"Me sorprende que la comisi¨®n de investigaci¨®n del Carmel haya prescindido de la sindicatura"

A sus 61 a?os, Joan Colom, conocedor a fondo de las tripas contables de Europa, pilota ahora la Sindicatura de Cuentas de Catalu?a, un organismo que en los ¨²ltimos a?os vio desdibujado su prestigio debido al escaso celo en sus tareas fiscalizadoras, empezando por el retraso en la entrega de informes al Parlament. El nuevo s¨ªndico mayor, que aterriz¨® hace poco m¨¢s de un a?o en el cargo, intenta devolver el respeto a la instituci¨®n.

Pregunta. Tras un a?o en el cargo, ?qu¨¦ deber¨ªa ser la sindicatura que no es? ?Cu¨¢les son sus principales carencias?

Respuesta. Como m¨ªnimo deben cambiar dos cosas. Una es la dotaci¨®n para desarrollar nuestro trabajo b¨¢sico, que es el control de la legalidad y regularidad del gasto y del ingreso p¨²blicos. Hoy, no damos abasto, aunque hemos dado un considerable salto de plantilla. Por ejemplo, si hay que auditar a los partidos, se necesita un auditor por cada uno de ellos y ahora tenemos uno para todos. Un segundo aspecto es el del an¨¢lisis de la eficiencia de gesti¨®n. Ya no se trata s¨®lo de saber si se ha gastado legalmente y cumpliendo la normativa presupuestaria, sino si se ha hecho de la forma m¨¢s barata y cumpliendo los objetivos que para ello fij¨® el Gobierno.

"La actual sindicatura se est¨¢ ganando y creando una imagen de independencia"

"Todo lo que no sea transparente en la contrataci¨®n p¨²blica lleva a la sospecha"

P. ?La auditor¨ªa de gesti¨®n es otro modelo?

R. Es interna, y yo no trabajo para un consejero o para el Gobierno, sino para el Parlament. De ah¨ª que tambi¨¦n el Parlament deba clarificar los objetivos del presupuesto. No puede limitarse a aprobarlos, sino que debe acompa?arlos de una serie de indicadores de gesti¨®n, con objetivos precisos, para que nosotros podamos medir su cumplimiento. Y aqu¨ª surge otro aspecto que resolver: el an¨¢lisis de gesti¨®n deber¨ªa poder hacerse, si no en tiempo real, s¨ª al menos en un tiempo muy inmediato. Tiene poco sentido que la sindicatura est¨¦ analizando cosas de 2000-2001. El desfase temporal es un elemento de descontrol pol¨ªtico.

P. ?Y el problema del calendario est¨¢ encarrilado?

R. Nosotros s¨®lo podemos aumentar la velocidad del trabajo o alterar nuestra agenda para volver a asuntos m¨¢s inmediatos. Por ejemplo, en nuestro plan de trabajo entregado al Parlament en diciembre pasado dijimos en el caso de GISA que no s¨®lo se analizar¨ªan las condiciones de licitaci¨®n de los contratos de obras p¨²blicas, sino que seguir¨ªamos la evoluci¨®n de cada proyecto a lo largo de varios a?os, con sus modificaciones de proyecto y de precio. Pero en muchos casos, para actuar, necesitamos leyes o reformas legales que posibiliten nuestra actuaci¨®n.

P. Pero se supone que los cambios legales se plasmar¨¢n en la nueva ley de la Sindicatura de Cuentas.

R. Algunos s¨ª. Otros, no. Por ejemplo, la capacidad de multar al partido pol¨ªtico que no nos env¨ªa los datos acordados por una ley quiz¨¢ ser¨ªa m¨¢s una cuesti¨®n de la ley electoral, y no tanto de la ley de la sindicatura.

