Las tarifas el¨¦ctricas y la competencia

Durante los ¨²ltimos a?os, uno de los ejes fundamentales de la pol¨ªtica econ¨®mica ha sido la liberalizaci¨®n de un conjunto de sectores en los que subsisten importantes obst¨¢culos para el desarrollo de mercados plenamente competitivos. Al tratar de valorar los resultados de dichas pol¨ªticas nos encontramos con un panorama muy diverso, lleno de luces y sombras, en el que sobresale, como principal factor determinante de ¨¦xitos y fracasos, la capacidad de la Administraci¨®n para dise?ar regulaciones adecuadas. Con ello, nos referimos al mayor o menor acierto a la hora de fijar las "reglas del juego" que ordenan la actuaci¨®n de los agentes econ¨®micos que operan en aquellos sectores en los que, a pesar de los esfuerzos realizados, resulta imposible hablar de verdadera competencia.

En la actualidad, las principales compa?¨ªas el¨¦ctricas espa?olas se encuentran enzarzadas en un complejo cruce de acusaciones y reproches que tiene como tel¨®n de fondo la perspectiva de una inminente reforma del marco regulador del sector. Hace unos meses, el gobierno encarg¨® a un experto independiente (el profesor Jos¨¦ Ignacio P¨¦rez Arriaga, un gran conocedor del sector energ¨¦tico) la elaboraci¨®n de un conjunto de propuestas que sirviera como base para acometer una profunda modificaci¨®n de la regulaci¨®n el¨¦ctrica. Dichas propuestas, agrupadas en un Libro Blanco, deben alcanzar ¨¢mbitos muy diversos y han de subsanar las deficiencias existentes en el actual marco regulador que, si bien supuso una transformaci¨®n radical de la organizaci¨®n y el funcionamiento del sector, no ha sido capaz de promover el paso hacia una situaci¨®n realmente competitiva.

Y en este contexto es en el que se vienen produciendo los enfrentamientos entre Endesa e Iberdrola, las dos mayores el¨¦ctricas espa?olas, apoyadas, seg¨²n las circunstancias, por otras compa?¨ªas que, aunque no disponen de cuotas de mercado tan elevadas en el negocio el¨¦ctrico, tambi¨¦n forman parte del listado de grandes empresas espa?olas (es el caso, por ejemplo, de Gas Natural). As¨ª, mientras Endesa acusa a Iberdrola y a otras compa?¨ªas de aprovechar los mecanismos que permiten resolver las restricciones t¨¦cnicas para elevar los precios de la electricidad, Iberdrola ataca a Endesa argumentando que esta compa?¨ªa desarrolla estrategias destinadas a maximizar su participaci¨®n en las ventas, aunque sea a costa de contener el incremento del precio de la energ¨ªa el¨¦ctrica. Este cruce de acusaciones no tendr¨ªa la menor relevancia si el mercado el¨¦ctrico fuera plenamente competitivo: se tratar¨ªa, simplemente, de una escaramuza entre empresas que desarrollan estrategias distintas para tratar de conseguir los mayores beneficios posibles. Pero la situaci¨®n es bien distinta. El mercado en el que se fija diariamente el precio al por mayor de la electricidad que llega hasta nuestros hogares es un mercado regulado, que funciona de acuerdo con unas reglas establecidas por la Administraci¨®n, de modo que si tales normas permiten o fomentan determinadas estrategias empresariales, deben corregirse para evitar tales comportamientos.

Adem¨¢s, el mercado mayorista de electricidad est¨¢ sujeto a una interferencia adicional, inducida por la regulaci¨®n sectorial. Se trata de los pagos que vienen percibiendo las empresas productoras en concepto de "Costes de Transici¨®n a la Competencia" (CTC), y cuyo cobro est¨¢ vinculado a la evoluci¨®n del precio que se fija en dicho mercado mayorista. A alguna compa?¨ªa le puede interesar que ¨¦ste sea muy bajo para que se reparta una mayor retribuci¨®n por CTC, mientras que a otras, con menores derechos de cobro por este concepto, les conviene que el precio ascienda aunque ello suponga no percibir nada por CTC. As¨ª, las estrategias de las empresas que operan en el mercado quedan condicionadas por un factor completamente ajeno a ¨¦ste, que tiene su origen en el dise?o del proceso de liberalizaci¨®n y que responde a las pautas establecidas por el marco regulador.

