?Corrupci¨®n institucional?: no, gracias

Estas ¨²ltimas semanas se est¨¢ transmitiendo la idea de que Andaluc¨ªa vive y se desarrolla en un ambiente de corrupci¨®n generalizada. Algunos sectores intentan anudar corrupci¨®n con el hecho de permanecer en el poder. Un mensaje que est¨¢n intentando que cale en una sociedad que sigue preocupada por estos temas, una serena preocupaci¨®n que es positiva.

Casos como el de Filesa (PSOE), Naseiro (PP), Casinos (CDC) o Tragaperras (PNV) podr¨ªan haber dado lugar a que la sociedad se sintiera cansada y terminara mostrando su desencanto e indiferencia hacia todo lo que estuviera pr¨®ximo al poder pol¨ªtico, por no se?alar en este momento al Poder Judicial, donde Estevill y Rodr¨ªguez Hermida ense?aron verg¨¹enzas, donde la virginidad y la honestidad eran presupuesto de fe. Sin embargo, no ha sido ni es as¨ª.

Los casos de las facturas que ha pagado el Ayuntamiento de Sevilla, el de la Zona Franca de C¨¢diz o la condena de ocho a?os de inhabilitaci¨®n al ex alcalde de Marbella y a seis ex ediles del GIL por delito urban¨ªstico han vuelto a poner la sensibilidad de la sociedad a flor de piel. La sociedad no est¨¢ desencantada con el sistema. Al contrario, apuesta por su limpieza y por su transparencia. Un estado an¨ªmico que, a veces, puede ser utilizado para tratar de identificar partidos con corrupci¨®n, mediante la creaci¨®n de opini¨®n y juicios paralelos dirigidos contra un sentir pol¨ªtico. Es un momento que exige, como nunca, mayor claridad y transparencia, de suerte que estos utilizadores sin escr¨²pulos, sean unos o sean otros, se coloquen en el lugar al que su estupidez, su inmoralidad, su ambici¨®n y su falta de escr¨²pulos les ha llevado.

No es posible -y no quiero creer que lo sea- que despu¨¦s del debate del Estado de la Naci¨®n sobre la corrupci¨®n (1994), que determin¨® la creaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n (1995, Gobierno PSOE), o de la incorporaci¨®n del delito de tr¨¢fico de influencias al C¨®digo Penal (Gobierno del PSOE), pueda seguir identific¨¢ndose la actuaci¨®n de una persona o de un grupo en la comisi¨®n de actuaciones il¨ªcitas en su propio beneficio con la actuaci¨®n de persona o grupos en beneficio de un partido pol¨ªtico. En el primer caso no hay corrupci¨®n institucional. Hay delincuencia de corte tradicional. Es el caso -por los datos que se est¨¢n dando- de las facturas del Ayuntamiento de Sevilla, en el que ni por la cuant¨ªa ni por la forma en que se han producido estos hechos puede hablarse de corrupci¨®n institucional. Una realidad que hace inviable, conforme a la Ley 10/1995, que act¨²e la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, por mucho que se grite en este sentido. Razones de insignificancia econ¨®mica y naturaleza de los hechos (art.18 ter., Instr. 1/71996, etc) lo impiden. En cambio, en casos como el de Marbella, donde se mezclan instituciones, particulares y se crean partidos pol¨ªticos, muchos de cuyos integrantes se unen al mejor postor, s¨ª que puede hablarse de corrupci¨®n generalizada que bien merece la actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. El tipo de delitos y cantidades econ¨®micas que mueven entran en su competencia.

Son, pues, cuestiones bien diferentes y precisamente porque son diferentes requieren un actuar distinto y desde todos los ¨¢mbitos. Unos pol¨ªticos. Otros judiciales. Pol¨ªticos, actuando con contundencia contra aqu¨¦llos que, por pertenecer al grupo o por haber ocupado cargos de responsabilidad y por sus relaciones, intentan o utilizan estos resortes explotando las debilidades de los sistemas de control administrativo. Judiciales, porque es imprescindible un mayor compromiso con lo p¨²blico por parte del CGPJ que, conocedor de alguna de estas situaciones, pase de estar m¨¢s preocupado por el mercadeo de cargos judiciales que de proveer con refuerzos zonas en las que las irregularidades urban¨ªsticas y los delitos forman parte de su paisaje.

De ah¨ª que siga pensando que en el caso del Ayuntamiento de Sevilla que es extrapolable a otros, a¨²n cuando sean de mucha mayor cuant¨ªa, no pueda existir corrupci¨®n institucionalizada, ni siquiera tangencialmente. No tiene encaje dentro de los conceptos legales y no lo tiene porque el grupo pol¨ªtico no se ha beneficiado como tal; porque conocidos los hechos, los ha denunciado ante la Fiscal¨ªa y porque ha cesado a quienes pudieran tener alguna responsabilidad.

En cualquier caso, lo que s¨ª asoma en este panorama es la existencia de una estrategia que, salt¨¢ndose cualquier tipo de escr¨²pulos, quiere hacer llegar a la conciencia de los ciudadanos una situaci¨®n generalizada de corrupci¨®n cuando, realmente, se vive en un pa¨ªs que est¨¢ m¨¢s sano de lo que se quiere hacer creer. Una situaci¨®n que, en parte, puede ser corregida si el Ministerio Fiscal, obligado por Ley a la persecuci¨®n de los delitos, actuara de forma r¨¢pida ante cualquier manifestaci¨®n que atribuyera un delito, lo que podr¨ªa evitar una instrumentalizaci¨®n pol¨ªtica que tanto da?a el sistema democr¨¢tico y el honor de las personas que con generosidad y honestidad sirven a lo p¨²blico.

Eugenio Su¨¢rez Palomares es abogado y magistrado en excedencia.