?rdenes de demolici¨®n desobedecidas en C¨¢diz

En C¨¢diz, la situaci¨®n urban¨ªstica m¨¢s conflictiva se vive en El Puerto de Santa Mar¨ªa, donde la Junta decidi¨® retirar al Ayuntamiento que dirige el independiente Hern¨¢n D¨ªaz Cort¨¦s (ahora en alianza con el PSOE) las competencias sobre el plan de desarrollo de la finca Las Beatillas. El promotor privado Jos¨¦ Antonio L¨®pez Esteras ha construido un complejo de 4.000 metros cuadrados de superficie que incorpora un centro de congresos, un restaurante y pistas deportivas. Y todo lo hizo con una licencia de reforma de un cortijo.

Ante la pasividad municipal en el caso, la Junta anunci¨® en 2003 el derribo del complejo, decisi¨®n avalada por una reciente sentencia judicial aunque a¨²n no ejecutada. Adem¨¢s, el delegado de Obras P¨²blicas en C¨¢diz, Pablo Lorenzo, ha remitido al fiscal el crecimiento ilegal experimentado por el Pinar de Coig, un espacio protegido, donde se han registrado m¨¢s de una treintena de edificaciones y parcelaciones ilegales con el benepl¨¢cito del Ayuntamiento.

Los encontronazos de la Junta con el Ayuntamiento de Sanl¨²car de Barrameda son tambi¨¦n frecuentes. El 21 de abril, el equipo de gobierno del PP se vio forzado a reconocer que familiares directos del alcalde, Juan Rodr¨ªguez Romero, construyen ilegalmente un chalet en la finca La Jara, a pesar de que el plan de desarrollo de estos suelos est¨¢ a¨²n pendiente del visto bueno de la Junta. No es ¨¦ste el ¨²nico caso abierto en la ciudad. El Ayuntamiento ha desatendido la impugnaci¨®n de la Junta al Plan Parcial de Verdigones, un suelo en l¨ªnea litoral, donde el Ayuntamiento permiti¨® el alzado de una planta de ¨¢ticos no prevista en el planeamiento. Adem¨¢s, el Ayuntamiento modific¨® unilateralmente el plan urban¨ªstico programado para los suelos del antiguo parque bot¨¢nico, de modo que el sector privado ha logrado parcelas que inicialmente estaban reservadas para servicios p¨²blicos y zonas verdes.

La Junta tambi¨¦n observa irregularidades en el Ayuntamiento de Barbate, gobernado tambi¨¦n por el PP. El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa orden¨® la demolici¨®n de parte de estas instalaciones del complejo Montenmedio al entender que son ilegales y se construyeron sin licencia sobre terreno r¨²stico. El propietario, Antonio Bl¨¢zquez, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo, y el Ayuntamiento se ha inhibido de ejecutar la sentencia. El conflicto m¨¢s reciente se refiere al convenio firmado por el Ayuntamiento para desarrollar tres proyectos hoteleros en el cabo de Trafalgar, de gran belleza paisaj¨ªstica. La Junta ha reducido la edificabilidad del proyecto municipal y s¨®lo permite construir dos de los tres hoteles anunciados, con lo que los inversores han amenazado con retirarse.

El gobierno municipal del PP en La L¨ªnea de la Concepci¨®n se encuentra tambi¨¦n inmerso en un mar de denuncias por presuntas irregularidades urban¨ªsticas. La actuaci¨®n m¨¢s reciente de la Junta hace referencia al parque Princesa Sofia, donde el gobierno local de Juan Carlos Ju¨¢rez quiere impulsar la construcci¨®n de varios restaurantes, un aparcamiento y un complejo de edificios para uso comercial en 178.000 metros cuadrados. Seg¨²n el PGOU vigente desde 1993 en ese parque s¨®lo se puede hacer uso del 2% del suelo para equipamientos.

Tambi¨¦n es pol¨¦mico el proyecto de construcci¨®n del futuro Palacio de Congresos de la ciudad, cuya ejecuci¨®n est¨¢ denunciada en los juzgados por el grupo socialista desde el pasado 29 de marzo, al considerar que se ha excedido en el volumen de edificabilidad, incumpliendo una vez m¨¢s el plan urban¨ªstico. Obras P¨²blicas tambi¨¦n estima que se ha invadido una zona de terreno de especial protecci¨®n agraria pr¨®xima a los 17.000 metros cuadrados en el desarrollo de un pol¨ªgono industrial.

Con informaci¨®n de Fernando P¨¦rez Mongui¨® y C¨¢ndido Romaguera.