El PP es el partido que acumula m¨¢s anuncios incumplidos de acudir a los tribunales

El caso de las facturas falsas e irregulares emitidas en el distrito Macarena no s¨®lo ha obligado a dimitir a un edil y un director de ¨¢rea del Ayuntamiento de Sevilla. Tambi¨¦n ha originado un vertiginoso cruce de denuncias en los juzgados entre los partidos. En los ¨²ltimos a?os, se ha intensificado el recurso a la v¨ªa judicial para contrarrestar las cr¨ªticas del oponente o reforzar las cr¨ªticas propias a la gesti¨®n de las administraciones. El PP es, de largo, la formaci¨®n que m¨¢s amenaza con llevar a los tribunales a los dem¨¢s partidos, aunque en la mayor¨ªa de los casos esas amenazas se quedan en anuncios incumplidos.

El descubrimiento de las facturas fraudulentas en el Ayuntamiento de Sevilla llev¨® primero a la oposici¨®n (PA) y despu¨¦s al propio alcalde, Alfredo S¨¢nchez Monteseir¨ªn, a presentar sendas denuncias ante la Fiscal¨ªa hispalense para que delimite si ha habido alguna responsabilidad penal por parte del empresario Jos¨¦ Pardo o alg¨²n funcionario municipal. Pero, despu¨¦s, lo que empez¨® como una petici¨®n de intervenci¨®n al poder judicial para que investigue una irregularidad en el ¨¢mbito de una administraci¨®n local, se enred¨® en usos m¨¢s pol¨ªticos que judiciales. El PP pidi¨® la intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, una petici¨®n con muy pocas posibilidades de prosperar, ya que este ¨®rgano investiga casos "de especial trascendencia". Y el PSOE se querell¨® el l¨ªder del PP, Javier Arenas, y la dirigente local del PA, Paola Vivancos, por haberle imputado supuestas pr¨¢cticas corruptas.

Los populares reaccionaron con dureza tras esta ¨²ltima iniciativa socialista ante los tribunales por considerar que persegu¨ªa "amordazar" a quienes critican al PSOE. Sin embargo, un recuento de las actuaciones de este tipo en los ¨²ltimos tres a?os y medio evidencia que es el Partido Popular el que m¨¢s contribuye a la judializaci¨®n de la pol¨ªtica andaluza, una pr¨¢ctica que alcanzo su c¨¦nit en la d¨¦cada de los a?os noventa. Desde 2002, los populares han amenazado al menos en 33 ocasiones con acudir a los tribunales para denunciar a otro partido pol¨ªtico sin luego formalizar la denuncia; una v¨ªa para mantener la cr¨ªtica pol¨ªtica viva en los medios de comunicaci¨®n. En este tiempo el PP present¨® diez denuncias y otros cinco asuntos quedaron archivados. Los anuncios incumplidos por el PSOE fueron muchos menos (diez desde 2002), aunque el n¨²mero de denuncias formalizadas fue similar (doce). El recurso a la v¨ªa judicial contra otros partidos es marginal en el caso del Partido Andalucista e Izquierda Unida.

Las amenazas de Mart¨ªnez

"Querellarse contra la oposici¨®n por lo que opina, suena a Franco o a Fidel Castro", indic¨® el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, despu¨¦s de que el PSOE se querellase contra ¨¦l por sus alusiones a la "corrupci¨®n generalizada" en la gesti¨®n socialista. Una opini¨®n que tambi¨¦n cabr¨ªa aplicarse a su predecesora en la presidencia del partido, la alcaldesa de C¨¢diz, Te¨®fila Mart¨ªnez. Buena parte de las amenazas incumplidas de los populares de presentar denuncias ante los tribunales se deben a la primera edil de la capital gaditana, que ha amagado varias veces con querellarse contra los grupos de la oposici¨®n por las cr¨ªticas a su gesti¨®n al frente del Ayuntamiento de C¨¢diz.

Expertos jur¨ªdicos se?alan que el margen de cr¨ªtica entre los pol¨ªticos es mucho m¨¢s amplio que el que tolera la ley para el resto de ciudadanos. Y que, para incurrir en una injuria dentro de la cr¨ªtica pol¨ªtica, lo habitual es considerar si las expresiones son "vejatorias" para el honor de los aludidos. "El pol¨ªtico que usa la justicia como recurso pol¨ªtico se desacredita a s¨ª mismo ante la ciudadan¨ªa", concluye el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Gallardo. Otros expertos advierten de que el intercambio de insultos, anuncios de denuncias y querellas son estrategias que llevan a los ciudadanos a desentenderse de la pol¨ªtica andaluza.