P. Es decir, que reclama capacidad sancionadora que no tiene.

R. Por una parte, s¨ª. Por la otra, hay cosas que son de ley. Hoy, los partidos pol¨ªticos tienen obligaciones respecto al Tribunal de Cuentas, no respecto a m¨ª. La ley electoral catalana podr¨ªa perfectamente fijarles estas obligaciones. Yo tengo fuerza moral, debo decir que respetada, para pedir las cuentas a los partidos porque hay cosas flagrantes. El Consell Executiu anterior, por ejemplo, se ha saltado a la torera la normativa. Estableci¨® que la sindicatura fiscalizara las subvenciones y el control electoral de las elecciones municipales en Catalu?a, las de la Val d'Aran y las de las c¨¢maras agrarias, pero a m¨ª el Gobierno no puede darme instrucciones. El ¨²nico que puede hacerlo es el Parlament. Otro embrollo legal: la ley espa?ola, que es de las m¨¢s generosas, dice que las corporaciones locales deben cerrar las cuentas en el primer semestre del a?o siguiente a un ejercicio. ?Por qu¨¦ entonces la normativa catalana les da hasta el 15 de octubre para enviarnos estas cuentas?

P. La nueva ley ?deber¨ªa cambiar el sistema de elecci¨®n de los s¨ªndicos?

R. Creemos que deber¨ªan ampliarse las causas de inelegibilidad porque la ley actual es muy permisiva. No puede ser que con la ley en la mano el ex consejero de Econom¨ªa de la Generalitat Francesc Homs pudiera ser s¨ªndico o el actual, Antoni Castells, cuando deje el cargo. Podr¨ªa, por ejemplo, establecerse un periodo de cuatro a?os para que estos ex altos cargos pudieran ser elegidos. Hay otras f¨®rmulas; por ejemplo, limitar los mandatos, en n¨²mero o en a?os. Son sistemas que tienden a reforzar la independencia de los s¨ªndicos, pero le aseguro que la actual sindicatura se est¨¢ ganando y creando una imagen de independencia.

P. ?Ha faltado voluntad pol¨ªtica en la Generalitat para reforzar y actualizar la labor fiscalizadora de la sindicatura?

R. En general no ha habido ni siquiera sensibilidad. Pero no s¨®lo en Catalu?a, tambi¨¦n en Espa?a. El control de las cuentas p¨²blicas no forma parte de la cultura pol¨ªtica tradicional.

P. Pero aparte de la tradici¨®n, cuenta tambi¨¦n la voluntad pol¨ªtica de los gobernantes. La anterior sindicatura fue pasto de esc¨¢ndalos y peleas internas.

R. En esto no entro. Pretendemos olvidarnos de esto y funcionar con normalidad.

P. ?C¨®mo se cruza en sus tareas la nueva oficina antifraude? ?No tendr¨ªa m¨¢s sentido haber potenciado m¨¢s la sindicatura?

R. Somos complementarios. Una oficina antifraude tiene que hacer tareas de prevenci¨®n y trabajar en caliente, debe evitar que ocurra algo, realizar un control interno. Le corresponde una tarea como de polic¨ªa. Nosotros, en cambio, lo que hacemos es un control externo. Una oficina antifraude tiene medios de detective y de colaboraci¨®n judicial que yo no tengo. Lo normal ser¨ªa buscar un intercambio de comunicaci¨®n. No la veo como un rival.

P. La sindicatura ofreci¨® su conocimiento de los patrones de comportamiento en la adjudicaci¨®n de la obra p¨²blica a la comisi¨®n de investigaci¨®n del Carmel. ?La comisi¨®n ha prescindido de la sindicatura?

R. De momento, s¨ª. Nos han dicho que tal vez nos convocar¨ªan o quiz¨¢ nos har¨¢n un encargo en funci¨®n de lo que vieran, pero de momento no hemos tenido ninguno.

P. ?C¨®mo interpreta este hecho?

R. Me ha sorprendido un poco. Pensaba que nos pedir¨ªan la compilaci¨®n de la informaci¨®n sobre este aspecto. Tenemos un trabajo hecho sobre la contrataci¨®n de obra p¨²blica a lo largo de muchos a?os. Est¨¢ a su disposici¨®n.

