Las residencias, a examen

La detenci¨®n la pasada semana de la due?a de una residencia para mayores en Alhaur¨ªn de la Torre (M¨¢laga) y de cuatro de sus familiares por presuntas estafas y malos tratos ha puesto en el punto de mira estos centros. A medida que se conocen m¨¢s datos, surgen dudas sobre la intervenci¨®n de las distintas administraciones p¨²blicas que, desde hace a?os, conoc¨ªan irregularidades denunciadas en Nuestra Se?ora de Gracia, cuyo cierre cautelar decret¨® ayer la Junta. ?Existen suficientes controles para garantizar el bienestar de los mayores?

"La mayor parte de los residentes est¨¢ en buenas manos, pero hay gente no profesional, que intenta lucrarse y monta el chiringuito", opina un miembro del servicio de inspecci¨®n de la Consejer¨ªa para la Igualdad y Bienestar Social, que es la competente para autorizar la apertura, controlar, sancionar y cerrar estos establecimientos. El a?o pasado, la consejer¨ªa decret¨® el cierre de 14 residencias para mayores en Andaluc¨ªa, de un total de 578 (31.904 plazas). Esta sanci¨®n se impone en caso de infracciones muy graves, como la falta de atenci¨®n o higiene que produzca riesgo para la integridad f¨ªsica o la falta de autorizaci¨®n de funcionamiento.

Cualquier persona con titulaci¨®n media puede dirigir una residencia. Para obtener la autorizaci¨®n de funcionamiento, los promotores han de pedir una autorizaci¨®n previa para construir o modificar el edificio seg¨²n los requisitos de la consejer¨ªa. Despu¨¦s, han de aportar un proyecto de plantilla, en funci¨®n del cual se autoriza el n¨²mero de plazas, la escritura de propiedad y la licencia municipal. Para las plazas concertadas, se exige m¨¢s calidad, como m¨¢s metros cuadrados por habitaci¨®n o m¨¢s personal por residente. El servicio de inspecci¨®n comprueba que la realidad se corresponde con el proyecto.

Una vez abierta, la inspecci¨®n controla peri¨®dicamente su funcionamiento. El Plan General de 2005 establece que durante este a?o se inspeccionar¨¢ el 100% de las residencias de mayores (en el plan anterior era s¨®lo el 50%). Pero los medios son escasos. En toda Andaluc¨ªa, hay 18 inspectores, que adem¨¢s de los centros para mayores han de verificar, seg¨²n el plan, el 50% de los dem¨¢s centros de Bienestar Social, como los de discapacitados o menores, hasta un total de 1.900 centros. Con dos o tres inspectores por provincia, la tarea es dif¨ªcil. "Creo que ser¨ªa necesario duplicar la plantilla", calcula la fuente de la inspecci¨®n.

Durante las visitas, los inspectores controlan que se cumplan las normas de funcionamiento y materiales, as¨ª como que haya una adecuada higiene o seguridad. Para ello, llegan a revisar la ropa interior de los residentes antes de lavarla. Tambi¨¦n entrevistan a los mayores a solas, para preguntar por la comida o la atenci¨®n, y asegurarse de que viven ah¨ª voluntariamente y que no sufren expolio patrimonial, en cumplimiento del decreto 23/2004 de protecci¨®n jur¨ªdica al mayor de la Junta. Adem¨¢s, verifican que se ofrezcan actividades.

La inspecci¨®n tambi¨¦n interviene cuando existen denuncias. La dificultad, explica uno de sus miembros, es que muchas son gratuitas o an¨®nimas. Seg¨²n asegura, los casos de malos tratos son muy dif¨ªciles de detectar, ya que los mayores no los cuentan por temor a represalias. Cuando el inspector constata el hecho denunciado, hace una propuesta de sanci¨®n, se abre un expediente y finalmente se impone el castigo, cuyo cumplimiento puede demorar mucho por los recursos.

Si se detectan posibles delitos, como en Alhaur¨ªn, se pone en conocimiento de la Fiscal¨ªa. "S¨®lo podemos sancionar lo que es competencia de la Administraci¨®n, si no lo es, tenemos que esperar una decisi¨®n judicial", asegura la fuente, que trata de justificar la actuaci¨®n de la delegaci¨®n provincial de M¨¢laga. En cualquier caso, recuerda, el juez puede decretar el cierre inmediato de la residencia.