El nuevo Estatuto catal¨¢n obligar¨¢ a modificar cuatro leyes org¨¢nicas

Cuando la ponencia para la reforma del Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a ultima ya la redacci¨®n en primera lectura, la previsi¨®n es que el proyecto obligue a reformar cuatro leyes org¨¢nicas: la del Poder Judicial, la del R¨¦gimen Electoral, la de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas y la de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Muchas menos de las que algunos expertos vaticinaban inicialmente. El borrador del texto que ultima la ponencia propone tambi¨¦n traspasos de la gesti¨®n de competencias del Estado mediante la v¨ªa del art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n, en cinco grandes asuntos.

El texto de partida, elaborado por el Instituto de Estudios Auton¨®micos, dirigido por Carles Viver Pi-Sunyer, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, ha tenido un especial cuidado en respetar la Ley Fundamental.

Respecto a los traspasos de competencias, los ponentes de la reforma han redactado ya la proposici¨®n de ley org¨¢nica "de facultades de ejecuci¨®n de la legislaci¨®n estatal a la Generalitat" que se propone incluir como disposici¨®n adicional en el proyecto, de forma que el traspaso se apruebe junto con la propia reforma.

El primero de los cuatro puntos de que consta esta disposici¨®n dice que "se transfieren a la Generalitat las facultades de ejecuci¨®n de la legislaci¨®n estatal en materia de gesti¨®n de puertos y aeropuertos de inter¨¦s general situados en Catalu?a, en materia de telecomunicaciones y gesti¨®n del espacio radiol¨¦ctrico, inmigraci¨®n y servicios meteorol¨®gicos dependientes del Estado situados en Catalu?a". Queda por decidir si se incluye tambi¨¦n en esta lista las actividades de la marina mercante y del transporte a¨¦reo.

En los otros puntos de la disposici¨®n se establece que estas facultades ser¨¢n ejercidas por la Generalitat bajo los principios de eficacia y de "coordinaci¨®n y colaboraci¨®n con la Administraci¨®n del Estado". La Generalitat queda obligada a "facilitar a la Administraci¨®n del Estado la informaci¨®n que ¨¦sta le solicite" sobre las materias objeto de transferencia. Se precisa tambi¨¦n que el traspaso ser¨¢ instrumentado, como todos, mediante acuerdo de la Comisi¨®n Mixta de Transferencias Estado-Generalitat.

La reforma de la ley org¨¢nica del R¨¦gimen Electoral ser¨ªa una consecuencia de la pretensi¨®n de convertir a Catalu?a en circunscripci¨®n para las elecciones europeas. La pretensi¨®n de atribuir al presidente de la Generalitat la m¨¢xima responsabilidad en materia de seguridad obligar¨ªa a reformar la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Laicidad y refer¨¦ndum

Una de las novedades que la reforma del Estatuto pretende introducir es un t¨ªtulo dedicado a derechos y deberes de los ciudadanos que la Generalitat se obliga a garantizar. Los tres grupos de la mayor¨ªa parlamentaria progresista existente en el Parlamento catal¨¢n han puesto sobre el tapete con fuerza la pretensi¨®n de consagrar en este capitulo la laicidad de la ense?anza p¨²blica. En el primer punto del art¨ªculo de este cap¨ªtulo dedicado a la educaci¨®n se dice: "Todas las personas tienen derecho a la ense?anza p¨²blica, laica y de calidad, y a acceder a ellas en condiciones de igualdad. La Generalitat establecer¨¢ un modelo educativo que garantice este derecho".

Pero esta es una de las cuestiones sobre las que a¨²n no hay acuerdo y se pronostica que ser¨¢ conflictiva. Ha chocado contra CiU y PP. Para la aprobaci¨®n de la reforma se requieren los votos de dos tercios de la C¨¢mara, mayor¨ªa s¨®lo asequible con la participaci¨®n de CiU.

Otro de los asuntos pol¨ªticamente conflictivos es la convocatoria de referendos. Se propone traspasar a la Generalitat las facultades de gesti¨®n del Estado en esta materia. Hasta aqu¨ª todos est¨¢n de acuerdo. Pero los socialistas y el PP quieren que se especifique que la Generalitat podr¨¢ convocar las consultas populares s¨®lo "sobre las materias de su competencia exclusiva".

Con ello se persigue evitar la eventual formulaci¨®n de una consulta relativa a la soberan¨ªa, que constituye una de las preocupaciones de socialistas y populares frente a quienes invocan el derecho de autodeterminaci¨®n.