Apuesta de igualdad
El actual Gobierno, paritario en su composici¨®n, ha hecho de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres una de las se?as de identidad de su acci¨®n pol¨ªtica. Hacer efectivo en la realidad social este derecho b¨¢sico no s¨®lo es cuesti¨®n de leyes, pero tampoco cabe esperar que la sola evoluci¨®n de la sociedad pueda enjugar el enorme d¨¦ficit hist¨®rico que se acumula en este terreno. Hacen faltan leyes y pol¨ªticas activas que remuevan los obst¨¢culos que se levantan en el camino de la igualdad, como se?alan las constituciones espa?ola y europea.
En este contexto tienen pleno sentido leyes como la integral contra la violencia de g¨¦nero. O la m¨¢s gen¨¦rica que prepara el Gobierno para promover la igualdad en los m¨¢s diversos ¨¢mbitos, especialmente el laboral, econ¨®mico y social, sin olvidar el pol¨ªtico con la inclusi¨®n de la paridad en las listas electorales, uno de los compromisos electorales del PSOE.
Por lo que se conoce del borrador de esta ley, se trata de una iniciativa ambiciosa que pretende que los poderes p¨²blicos valoren el llamado impacto de g¨¦nero en su actividad, especialmente a la hora de legislar. Su car¨¢cter transversal obligar¨¢ a una cascada de adaptaciones legales sin las cuales los objetivos de la ley podr¨ªan quedar en buena parte in¨¦ditos.
El car¨¢cter ambicioso de la iniciativa podr¨ªa constituir su mayor desventaja si deriva en un intervencionismo o casuismo inviables en la pr¨¢ctica. En Espa?a, s¨®lo un 2% de mujeres forman parte de los consejos de administraci¨®n de las grandes empresas, mientras que en la Universidad -donde el 60% de los licenciados son mujeres y tienen mejores notas- s¨®lo hay un 12% de catedr¨¢ticas y cuatro rectoras sobre un total de 72. Tampoco el n¨²mero de mujeres jueces tiene la adecuada correspondencia en las altas instancias de la magistratura.
Ser¨ªa absurdo que desde una norma se pretendiera cuantificar la presencia femenina en estos u otros ¨¢mbitos. Lo que s¨ª cabe esperar es que se ataquen con determinaci¨®n las causas de las pr¨¢cticas discriminatorias y que se favorezca, el tiempo que sea necesario, la adopci¨®n de medidas de discriminaci¨®n positiva a favor de la mujer marginada en raz¨®n de su sexo. Sea en el sector p¨²blico o en el privado.
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