M¨¢s all¨¢ de factores concretos, las ense?anzas que se derivan del proceso de liberalizaci¨®n que se inici¨® con la aprobaci¨®n de la Ley del Sector El¨¦ctrico de 1997 ponen de manifiesto que, a pesar de la introducci¨®n de nuevos esquemas organizativos, las principales empresas conservan una capacidad para influir sobre los precios del mercado que es muy superior a la que tendr¨ªan en un contexto realmente competitivo (as¨ª se demuestra en diversos informes de la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa y del Servicio de Defensa de la Competencia). Para hacer frente al reto que supone avanzar y profundizar en la liberalizaci¨®n del sector el¨¦ctrico espa?ol, el gobierno deber¨ªa tratar de situarse por encima de las disputas que mantienen las principales empresas del sector, evitando la confusi¨®n entre aquellas cuestiones que son objeto de pol¨¦mica y las que, por su trascendencia, necesitan una reforma m¨¢s urgente. Y no deber¨ªa olvidar que, con o sin enfrentamientos, las compa?¨ªas el¨¦ctricas defienden sus propios intereses, perfectamente leg¨ªtimos, pero no necesariamente coincidentes con los de los consumidores. Lo que demandamos los usuarios es, como siempre, un servicio de la mayor calidad posible al m¨ªnimo coste. Y de lo que se trata es de encontrar la mejor forma de lograr ese objetivo. As¨ª, por ejemplo, llama la atenci¨®n que, mientras se discute acaloradamente acerca de la forma m¨¢s id¨®nea de organizar los intercambios de electricidad en el mercado mayorista, para que el precio fijado sea un buen reflejo de la interacci¨®n entre oferta y demanda, apenas se habla sobre las normas que regulan la actividad de distribuci¨®n. Y ello a pesar de que la calidad del suministro el¨¦ctrico en nuestro pa¨ªs depende, cada vez m¨¢s, de que las empresas titulares de las redes de media y baja tensi¨®n realicen las inversiones adecuadas para garantizar el mantenimiento y la expansi¨®n de dichas redes. Pues bien: en la actualidad, la normativa que determina el r¨¦gimen retributivo de dicha actividad apenas contiene alg¨²n incentivo que apunte en esa direcci¨®n. Y ello no resulta conveniente para la Comunidad Valenciana donde, a lo largo de los ¨²ltimos a?os, hemos podido comprobar en varias ocasiones c¨®mo un peque?o fallo en las instalaciones de distribuci¨®n puede llegar a afectar notablemente a los consumidores y a nuestra actividad econ¨®mica, especialmente al turismo.

Adem¨¢s, y como consecuencia de los impulsos liberalizadores de los ¨²ltimos a?os, diversas compa?¨ªas vienen desafiando la posici¨®n de dominio de la que ha venido disfrutando Iberdrola en el suministro de energ¨ªa el¨¦ctrica a los usuarios valencianos (probablemente, la alianza entre la Caja de Ahorros del Mediterr¨¢neo y Uni¨®n Fenosa constituye el intento m¨¢s serio de ofrecer una alternativa a Iberdrola, participada por Bancaja).

A pesar de que esta discusi¨®n no parece estar incluida en la agenda pol¨ªtica valenciana, la posibilidad de que los consumidores dispongamos de m¨¢s opciones a la hora de contratar nuestro suministro de electricidad depende tambi¨¦n, en ¨²ltima instancia, de la capacidad de las Administraciones para organizar adecuadamente el mercado al por menor. Y esto no es un asunto pol¨ªtico menor.

Juli¨¢n L¨®pez Milla y Mart¨ªn Sevilla Jim¨¦nez. Universidad de Alicante.