El juez ordena la apertura de juicio oral contra el ex regidor de Rinc¨®n

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 14 de M¨¢laga ha acordado la apertura de juicio oral contra Jos¨¦ Mar¨ªa G¨®mez Mu?oz, ex alcalde de Rinc¨®n de la Victoria, por encontrar indicios de un posible delito de falsedad documental. G¨®mez fue acusado por una funcionaria de manipular un sello municipal para registrar unos terrenos a nombre de su familia. El fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa.

Jos¨¦ Mar¨ªa G¨®mez Mu?oz, Pep¨ªn, ex alcalde por el PP, partido del que fue expulsado, y actual concejal de la oposici¨®n, tendr¨¢ que afrontar un proceso por el caso de Los Jarales, un culebr¨®n que mezcla pol¨ªtica y ambiciones urban¨ªsticas. El auto dictado por la magistrada Carmen Pilar Caracuel el pasado 22 de marzo acuerda la apertura del juicio oral, solicitada por la acusaci¨®n particular, "toda vez que revistiendo indiciariamente los hechos caracteres de delito, (...) no resulta aplicable el supuesto de sobreseimiento alegado" por el fiscal.

El ministerio p¨²blico entiende que al no existir el "cuerpo del delito", es decir, el documento sellado por G¨®mez, ya que la funcionaria que le sorprendi¨® con ¨¦l lo destruy¨®, "se carece del elemento necesario para la continuaci¨®n de las actuaciones". "A¨²n admitiendo que existen pruebas que permiten deducir el intento de manipulaci¨®n por el denunciado alterando las fechas de entrada del mentado registro", alega el fiscal, "el delito de falsedad obedece a un bien jur¨ªdico claro y determinado, cual es proteger la fe y la seguridad en el tr¨¢fico jur¨ªdico". Por tanto, al destruirse dicho documento, no hay perjuicios para los interesados.

El abogado defensor de G¨®mez, Samuel Huesca, considera que la petici¨®n del fiscal "debe traducirse en el juicio en la libre absoluci¨®n" del ex alcalde.

Las acusaciones particulares disienten. "No es la primera vez que un fiscal pide el sobreseimiento y la persona sale condenada", dice Francisco Salado, concejal del PP, que pide una pena de un a?o de prisi¨®n con suspensi¨®n de cargo p¨²blico. Su socio en el Consistorio, el alcalde, Jos¨¦ Dom¨ªnguez Palma (PSOE), entiende que el hecho se produjo, y por tanto el delito, aunque sea en grado de tentativa. El Ayuntamiento pide tres a?os de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n. Un posible propietario de la finca de la discordia pide siete a?os de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n, y a?ade el delito de estafa.

Seg¨²n la denuncia, el pasado cinco de agosto la funcionaria del registro municipal sorprendi¨® a G¨®mez utilizando el sello, al que hab¨ªa variado su fecha al 15 de junio, para sellar unos documentos e inscribir a su familia como propietaria de la finca Los Jarales, valorada en nueve millones de euros. A ra¨ªz de la denuncia, al terreno le han salido hasta diez pretendientes.