Los vertederos urban¨ªsticos en Andaluc¨ªa

Todo suelo no protegido es urbanizable (como en Estados Unidos). Con esta lapidaria frase, el gobierno del Partido Popular (PP) inici¨® la reforma de la Ley del Suelo que se realiz¨® en 1998 y, pocos a?os despu¨¦s, ya con la vivienda encarecida como nunca antes, a?adi¨® otra: si a¨²n as¨ª, con los precios altos, hay quien la compra, es porque la econom¨ªa va bien y la gente tiene dinero. Mientras tanto, las Autonom¨ªas hab¨ªan asumido las competencias Urban¨ªsticas. Se supon¨ªa que para beneficio de los ciudadanos.

El resultado actual de aquel proceso de reformas lo estamos soportando y lo vemos cuantificado diariamente en todos los peri¨®dicos bajo la pertinaz forma de escandalosa especulaci¨®n inmobiliaria cuya magnitud y consecuencias ha merecido la atenci¨®n del Defensor del Pueblo Andaluz, de la Polic¨ªa, de los Tribunales de Justicia, del Parlamento Andaluz, de todos los partidos pol¨ªticos, de las ONGs, de las Asociaciones de Vecinos y de la Asociaci¨®n de Empresarios del Aljarafe. Hasta el mismo presidente de la Junta: frente al descontrol (??), ha prometido reformar la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa (LOUA, 2002) con el fin de "retirar las competencias urban¨ªsticas a los municipios que incumplan las normas en esta materia".

Quiz¨¢ la competencia que tiene la Junta para suspender el Planeamiento seg¨²n el art¨ªculo 35, despu¨¦s de la experiencia de tres a?os, debe haber resultado insuficiente aunque, el Plan de Ordenaci¨®n del Territorio de la Aglomeraci¨®n urbana de Granada ya est¨¦ aprobado, pero no se lo tome en cuenta seg¨²n el colectivo "Necesitamos la Vega" y la inexistencia del similar de Sevilla, haya impulsado a los Empresario a redactar las Bases de la Estrategia territorial para el desarrollo Econ¨®mico del Aljarafe.

En realidad, en Sevilla todav¨ªa no existe un instrumento de planeamiento superior al local que obligue a los Ayuntamientos a someter la ordenaci¨®n urban¨ªstica en su estricto t¨¦rmino municipal (delimitaci¨®n administrativa) a la del territorio supramunicipal; pero, aunque ya estuviese aprobado como en Granada, no existe una autoridad "metropolitana" que tenga todas las competencias pol¨ªticas y administrativas para garantizar su ejecuci¨®n. Es un vac¨ªo constitucional que por otra parte reconoce la autonom¨ªa de los Ayuntamientos en esta materia. Por eso es que dentro de las reflexiones a las posibles reformas de la Constituci¨®n y del Estatuto Auton¨®mico cabr¨ªa el tema de las ¨¢reas metropolitanas o aglomeraciones urbanas.

De todas formas, finalmente los "poderes p¨²blicos" a los que hace referencia el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n, se han hecho eco y han reconocido oficialmente que el problema urban¨ªstico ligado a la especulaci¨®n inmobiliaria es serio y, si bien los "agentes urbanos" tienen otros nombres, en el fondo es similar al que se viv¨ªa en el r¨¦gimen de Franco. En efecto, varias de las cinco, si no todas las "causas de la situaci¨®n urban¨ªstica", que constan en la exposici¨®n de motivos de la reforma de la Ley del Suelo (1975), mantienen plena vigencia porque el sistema econ¨®mico es el mismo aunque m¨¢s desarrollado.

Sin embargo, la forma de gobierno ha cambiado radicalmente. Ahora la democracia dispone de recursos e instrumentos gracias a los cuales, en cinco lustros ya se pod¨ªa haber profundizado y enriquecido la dimensi¨®n de lo p¨²blico en el crecimiento/transformaci¨®n de las ciudades y en la ordenaci¨®n del territorio. Si no se lo ha hecho, siempre ser¨¢ oportuno tomar iniciativas para garantizar el protagonismo de la sociedad en la construcci¨®n de la ciudad que desde el origen, no es sino la construcci¨®n de la civilidad: la pr¨¢ctica de la convivencia enriquecedora, la generaci¨®n de condiciones para la identidad urbana, el enriquecimiento de la diferenciaci¨®n cultural, la cohesi¨®n social y la b¨²squeda de las mejores soluciones para satisfacer las necesidades vitales y aumentar la calidad de vida.

