Transfuguismo

La unidad es esencial al Estado. La organizaci¨®n territorial a trav¨¦s de CC AA no quiebra esta unidad. Las autonom¨ªas, como f¨®rmula de gobierno y descentralizadora del poder central, tampoco. Los Estatutos de Autonom¨ªa est¨¢n para regular la convivencia entre la descentralizaci¨®n y la centralizaci¨®n del Estado. Son la norma institucional b¨¢sica de la Comunidad. Delimitan su territorio, organizan las instituciones y fijan sus competencias dentro del marco constitucional. La reforma deber¨ªa caminar en este sentido. Ampliando autogobierno y autogesti¨®n con respeto a los principios de unidad, solidaridad y lealtad intracomunitaria. Sin marcar, ni aceptar, desigualdades relevantes con otras comunidades. El proyecto de reforma no deber¨ªa introducir cuestiones ajenas a su ¨¢mbito. Desnaturalizar¨ªan su contenido institucional.

En esta l¨ªnea de pensamiento no se entiende ni poco ni mucho que el secretario general del PP-A pretenda que se incluya en el nuevo texto una medida por la que, en caso de transfuguismo con moci¨®n de censura, no se compute el voto del tr¨¢nsfuga contra la formaci¨®n pol¨ªtica con la que haya sido elegido. Una propuesta que es extra?a al car¨¢cter institucional que debe presidir el texto. Adem¨¢s, pueden surgir dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta. El derecho constitucional de los ciudadanos a participar de la vida pol¨ªtica, a trav¨¦s de sus representantes, es de los ciudadanos. No es de los partidos pol¨ªticos. La tutela de este derecho por los intereses de los grupos puede mermar su contenido. La limitaci¨®n de derechos no es el camino. Adem¨¢s, es saludable en democracia que, en estos casos, los ciudadanos observen el comportamiento de los grupos. Si posibilitan actuaciones de transfuguismo o se aprovechan de ellas. El Gobierno en la Comunidad de Madrid por el t¨¢ndem Esperanza Aguirre-Tamayo es un ejemplo que, de haberse observado lo que el PP-A pide para Andaluc¨ªa, no se hubiera producido. En cualquier caso, si la propuesta no limita el contenido del derecho a la participaci¨®n y representaci¨®n pol¨ªtica, tal vez tendr¨ªa mejor cobijo en una ley electoral y, si lo limita, atr¨¦vanse a decir que es necesario modificar la Constituci¨®n, sin utilizar para ello el Estatuto de Autonom¨ªa.