Decidir entre todos
El presidente del Gobierno le ha recordado al presidente de la Generalitat de Catalu?a que la financiaci¨®n del Estado auton¨®mico no la puede definir una comunidad aut¨®noma, sino que la tiene que definir "todo el pa¨ªs". Es dif¨ªcil no estar de acuerdo con esta posici¨®n de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Pero no es suficiente decir solamente esto. Cuando nos encontramos ante un elemento central en la arquitectura del Estado auton¨®mico, como lo es sin duda la financiaci¨®n de dicho Estado, no basta con decir que es "todo el pa¨ªs" el que tiene que decidir, sino que hay que decir adem¨¢s que la decisi¨®n tiene que adoptarla el poder constituyente y que no basta con que la adopte el legislador ordinario, aunque lo haga a trav¨¦s de una ley org¨¢nica.
Lo que est¨¢ ocurriendo en Catalu?a en este momento es un paso m¨¢s en la direcci¨®n que ya se dio en 1993 y 1996
La financiaci¨®n del Estado auton¨®mico deber¨ªa estar en la Constituci¨®n. La financiaci¨®n y el Senado son las dos ¨²nicas piezas importantes que faltan para la definici¨®n de la estructura del Estado. Hay otras que podr¨ªan ser mejoradas, pero ¨²nicamente estas dos est¨¢n, o mal resuelta en el caso del Senado, o no resuelta en el caso de la financiaci¨®n.
Tanto el Senado como la financiaci¨®n est¨¢n en la Constituci¨®n como est¨¢n porque el constituyente espa?ol no tuvo claridad en 1978 sobre qu¨¦ estructura del Estado quer¨ªa constitucionalizar. No sab¨ªa cuantas comunidades aut¨®nomas iba a haber, si todas iban a ejercer el derecho a la autonom¨ªa de la misma forma, si todas iban a tener la misma arquitectura institucional o el mismo nivel competencial. En consecuencia, no pudo definir el ¨®rgano a trav¨¦s del cual las comunidades aut¨®nomas en cuanto tales participar¨ªan en la formaci¨®n de la voluntad del Estado, ni pudo definir tampoco como se financiar¨ªan tales comunidades aut¨®nomas. De ah¨ª que la estructura del Estado que se ha acabado constituyendo a partir del texto constitucional aprobado en 1978 haya estado cojeando en estos dos terrenos.
Respecto del Senado, aunque haya resistencias a su reforma, parece haber un acuerdo casi general en que es un ¨®rgano deforme, que es incongruente con la estructura que ahora mismo tiene el Estado espa?ol. Incluso el PP, que ahora mismo se opone a su reforma, la llev¨® en su programa electoral de 1996. De ah¨ª que sea el tema en el que inmediatamente se piensa cuando se habla de la reforma de la Constituci¨®n. No ha habido, sin embargo, el mismo acuerdo respecto de la necesidad de reformar la financiaci¨®n del Estado Auton¨®mico. La respuesta a este problema, no en la Constituci¨®n sino mediante la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA), parece haber sido dada por buena por todos, a pesar de que desde que el PSOE perdi¨® la mayor¨ªa absoluta en las elecciones de 1993, se ha tenido que revisar en m¨¢s de una ocasi¨®n, a fin de constituir la mayor¨ªa parlamentaria que hiciera posible la investidura de presidente de Gobierno. Le ocurri¨® a Felipe Gonz¨¢lez en 1993 y a Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en 1996. La fragilidad de la respuesta no constitucional sino legislativa salta a la vista. La estabilidad del modelo de financiaci¨®n depende del resultado electoral.
Lo que est¨¢ ocurriendo en Catalu?a en este momento es un paso m¨¢s en la direcci¨®n que ya se dio en 1993 y 1996. En este momento en que el presidente del Gobierno no dispone de una mayor¨ªa absoluta en el Congreso de los Diputados y en el que est¨¢ en marcha una operaci¨®n de reforma de la estructura del Estado, se pone encima de la mesa una reforma estatutaria, que conlleva un cambio significativo del modelo de financiaci¨®n. Nadie habla de que la estabilidad del Gobierno de la Naci¨®n puede estar en conexi¨®n con la respuesta que se d¨¦ al modelo de financiaci¨®n que se propone, pero a nadie se le oculta que puede darse una relaci¨®n muy estrecha entre ambas.
Mientras el modelo de financiaci¨®n del Estado auton¨®mico no est¨¦ constitucionalizado y se exija, en consecuencia, para su reforma la mayor¨ªa de tres quintos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, no tendremos un modelo de financiaci¨®n estable. La f¨®rmula de la LOFCA fue inevitable en la fase de inicial puesta en marcha del Estado de las Autonom¨ªas, pero no es la f¨®rmula a trav¨¦s de la cual se puede dar respuesta de manera estable a un problema de esta naturaleza. La garant¨ªa de la mayor¨ªa absoluta que se exige para la aprobaci¨®n y reforma de una ley org¨¢nica, no es una garant¨ªa suficiente para dar estabilidad al modelo de financiaci¨®n, porque coincide con la mayor¨ªa parlamentaria de la investidura del presidente de Gobierno. La garant¨ªa tiene que estar en una mayor¨ªa que se independice de la investidura. Y eso solamente puede alcanzarse mediante la constitucionalizaci¨®n del modelo de financiaci¨®n.
Es obvio que la inclusi¨®n del modelo de la financiaci¨®n del Estado Auton¨®mico en la Constituci¨®n exigir¨ªa que se contemplara expresamente la revisi¨®n de dicho modelo peri¨®dicamente, de manera parecida a como se est¨¢ contemplando en la Uni¨®n Europea la revisi¨®n de la asignaci¨®n de los fondos estructurales y de los fondos de cohesi¨®n. La financiaci¨®n es tributaria de la evoluci¨®n de la econom¨ªa en general y de la forma en que cada territorio se ha comportado desde el momento en que se inici¨® la puesta en marcha del modelo de financiaci¨®n. Pero todo el mundo tendr¨ªa claro que el modelo se tiene que revisar entre todos y de acuerdo con unos criterios que se ir¨ªan perfilando tambi¨¦n entre todos. Para que de verdad tengamos que decidir entre todos, es importante que la respuesta a la financiaci¨®n pase de la LOFCA a la Constituci¨®n.
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