Si actualmente existiera coherencia ideol¨®gica en todas las instancias de gobierno, aflorar¨ªan las diferentes actitudes frente a la anormalidad econ¨®mica y ¨¦tica de la especulaci¨®n inmobiliaria. Pero no es as¨ª. No hay matices. La financiaci¨®n de los Ayuntamientos depende de las recalificaciones de suelo que ahora no se justifican por las necesidades de sus vecinos sino por los ofrecimientos de las Inmobiliarias: subvenciones privadas para la revisi¨®n de los PGOU (anticipos como parte de los convenios urban¨ªsticos con los propietarios de suelo r¨²stico interesados en hacerlo urbanizable, como presuntamente ha sucedido en Valencina), modernizaci¨®n, incorporaci¨®n a las nuevas tecnolog¨ªas, a las formas globalizadas de consumo y sobre todo, promesas de generaci¨®n de puestos de trabajo. Ofrecimientos en parte verdaderos (crecimiento de la construcci¨®n) y en su mayor parte, una falacia: los puestos de trabajo son precarios y temporales; los servicios urbanos empeoran, el coche se hace imprescindible, la movilidad es m¨¢s costosa, el d¨¦ficit de las demandas sociales aumenta, faltan equipamientos, disminuye la cohesi¨®n social, la participaci¨®n social se pulveriza y la irracionalidad urban¨ªstica adquiere protagonismo

A los pueblos que despu¨¦s de muchos siglos han llegado a tener un n¨²mero determinado de habitantes (todos vinculados al lugar gracias a la historia) les resulta imposible satisfacer las necesidades de una poblaci¨®n multiplicada por 10 en pocos a?os y llegada desde otros lugares.

El proceso t¨¦cnico es muy simple, pero el proceso social es complejo y definitivamente no puede ser tan r¨¢pido si la ciudad se entiende como lo que ha sido y es: un sofisticado producto cultural porque la cultura no la hacen los individuos aislados ni las empresas. La ciudad es un producto colectivo en permanente construcci¨®n no solamente f¨ªsica sino social, pol¨ªtica, institucional. Es el testimonio material de la relaci¨®n de la sociedad con su entorno; no de la explotaci¨®n de los recursos por parte de las inmobiliarias, cuyo fin, si es bueno (connotaci¨®n productiva), consigue un lucro razonable y si es malo (connotaci¨®n ¨¦tica) se convierte en prepotente especulaci¨®n.

Cuando la ciudad deja de ser polis (dimensi¨®n pol¨ªtica) y civitas (dimensi¨®n institucional) para reducirse solamente a la dimensi¨®n f¨ªsica de urbs, corre el peligro de convertirse en un enorme vertedero urban¨ªstico o en un antiest¨¦tico producto inmobiliario usamericano como Celebration en Miami o las CID (urbanizaciones de inter¨¦s privado) que desde 2002 est¨¢n brotando en California, pero deben evitarse no solamente en El Aljarafe, sino en toda Andaluc¨ªa.

Y a prop¨®sito, resultan oportunas las preguntas: ?ser¨¢n derribadas las 1600 viviendas declaradas ilegales en Marbella? o ?la ilegalidad se solucionar¨¢ con sanciones econ¨®micas? De hacerse realidad esta segunda alternativa se convertir¨ªa en un funesto precedente que se trasladar¨¢ al comprador y empeorar¨¢ el problema cuya gravedad al fin se ha reconocido oficialmente

Ante esta situaci¨®n la sabidur¨ªa popular es sentenciosa: m¨¢s vale prevenir que lamentar.

Jorge Benavides Sol¨ªs es Profesor Titular de Urban¨ªstica y Ordenaci¨®n del Territorio en la Escuela Tenica Superior de Arquitectura de Sevilla.