P. ?Y cu¨¢les son sus conclusiones?, ?qu¨¦ deber¨ªa corregirse?

R. La normativa espa?ola y a veces la europea no se cumplen estrictamente. Tengo sobre la mesa un informe de una agencia p¨²blica catalana de los ejercicios 2001 y 2002 en el que, de 25 casos estudiados, 23 no cumplen la normativa de contratos p¨²blicos. Los principales problemas que detectamos en general son tres: el uso recurrente e indebido de la adjudicaci¨®n por el tr¨¢mite de urgencia -que implica no ir al mercado p¨²blico, sino negociar con algunas empresas-, la extensi¨®n de contratos anteriores preexistentes, que se revisan y prorrogan, y el fraccionamiento de proyectos o lo que llamamos t¨¦cnica salami. ?Es todo esto ilegal? Pues no, pero nuestro auditor, un buen profesional, dice: "A m¨ª no me han convencido".

P. ?Estas pr¨¢cticas son generales en todas las administraciones?

R. Bastante. Hay grados m¨¢s elevados y m¨¢s bajos. No quiero salvar al Gobierno actual de la Generalitat porque todav¨ªa no hemos entrado a estudiar 2003 y 2004. Los problemas que vemos son hasta presupuestos liquidados en 2002.

P. ?Y los ayuntamientos?

R. Nos hemos encontrado literalmente casos en los que un alcalde nos ha pedido si pod¨ªamos hacerle la contabilidad porque se ha encontrado con que, tras un cambio de gobierno municipal, hab¨ªa desaparecido toda la contabilidad. Y eso en municipios de m¨¢s de 1.000 habitantes.

P. ?Y en el Ayuntamiento de Barcelona?

R. En 21 a?os de sindicatura, curiosamente nunca se ha hecho una auditor¨ªa completa del Ayuntamiento. S¨®lo se ha fiscalizado alg¨²n sector o alguna empresa municipal.

P. ?Y los patrones son los mismos que ha comentado antes?

R. No tan elevados, pero s¨ª un cierto fraccionamiento de obras p¨²blicas. Pero preferir¨ªa no entrar en algo que no est¨¢ acabado.

P. ?Le consta que se paguen comisiones a cambio de la adjudicaci¨®n de obras?

R. No me consta. Con los informes de la sindicatura no tenemos elementos para afirmarlo. Me parecer¨ªa ingenuo pensar que no ha habido corrupci¨®n en ning¨²n lugar de Catalu?a, pero establecerlo como regla, y decir si ha sido as¨ª con las obras p¨²blicas de la Generalitat, no lo s¨¦. Pero todo lo que no sea transparente en la contrataci¨®n de obra p¨²blica lleva a la sospecha. Y falta transparencia.

P. ?Hace falta una l¨ªnea divisoria m¨¢s clara entre las competencias de la sindicatura y las del Tribunal de Cuentas?

R. S¨ª. La situaci¨®n actual es una causa de malestar evidente. Y desde luego no es un problema exclusivo de Catalu?a. Hay sentencia del Tribunal Constitucional sobre la concurrencia de competencias. A ra¨ªz de esta, pactamos que el Tribunal de Cuentas nos solicitar¨ªa las cosas que son nuestras. Por ejemplo, si quieren saber c¨®mo funcionan las universidades catalanas, lo normal es que pasen por nosotros. En este caso funciona la coordinaci¨®n. Pero hay casos incre¨ªbles.

P. ?Por ejemplo?

R. Que te llamen de un hospital dici¨¦ndote que tienen en la puerta a un se?or que dice que es auditor del Tribunal de Cuentas y que quiere fiscalizar el servicio de radiolog¨ªa sin habernos dicho nada. Es inadmisible. Debe haber colaboraci¨®n, pero ¨¦sta tiene que clarificarse.