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Entrevista:JES?S GARC?A CALDER?N | Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa

"Dejar de combatir el 'botell¨®n' puede ser prevaricaci¨®n"

La Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) public¨® el pasado jueves su memoria de 2004. Su titular, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, recuerda en ella a las administraciones que el botell¨®n ha dejado de ser un problema menor para convertirse en un fen¨®meno de "contaminaci¨®n m¨²ltiple" que a la vez es caldo de cultivo para otros delitos como el tr¨¢fico de droga, la conducci¨®n alcoh¨®lica, los da?os o las lesiones. El fiscal jefe subraya que el C¨®digo Penal recoge la prevaricaci¨®n omisiva para las autoridades que toleren reiterados incumplimientos de la normativa medioambiental. La memoria recomienda que se investigue a los inmigrantes que llegan en pateras antes de proceder a su devoluci¨®n con el fin de desarticular redes de tr¨¢fico de personas y detectar posibles terroristas. Respecto al fen¨®meno de la siniestralidad laboral, aplaude la intenci¨®n de Interior de crear una polic¨ªa especializada como medida preventiva.

"Una polic¨ªa especial para la siniestralidad evitar¨ªa la explotaci¨®n de extranjeros"
"Podr¨ªan abrirse centros en Marruecos para acoger a los menores inmigrantes"

Pregunta. ?A qu¨¦ se debe la pasividad de las administraciones respecto al botell¨®n de la que usted se queja en la memoria?

Respuesta. No es un problema nuevo. Tiene una vida de ocho o diez a?os. Siempre han existido este tipo de manifestaciones, gente que se congrega en un sitio para beber y divertirse, pero hasta ahora ha sido en d¨ªas muy concretos y en espacios apropiados, fuera de los cascos hist¨®ricos. Hoy este fen¨®meno comienza a incidir muy directamente en la ciudadan¨ªa. El primer toque de aviso fue la contaminaci¨®n ac¨²stica, que ha dado lugar a sentencias de tribunales europeos que condenan a la administraci¨®n por su pasividad. El C¨®digo Penal introdujo en 1995 la figura de las prevaricaciones omisivas que castiga a las autoridades que permiten infracciones medioambientales y esto es lo que se plantea ahora mismo. La soluci¨®n no es proceder contra el infractor, que ser¨ªa desproporcionado, sino exigir a la administraci¨®n que ejerza una tutela. Para eso es necesaria una legislaci¨®n que ha tenido ¨¦xito en otras Comunidades Aut¨®nomas.

P. Habla usted de delitos asociados a estas fiestas callejeras.

R. En el caso de los macrobotellones, lo que hemos llamado contaminaci¨®n m¨²ltiple, percibimos que cada vez hay una incidencia mayor en algunas formas de criminalidad. A lo mejor no son delitos muy graves, pero afectan a bienes culturales, a la salud de la ciudadan¨ªa, tienen una influencia nefasta sobre el turismo, dan lugar a delitos contra la seguridad del tr¨¢fico, a la venta de drogas entre menores, al consumo excesivo de alcohol, a delitos de desobediencia a la autoridad, lesiones... Todo un elenco delictivo que debemos considerar.

P. ?Cualquier ciudadano afectado podr¨ªa acusar a un ayuntamiento de prevaricaci¨®n con la legislaci¨®n actual?

R. Para que sea as¨ª hay que definir y tipificar bien la infracci¨®n medioambiental. Lo primero es ver cu¨¢les son las infracciones que la administraci¨®n puede desatender para acusarla de de ese tipo de prevaricaci¨®n. Si estuvieran bien perfiladas, los ayuntamientos tendr¨ªan un deber cuyo incumplimiento podr¨ªa dar lugar a ese tipo penal. Otra posibilidad es recurrir a otros ¨¢mbitos

[contencioso-administrativo] como en Valencia con la contaminaci¨®n ac¨²stica. En ese caso tambi¨¦n se trata de perseguir a la autoridad. Ese es el camino que han adoptado los tribunales europeos.

