Doce mayores viv¨ªan entre sus propios excrementos

El caso de Alhaur¨ªn de la Torre, en el que la Guardia Civil acusa a los detenidos de sedar a los residentes para obligarles a firmar poderes notariales con los que apropiarse de sus pisos es puntual, seg¨²n un inspector, y no ha de crear alarma. En los ¨²ltimos a?os, la Consejer¨ªa para la Igualdad y Bienestar Social ha cerrado centros por diversos incumplimientos.

El inspector de Granada Antonio Aranda se encontr¨® una situaci¨®n atroz en la residencia privada Virgen del Carmen, de Otura, el pasado 3 de junio. Los 12 mayores internos en esta vivienda tutelada, casi todos procedentes de familias muy humildes, viv¨ªan entre sus propios excrementos. La mayor¨ªa eran incapaces de valerse por s¨ª mismos. "A una de las se?oras la tuve que sacar yo mismo en brazos. Desped¨ªa un olor tan fuerte que no pude quit¨¢rmelo en varios d¨ªas", recuerda Aranda.

A algunos de los mayores, con problemas de diabetes, tuvieron que amputarles miembros gangrenados debido a la inadecuada nutrici¨®n que hab¨ªan recibido durante a?os, seg¨²n Aranda. "Los m¨¦dicos que los atendieron en el hospital nos dijeron que en un caso era imposible distinguir los restos de ropa de los propios tejidos del paciente porque nadie le hab¨ªa hecho ninguna cura", recuerda el inspector. El centro se cerr¨® inmediatamente y los internos fueron derivados a centros p¨²blicos. Sus familiares denunciaron el caso en los juzgados de Santa Fe que instruyen el caso. Aranda dice que si fuera por ¨¦l, eliminar¨ªa las viviendas tuteladas de la tipolog¨ªa andaluza de centros para mayores porque es en ellas en las que se encuentran las mayores irregularidades. "Cualquiera que tenga una casa con varias habitaciones puede abrir una", asegura.

En Sevilla, la delegaci¨®n provincial cerr¨® el pasado 9 de febrero una residencia ilegal en Palomares del R¨ªo en la que viv¨ªan 19 mayores, por los incumplimientos de la propietaria, que no subsan¨® las deficiencias detectadas por los inspectores en 2003. Entre las anomal¨ªas, destacaba la utilizaci¨®n de trabajadores inmigrantes sin regularizar, la escasez de personal y deficiencias arquitect¨®nicas. La Junta dict¨® una orden de clausura voluntaria, que no se cumpli¨® y que denunci¨® ante la fiscal¨ªa y el juzgado como un delito de desobediencia. Finalmente, tras la denuncia a la prensa de uno de los mayores, la Junta cerr¨® el centro.

A finales de 2003, los residentes de un centro en Mairena del Aljarafe

denunciaron un trato vejatorio por parte de los due?os que los quer¨ªan echar para vender la residencia. Las inspecciones de la Junta tambi¨¦n confirmaron irregularidades, aunque al final s¨®lo se quedaron tres mayores de 60 en la residencia. Los dem¨¢s se fueron por supuestas coacciones. Al final, el juez orden¨® el desalojo de los tres ancianos y los propietarios pudieron venderla.