La auditor¨ªa de la Generalitat no detecta irregularidades econ¨®micas en el turno de oficio de los abogados

La auditor¨ªa encargada por el Departamento de Justicia para aclarar la utilizaci¨®n de m¨¢s de un mill¨®n de euros en la gesti¨®n del turno de oficio del Colegio de Abogados de Barcelona durante el a?o 2003 no ha detectado ninguna irregularidad. "Los importes concedidos en concepto de subvenci¨®n para la prestaci¨®n de los servicios de gesti¨®n colegial se han destinado de acuerdo con la normativa vigente", asegura la auditor¨ªa que ha realizado la empresa Deloitte.

De esa manera se disipan las sospechas sobre mala gesti¨®n que hab¨ªa insinuado Justicia y que le llev¨® a encargar la auditor¨ªa de las cuentas del colegio, algo que nunca antes hab¨ªa ocurrido. "El resultado es el que esper¨¢bamos. M¨¢s que unos auditores, vino una brigada que durante m¨¢s de un mes estuvo mirando toda la contabilidad hasta el m¨¢s m¨ªnimo detalle", explica el decano de los abogados de Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas. En su opini¨®n, la auditor¨ªa era innecesaria porque es el propio colegio el que se audita cada a?o a s¨ª mismo, "pero si de esta manera se ha despejado cualquier duda, pues mejor para todos".

La auditor¨ªa se centr¨® en el uso de una partida de 611.464 euros concedida en 2003 para afrontar los gastos de personal e infraestructura que necesita el turno de oficio y, por otro, una segunda partida de 470.832 euros empleados en el Servicio de Orientaci¨®n Jur¨ªdica, en el que trabajan 39 personas para informar a los ciudadanos sobre si tienen o no derecho a un abogado de oficio. Al margen queda el dinero que cobran los abogados por su trabajo y que paga la Generalitat en aplicaci¨®n de unos m¨®dulos y un sistema que actualmente est¨¢ renegociando con los colegios de abogados de toda Catalu?a.

Pese a todo, la auditor¨ªa constata que no se ha podido "verificar que ciertos gastos indirectos puedan ser beneficiarios de la subvenci¨®n" ni garantizar que no se han producido duplicados derivados del sistema de distribuci¨®n de gastos porque el colegio y la Generalitat no han pactado ni los conceptos ni los criterios. Por eso, los auditores instan a acabar con esa situaci¨®n.