Vivienda propondr¨¢ a las comunidades un pacto contra la especulaci¨®n del suelo

El Gobierno quiere conseguir un gran pacto para combatir la especulaci¨®n inmobiliaria. El Ministerio de la Vivienda propondr¨¢ este mes a comunidades y municipios un acuerdo basado en siete medidas, entre las que destaca una reforma legislativa que permita fijar un precio legal del suelo (el usado como referencia en expropiaciones y operaciones urban¨ªsticas) m¨¢s acorde con su valor inicial (sin contar con las expectativas de revalorizaci¨®n) y abaratar los terrenos. El Ejecutivo tambi¨¦n pedir¨¢ un mayor compromiso para que se cedan m¨¢s solares p¨²blicos para viviendas protegidas.

Cada d¨ªa es m¨¢s caro comprar piso. El precio de la vivienda se ha disparado casi un 150% desde final de 1997. Para frenar la especulaci¨®n y facilitar el acceso de las familias a una vivienda, el departamento que dirige Mar¨ªa Antonia Trujillo ha elaborado una propuesta de acuerdo para lograr un pacto estatal con comunidades y municipios, con competencias urban¨ªsticas, que ayer fue remitida a sus responsables.

El objetivo de Vivienda es presentar su plan la semana que viene a los directores generales auton¨®micos en una reuni¨®n en Madrid. Tras esta primera toma de contacto, Trujillo prev¨¦ convocar una conferencia sectorial la semana siguiente a la que asistir¨¢n los consejeros de las comunidades y a la que se invitar¨¢ a la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias. La oferta se centra en siete puntos generales:

- Revalorizaci¨®n del terreno. El suelo llega a suponer un 50% del precio de un piso. Para abaratarlo, Vivienda quiere reformar la ley: los criterios legales de valoraci¨®n del suelo deber¨¢n atender a la situaci¨®n real del bien, sin incluir elementos especulativos. Este cambio tiene muchas posibles y complejas aplicaciones. Por ejemplo, con la ley actual en la mano, si la Administraci¨®n pretende realizar una actuaci¨®n p¨²blica de viviendas protegidas, para obtener el suelo deber¨¢ fijar un justiprecio que deber¨¢ incluir el potencial beneficio inmobiliario del desarrollo de esa promoci¨®n. Es decir, el propietario est¨¢ vendiendo en realidad un terreno r¨²stico, por ejemplo, pero el justiprecio tratar¨¢ esos metros como urbanizables. Y eso pese a que el vendedor no haya invertido ni un euro en el proceso de transformaci¨®n del suelo (instalaciones de agua, luz, viales...).

El valor legal del suelo sirve de referencia tanto en expropiaciones como a la hora de fijar el reparto de cargas y beneficios en la ejecuci¨®n de un planeamiento urban¨ªstico. Este cambio permitir¨¢ al Estado ahorrarse miles de millones en expropiaciones relacionadas con las grandes infraestructuras, como la alta velocidad ferroviaria. Ahora los propietarios pueden pedir que se les pague una finca r¨²stica a precio de suelo urbanizable.

- Burocracia urban¨ªstica. Vivienda propone agilizar los procedimientos de transformaci¨®n del suelo. Las normas que rigen este proceso deber¨¢n atender, seg¨²n el departamento, a los principios de celeridad, eficacia y seguridad jur¨ªdica. Desde que un terreno r¨²stico se convierte en un suelo edificable transcurren de media 10 a?os.

- M¨¢s pisos sociales. El Gobierno tambi¨¦n quiere que se destine la mayor cantidad posible de suelo p¨²blico a viviendas protegidas. Vivienda pretende que todas las administraciones se comprometan a destinar preferentemente los suelos patrimoniales p¨²blicos a dotaciones, equipamientos y la construcci¨®n de vivienda protegida, seg¨²n la propuesta. Los pisos protegidos -tienen un precio m¨¢ximo- suponen el 10% de las viviendas.

- M¨¢s informaci¨®n. Otra propuesta consiste en elaborar un inventario p¨²blico que identifique el suelo urbanizable que hay en Espa?a para reforzar los controles sobre este mercado y combatir la especulaci¨®n.

- Ciudades de calidad y buenas pr¨¢cticas. Compromiso para un desarrollo sostenible que se centrar¨¢ en la regeneraci¨®n de la ciudad ya existente. Otra de las propuestas es que Vivienda divulgue el ejemplo de las mejores pr¨¢cticas urban¨ªsticas.

- Seguimiento y evaluaci¨®n. El plan se cierra con la propuesta de que, una vez firmado el gran pacto, las partes se re¨²nan anualmente para hacer un seguimiento del pacto.