Transparencia
La firma de acuerdos entre la Administraci¨®n auton¨®mica y las empresas para promover el empleo de colectivos de trabajadores en riesgo de exclusi¨®n social es, en principio, muy ¨²til, pero exige mayor transparencia, esto es que se conozca suficientemente a lo que se obligan cada una de las partes firmantes.
A trav¨¦s de tales acuerdos se est¨¢n utilizando recursos p¨²blicos para intervenir en las relaciones laborales y el mercado de trabajo madrile?o, y supuestamente otorgando ventajas competitivas a determinados empleos y empleadores, que deber¨ªan estar suficientemente justificadas frente al resto de trabajadores y empresarios.
El ¨²ltimo ejemplo de opacidad y desprop¨®sito al respecto ser¨ªa el acuerdo firmado a por un grupo y la Consejer¨ªa de Familia y Asuntos Sociales, para contratar en hosteler¨ªa a 100 trabajadores inmigrantes, que adem¨¢s sean usuarios de los Servicios Sociales, y especialmente si se trata de mujeres maltratadas.
La discriminaci¨®n principal, la m¨¢s urgente, es la de ser mujer maltratada; despu¨¦s habr¨ªa que considerar las necesidades individuales de integraci¨®n laboral y social de cada trabajador, y nunca utilizar el origen geogr¨¢fico, ¨¦tnico, cultural o religioso de una persona como determinante para su entrada y permanencia en el mercado de trabajo.
Tal como lo han publicitado, el Acuerdo pretende todo lo contrario: atiende s¨®lo a trabajadores extranjeros, aquellos que previamente seleccionen los Centros de Atenci¨®n Social a Inmigrantes, que son servicios sociales especializados financiados con fondos p¨²blicos, pero gestionados por entidades privadas.
En este y otros casos similares se est¨¢n empleando demasiados recursos p¨²blicos para identificar a trabajadores fr¨¢giles y ponerlos a disposici¨®n de empleadores que siempre intentaran conseguir, muy leg¨ªtimamente, el mayor beneficio empresarial posible cuando utilizan cualquier fuerza de trabajo.
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