Los vecinos facilitan las tareas de apuntalamiento de dos edificios del Carmel

No har¨¢ falta una segunda orden judicial. Los vecinos autorizaron ayer al Departamento de Pol¨ªtica Territorial de la Generalitat a sacar los muebles de los edificios del n¨²mero 4 del pasaje de Calafell y el 8 de Conca de Tremp, que tienen que ser apuntalados para poder derribar los tres inmuebles colindantes. Despu¨¦s del enfado de los afectados el pasado s¨¢bado, cuando los t¨¦cnicos entraron en sus pisos con orden judicial en mano, ayer los ¨¢nimos se serenaron algo.

Mientras, ayer, los trabajos de apuntalamiento y reforzamiento siguieron en los bajos de Conca de Tremp, 8, y en dos de los pisos de ese edificio que est¨¢n vac¨ªos. En el resto de las viviendas de ese inmueble y en el del pasaje de Calafell los trabajos de apuntalamiento no se pod¨ªan iniciar hasta tener la autorizaci¨®n de los propietarios para retirar los muebles. La falta de espacio en algunos casos y la necesidad de una posterior rehabilitaci¨®n hac¨ªa necesario vaciar las viviendas, algo que no se pod¨ªa realizar si los afectados no lo autorizaban. La otra alternativa era solicitar otro mandato judicial. Esta perspectiva no gustaba ni a la Administraci¨®n ni a los vecinos. "Nosotros estamos dispuestos a colaborar y queremos seguir negociando, pero tambi¨¦n conf¨ªamos en el buen talante por parte de la Administraci¨®n", manifest¨® la abogada Mari Carmen P¨¦rez-Pozo. Lo hizo en un tono m¨¢s conciliador que el utilizado el s¨¢bado cuando los t¨¦cnicos se presentaron con el mandato judicial para apuntalar por el riesgo de hundimiento de los edificios declarados en ruina, cuyo derribo no se puede empezar, precisamente, hasta que no se apuntalen los dos colindantes.

Los trabajos de apuntalamiento de ambos inmuebles podr¨ªan prolongarse durante una semana, por lo que el derribo de los tres edificios sentenciados -Conca de Tremp, 6, y pasaje de Calafell, 6 y 8- no se podr¨¢ emprender hasta la ¨²ltima semana de marzo. Esas son las previsiones de los equipos de arquitectos y t¨¦cnicos que realizan esos trabajos. En cuanto al tiempo necesario para derribar los tres edificios, los t¨¦cnicos creen que tal vez se necesite un mes, ya que se realizar¨¢ casi a mano para evitar da?os en las dos fincas que se apuntalar¨¢n y reforzar¨¢n.

Mientras, las conversaciones de las 11 familias de los inmuebles que se deben apuntalar con la Administraci¨®n se reanudar¨¢n ma?ana. La abogada P¨¦rez-Pozo coment¨® ayer que conf¨ªa en que se desencallen. "Hasta ahora s¨®lo hemos conseguido que acepten los conceptos, pero nada m¨¢s", explicaba. Los conceptos son varios: indemnizaciones por da?os morales, compensaci¨®n por la depreciaci¨®n de los pisos, y que los que se ofrezcan a cambio -en los casos en que los afectados no se sientan seguros en sus casas despu¨¦s de todo el proceso de rehabilitaci¨®n- sean nuevos, viviendas p¨²blicas pero liberando los plazos que impone la protecci¨®n. "Conf¨ªamos en poder llegar a acuerdos concretos", subray¨® la letrada.

La Administraci¨®n ve con prudencia la siguiente ronda negociadora ante la evidencia de que s¨®lo se ha conseguido avanzar en la cantidad mensual que percibir¨¢n las 11 familias hasta que puedan regresar a sus casas. Todo lo dem¨¢s est¨¢ abierto y sujeto a unas evaluaciones -por ejemplo, la tasaci¨®n de los pisos para calcular la depreciaci¨®n que han sufrido o el pago de su valor por la Generalitat a los propietarios- dif¨ªciles de conjugar en un proceso de este tipo. Y lo mismo ocurrir¨¢, con toda probabilidad, para fijar la indemnizaci¨®n por da?os morales. La Generalitat se enfrenta a la disyuntiva de buscar un acuerdo que satisfaga a los afectados del Carmel o renunciar a cierta generosidad porque supondr¨ªa un trato preferente respecto a otros episodios parecidos.La ronda negociadora con los afectados de los edificios colindantes a los que se tienen que derribar no ser¨¢ la ¨²nica que se emprender¨¢ esta semana. Tambi¨¦n est¨¢ previsto otro encuentro entre representantes de la Asociaci¨®n de Vecinos del Carmel y los negociadores de Pol¨ªtica Territorial. En este caso, se centra m¨¢s en la compensaci¨®n por los da?os morales de los 1.089 desalojados de sus casas el pasado 27 de enero, sobre todo de los residentes de la llamada zona verde, la m¨¢s alejada del socav¨®n cuyo regreso depende de que concluyan las inspecciones.

La Administraci¨®n se neg¨® en redondo a indemnizar con 30.000 euros a cada una de estas familias considerando que no es lo mismo perderlo todo -el piso, muebles, enseres, hasta la memoria, que es lo que les pas¨® a las 12 familias que vieron caer sus viviendas del n¨²mero 10 de pasaje de Calafell- que exigir una compensaci¨®n por estar exiliados de sus casas por un accidente en unas obras que se hicieron mal. Pero s¨ª dio el brazo a torcer en que la cifra que se fije sea por persona. Los vecinos dejaron claro que el importe de 6.000 euros por familia-que fue la cantidad de salida que ofert¨® la Administraci¨®n-les parec¨ªa insuficiente. Por no decir insignificante.

Portavoces del Departamento de Pol¨ªtica Territorial se?alaron que a lo largo de esta semana se continuar¨¢n realizando inspecciones en las viviendas que quedan fuera del per¨ªmetro amarillo, las m¨¢s cercanas al socav¨®n que se tienen que recimentar antes de que puedan volver sus residentes. Igualmente puntualizaron que de las ya realizadas se podr¨ªa estar en condiciones de programar las tareas de limpieza y pintado de las viviendas antes de que se entreguen los certificados de solidez geol¨®gica, del estado del edificio y de la propia vivienda. En principio, se plantear¨¢ la posibilidad de hacer esos trabajos antes de que regresen a los domicilios aunque se podr¨ªan llevar a cabo con los vecinos ya en las casas, en funci¨®n de lo que prefieran, indicaron las mismas fuentes.

Hasta finales de la semana pasada se hab¨ªa realizado el 40% de las inspecciones de los bloques de la zona verde y la Administraci¨®n conf¨ªa en seguir con ese ritmo una vez que la Asociaci¨®n de Vecinos del Carmel ya ha levantado el boicoteo a las inspecciones a pesar de que no se ha alcanzado un acuerdo sobre las indemnizaciones que se deben percibir.