P. Algunas capitales, como Granada, confinan a los j¨®venes en algunas zonas. C¨®rdoba ha optado por los botell¨®dromos.

R. Yo me inclinar¨ªa m¨¢s por labores de concienciaci¨®n social que alerten a los j¨®venes sobre el peligro que tiene el excesivo consumo de alcohol y drogas. Se trata de evitar estas formas de entretenimiento. Confinarlos o meterlos en botell¨®dromos son soluciones menores. Los j¨®venes deben saber conjugar la diversi¨®n con el respeto a los derechos del resto de los ciudadanos. El objetivo debe ser acabar con el fen¨®meno.

P. Junto a la referencia al botell¨®n, la memoria refleja un aumento importante de las causas de menores. ?Est¨¢n relacionadas ambas cosas?

R. Puede ser. Este a?o hemos pedido a los equipos t¨¦cnicos de la Junta

[que asisten a los menores durante sus juicios] que hagan un informe sobre consumo de drogas entre j¨®venes infractores. La conclusi¨®n es que la presencia de estas sustancias incide muy directamente en la delincuencia. Pero la elevaci¨®n de los ¨ªndices delictivos entre los menores es algo que se produce cada a?o. Tambi¨¦n hay una elevaci¨®n cualitativa, los delitos son cada vez m¨¢s graves. Debe haber una relaci¨®n entre ambas cuestiones.

P. En cuanto a los menores inmigrantes, la memoria dice que la prohibici¨®n de repatriar autom¨¢ticamente a los mayores de 16 a?os [vigente desde octubre] se ajusta mejor a la legalidad, pero parece que la soluci¨®n no les satisface totalmente.

R. El problema tiene unas dimensiones extraordinarias. Siempre me he mostrado partidario de establecer f¨®rmulas de retorno respetuosas con la legalidad. Para eso la ¨²nica soluci¨®n es la cooperaci¨®n transfronteriza para devolverlos con las debidas garant¨ªas porque en definitiva, no discutimos el retorno, sino que ¨¦ste sea legal. Una soluci¨®n podr¨ªa ser la creaci¨®n de centros de acogida en Marruecos donde se admita ese retorno con una gesti¨®n compartida por las administraciones de ambos pa¨ªses.

P. Para los mayores, el Gobierno ha conseguido repatriar inmediatamente a los que llegan, pero ustedes tambi¨¦n lo critican.

R. La devoluci¨®n inmediata se ha convertido en una obsesi¨®n, pero a nosotros nos parece importante investigar el tr¨¢fico de personas. Hay provincias donde s¨ª se abren bastante procedimientos sobre estos delitos, por ejemplo la provincia de C¨¢diz, pero en otras provincias, como Granada, no. Nos parece un error focalizar el delito en la entrada. Lo importante es analizar qu¨¦ ocurre antes, c¨®mo se canalizan todas estas formas de criminalidad, y qu¨¦ ocurre despu¨¦s, porque la inmigraci¨®n irregular abastece redes de tr¨¢fico il¨ªcito de mano de obra. A veces se producen situaciones de reclutamiento en origen, como ocurre en los delitos contra la propiedad intelectual [venta ilegal de CD piratas]. La obsesi¨®n con la entrada es un obst¨¢culo para profundizar un poco m¨¢s en este fen¨®meno delictivo.

P. En muchos casos ni siquiera se les identifica al ser detenidos.

R. Eso genera que el inmigrante repita el intento una y otra vez. Hay que saber qu¨¦ ocurre despu¨¦s, d¨®nde iban estas personas, qu¨¦ contactos ten¨ªan en Espa?a, a qu¨¦ pensaban dedicarse...

P. Marruecos dice que posibles terroristas utilizan esa v¨ªa para entrar en Espa?a.

R. En un reciente encuentro de derecho penal hispanomarroqu¨ª que se celebr¨® en Granada, el secretario de Estado del Ministerio de Justicia de Marruecos dijo eso con la consiguiente alarma para todos los presentes. Ese argumento tiene una l¨®gica aplastante.

P. El Fiscal General del Estado ha trasladado al Gobierno su recomendaci¨®n de crear una polic¨ªa especializada en siniestralidad laboral. ?Cu¨¢l ser¨¢ su funci¨®n?

