La C¨¢mara de la Propiedad alavesa convoca elecciones internas al margen del Ejecutivo

La Junta de Gobierno de la C¨¢mara de la Propiedad de ?lava, el ¨®rgano formado por propietarios que dirige cada entidad, pero sin remuneraci¨®n, ha comunicado al Ejecutivo vasco que va a iniciar el proceso electoral para renovar su ejecutiva, despu¨¦s de estar 16 a?os consecutivos en el cargo. La decisi¨®n ha sido adoptada tras enviar una carta a los departamentos de Vivienda y de Hacienda en la que instaban al Gobierno a que diera pasos para dotar de "seguridad jur¨ªdica" las actuaciones de la entidad.

El Ejecutivo se comprometi¨® en el Parlamento de Vitoria a aprobar antes de las elecciones del pr¨®ximo domingo el decreto de liquidaci¨®n de las c¨¢maras como corporaciones de derecho p¨²blico, y asumir las funciones, el personal y el patrimonio de las tres entidades. En diciembre de 2003, su patrimonio sumaba 18 millones de euros y el personal susceptible de entrar a la Administraci¨®n, unas 28 personas. El n¨²mero de socios de las tres c¨¢maras supera los 200.000 ciudadanos.

Ante el silencio de la Administraci¨®n, la Junta alavesa va a dar publicidad a la convocatoria de elecciones tras decidir si hace p¨²blico de nuevo el censo de propietarios. El pasado a?o, ya lo hizo hasta que Vivienda paraliz¨® el proceso. El decreto de 1987 que regula las elecciones a las Juntas de Gobierno establece que en un plazo de siete d¨ªas a partir de la aprobaci¨®n del censo, la Junta relizar¨¢ la convocatoria y la remitir¨¢ a Vivienda para su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial.

La situaci¨®n de la C¨¢mara alavesa resulta especial, ya que se qued¨® sin personal cuando el 1 de noviembre pasado la mayor¨ªa de sus empleados comenzaron a trabajar en la Administraci¨®n. El Ejecutivo tuvo que darles entrada en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior vasco que obligaba a Hacienda y a Funci¨®n P¨²blica a cumplir un real decreto de 1994. El Gobierno aut¨®nomo estuvo a punto de incurrir en desacato, ya que la primera sentencia fue dictada en 2002. En julio de 2004, en un escrito muy duro de ejecuci¨®n de sentencia, el Superior le dio tres meses para cumplir la ley.

La presidenta de la Junta de Gobierno de la c¨¢mara alavesa, Isabel Mart¨ª Rodriguez, advierte al Ejecutivo de que, ante su silencio, "la Junta adoptar¨¢ las medidas que considere necesarias".