas, Trabajadores Mecape?a SL registra en la Hacienda foral un escrito en el que manifiestan que, de las 23 plicas presentadas, s¨®lo tiene valor la realizada por importe de 1.024.096 euros. Sin embargo, los miembros de la Mesa de Subasta, reunidos el 15 de octubre, estiman que esa retirada carece de valor porque el plazo de ofertas y correccciones termin¨® el 30 de septiembre, y adjudican la finca en el precio m¨¢s alto ofrecido, 4.216.867 euros.

3,19 millones menos

Ante esta situaci¨®n, y seg¨²n relata la denuncia, la subdirectora de Recaudaci¨®n, Nieves Pereda, con el visto bueno del director de Hacienda, asumi¨® para s¨ª el procedimiento, as¨ª como la presidencia de la Mesa de Subasta. ?sta vuelve a reunirse el 28 de octubre, con el cambio tambi¨¦n de su secretario, y deja sin efecto la adjudicaci¨®n hecha. En una nueva convocatoria, ese mismo d¨ªa, se adjudican los bienes a Trabajadores Mecape?a en la cantidad que ¨¦stos pretend¨ªan, 1.024.096 euros, 3,19 millones menos que la oferta m¨¢s alta que hicieron.

El 17 de febrero de 2003, la empresa Urdulizko Industrialdea SA, constituida dos meses antes por Bizkailur y Sprilur (las sociedades de la Diputaci¨®n y el Gobierno vasco para la promoci¨®n de suelo industria), adquiri¨® a Trabajadores Mecape?a la finca por 6.911.639 euros, 5.887.543 euros m¨¢s de los que pagaron por ella a la Hacienda foral.

A la vista de estos hechos, el comisario de la quiebra apunta que "pueden apreciarse irregularidades" en el procedimiento, que han podido causar "grave perjuicio patrimonial" a la Diputaci¨®n -haber ingresado un mill¨®n de euros en vez de los 4,2 millones de la oferta m¨¢s alta-, as¨ª como al resto de acreedores en la quiebra de Mec¨¢nica de la Pe?a. Fernando G¨®mez, que mantiene con la Hacienda foral otros contenciosos de car¨¢cter tributario, sostiene que las circunstancias descritas pueden ser causa de un "il¨ªcito penal" de prevaricaci¨®n por parte de los funcionarios y cargos p¨²blicos intervinientes. Empezando por haber aceptado 23 ofertas por parte del mismo licitador, en contra de lo establecido por la ley.

Jos¨¦ Javier Blasco, a preguntas de este peri¨®dico, ha se?alado que los representantes sindicales aprovecharon "todas las bazas que la ley nos daba para asegurar las mejores condiciones a los trabajadores que se quedaron en la calle sin alcanzar la edad de jubilaci¨®n". "Nosotros no vamos a juzgar la actuaci¨®n de la Diputaci¨®n", indic¨® el representante de CC OO en Trabajadores Mecape?a SL. "Si el comisario de la quiebra estima que ha habido actuaciones irregulares", a?adi¨®, "que las ponga en conocimiento del juez y ya veremos qu¨¦ pasa".