R. Hace a?os que observamos en los casos de siniestralidad algunos delitos relacionados que van m¨¢s all¨¢ de la imprudencia o el riesgo. Aparecen contrataciones il¨ªcitas, situaciones de coacci¨®n y amenazas, delitos fiscales, etc¨¦tera. Por eso propusimos una polic¨ªa que, en vez de actuar tras el accidente, investigara con antelaci¨®n posibles redes de contrataci¨®n ilegal. Propusimos que fuera la polic¨ªa auton¨®mica, ya que la salud de los trabajadores es competencia transferida. En estos casos la obtenci¨®n de la prueba es dif¨ªcil. Los informes de la Inspecci¨®n de Trabajo tienen un buen nivel t¨¦cnico y jur¨ªdico, pero conseguir testimonios requiere una actuaci¨®n policial. Es preciso que otros trabajadores que han sido testigos (en muchos casos extranjeros) expliquen lo que ha ocurrido, cu¨¢nto tiempo llevan trabajando en esas condiciones, etc¨¦tera. Otros delitos, como el acoso ps¨ªquico tambi¨¦n se controlan mejor con agentes especializados.

"La Junta debe extremar su labor de control urban¨ªstico"

Pregunta. ?Qu¨¦ le parece la propuesta del presidente de la Junta de ejercer directamente las competencias urban¨ªsticas en municipios que incumplan la normativa?

Respuesta. La mejor forma de combatir los delitos relacionados con la ordenaci¨®n del territorio es el cumplimiento estricto de la legalidad administrativa. Lo bueno ser¨ªa que el derecho penal no tuviera que intervenir porque los controles administrativos resuelven los problemas. Nos parece correcto que se extreme por la Junta esta labor de control. Asumir directamente las competencias de urbanismo es quiz¨¢s una cuesti¨®n m¨¢s discutible, pero s¨ª es imprescindible extremar los controles administrativos porque el derecho penal muchas veces no resuelve el problema aunque se imponga una sanci¨®n. Nos enfrentamos a las demoliciones, los derechos de terceras personas...

P. En los ¨²ltimos meses se han dictado sentencias importantes en este campo, como la condena del ex alcalde de Marbella, Juli¨¢n Mu?oz ?C¨®mo valora este caso?

R. Se empieza a observar un cambio de tendencia pero todav¨ªa nos queda mucho camino por recorrer. Hay que afrontar el problema de las demoliciones. Nuestra intenci¨®n es restaurar en esos casos la legalidad urban¨ªstica y si para ello es necesario demoler un edificio, intentaremos que sea as¨ª, pero tambi¨¦n hay otras soluciones. Hace un par de meses el Defensor del Pueblo Andaluz, Jos¨¦ Chamizo, recomend¨® a las compa?¨ªas suministradoras de gas, agua y electricidad que no abastecieran a edificaciones ilegales para que no puedan ocuparse.

P. La demolici¨®n de las obras ilegales podr¨ªa suponer quiz¨¢s una sanci¨®n ejemplarizante.

R. No podemos convertir la demolici¨®n en una especie de trofeo que permita visualizar el cambio de actitud respecto a estos delitos. Debe de analizarse en cada caso compaginando la legalidad urban¨ªstica con los derechos de las personas afectadas. En algunos casos ser¨ªa especialmente ejemplar, pero en otros podr¨ªa parecer una medida desproporcionada.

P. ?Qu¨¦ se podr¨ªa hacer para acelerar estos procesos de forma que las obras no generen derechos para otras personas?

R. Es necesaria una utilizaci¨®n de medidas cautelares que impidan el desarrollo de esas obras. Nuestra legislaci¨®n lo permite. La especializaci¨®n de los fiscales tambi¨¦n puede ser un factor decisivo, porque comporta la coordinaci¨®n con las administraciones que facilita mucho el trabajo. Si el fiscal ejerce sus funciones con el auxilio de la Junta y se adoptan esas medidas provisionales s¨ª puede conseguirse una mayor agilidad que evite la generaci¨®n de situaciones perniciosas para terceros no implicados en el caso.

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