Washington quiere inspeccionar los datos bancarios de transacciones internacionales

La ley de reforma de los servicios secretos aprobada a finales del pasado a?o conten¨ªa una cl¨¢usula que discretamente permite al Gobierno de EE UU la inspecci¨®n de las transacciones bancarias internacionales para detectar supuestas actividades terroristas. Seg¨²n desvel¨® ayer The New York Times, el Departamento del Tesoro trabaja ya en un plan que pretende recopilar y analizar los nombres y las cantidades transferidas desde el extranjero a cuentas domiciliadas en EE UU para buscar "patrones de comportamiento" que puedan indicar actividades terroristas.

Varias entidades bancarias han comunicado al Gobierno su desconocimiento de la nueva legislaci¨®n mientras otras han comenzado a facilitar m¨¢s informaci¨®n de la que se les reclama. Seg¨²n el diario neoyorquino, el plan del Gobierno de EE UU se encuentra todav¨ªa en su fase preliminar, pero pretende a medio plazo hacerse con las notificaciones de cientos de millones de transacciones bancarias internacionales. El grupo de trabajo creado en el Departamento del Tesoro cree que las recopilaciones de los nombres y las cantidades transferidas puede permitir la detecci¨®n de actividades relacionadas con el terrorismo o con delitos financieros. Los responsables del proyecto prometen establecer salvaguardas que garanticen la privacidad de los datos.

El plan se corresponde con una iniciativa presentada hace tiempo por el presidente George W. Bush, para quien la investigaci¨®n bancaria es uno de los pilares de la lucha antiterrorista. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. La financiaci¨®n del 11-S nunca levant¨® sospechas en las entidades implicadas y ni siquiera habr¨ªa sido detectada con el nuevo plan.

La comisi¨®n independiente que investig¨® los atentados considera que la preparaci¨®n de los terroristas en las academias de vuelo y los gastos de estancias y viajes en EE UU sumaron una cantidad situada entre 400.000 y 500.000 d¨®lares. Ninguna de las transacciones bancarias de los implicados (que, horas antes de cometer los atentados suicidas, enviaron de vuelta el dinero que les hab¨ªa sobrado) ni las transferencias que recib¨ªan para sufragar su plan levant¨® sospechas, a pesar de que algunos de ellos estaban en listados de vigilancia federal por posibles v¨ªnculos con organizaciones terroristas.

Lavado de dinero

Esa discreci¨®n se consigue mediante una norma sencilla, muy conocida en el mundo del lavado de dinero. Las transacciones eran por cantidades peque?as y siempre en cuentas abiertas en entidades distintas. Quienes critican la nueva iniciativa del Gobierno creen que es un esfuerzo in¨²til, dado que la envergadura de un atentado depende m¨¢s del m¨¦todo, el material o el grado de imaginaci¨®n que del dinero invertido.

Tras los atentados del 11-S, el Gobierno de EE UU estableci¨® un banco de datos con organizaciones e individuos a los que ha prohibido cualquier transacci¨®n bancaria en EE UU. El texto de la Patriot Act establece tambi¨¦n obligaciones para las entidades financieras del pa¨ªs, que deben comunicar al Gobierno cualquier actividad "sospechosa". Sin embargo, los bancos se han quejado repetidamente -la ¨²ltima vez, en una carta conjunta enviada al Departamento del Tesoro- de la "falta de claridad" sobre estas obligaciones. Algunos bancos han optado por comunicar la mayor¨ªa de las transacciones de sus clientes para evitar que alguien les acuse de falta de colaboraci¨®n; ese comportamiento, con la avalancha de informaci¨®n que conlleva, puede llegar a bloquear el an¨¢lisis de los datos realmente relevantes.

El plan depende de un nuevo organismo denominado Fincen (Financial Crimes Enforcement Network), que apenas cuenta con 20 empleados. Sus propias cifras estiman que hay 500 millones de transacciones bancarias internacionales cada a?o.

Seg¨²n The New Tork Times, los responsables del proyecto estudian la posibilidad de someter a una vigilancia especial a cualquier transacci¨®n procedente de individuos u organizaciones de Oriente Pr¨®ximo, pero temen que esa decisi¨®n pueda provocar acusaciones de racismo. Charles Intrago, ex fiscal federal y responsable de una organizaci¨®n dedicada a la lucha contra el blanqueo de dinero, asegura en el diario que el plan "es un ejercicio in¨²til que corre el riesgo de sobrecargar a¨²n m¨¢s al sector bancario. Y es dif¨ªcil anticipar que pueda producir datos ¨²tiles para el Gobierno en sus investigaciones sobre financiaci¨®n terrorista".