El pol¨¦mico camino del reparto del dinero

El apasionamiento en el debate sobre el reparto del dinero de las autonom¨ªas se ha visto estimulado en buena parte por el crecimiento de la conciencia fiscal en Espa?a. Despliegue auton¨®mico y conciencia tributaria han transcurrido en paralelo, pero con frecuentes y tensas interferencias, a lo largo de los ¨²ltimos 25 a?os.

La primera formulaci¨®n por parte del Gobierno central de la corresponsabilidad fiscal de las autonom¨ªas, el primer contencioso serio en esta materia, se explicit¨® en el Libro Blanco del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF) en 1990. El entonces ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Carlos Solchaga, y el secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, dise?aron un modelo que dejaba una puerta abierta a la participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en este impuesto. A partir de este documento, los expertos cifraron en el 20% la posible participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en el IRPF.

La comunidades aut¨®nomas recibieron la actual 'cesta de impuestos' en 2001

La cesi¨®n del 15% del IRPF motiv¨® muchas cr¨ªticas; Aznar, a?os despu¨¦s, cedi¨® el 30%

La idea de la participaci¨®n de las autonom¨ªas en la recaudaci¨®n de los impuestos para dotarlas de responsabilidad fiscal ven¨ªa siendo promovida desde principios de la d¨¦cada de 1980 por destacados hacendistas y pol¨ªticos catalanes. El catedr¨¢tico de Hacienda P¨²blica Antoni Castells, ahora consejero de Econom¨ªa y Finanzas del Gobierno catal¨¢n y art¨ªfice de la propuesta de financiaci¨®n auton¨®mica presentada la semana pasada, public¨® en 1988 Hacienda auton¨®mica, una perspectiva de federalismo fiscal, un libro que se convirti¨® en un documento de referencia del desarrollo auton¨®mico.

En una primera etapa, durante los ochenta, las autonom¨ªas obten¨ªan mayoritariamente sus recursos de las transferencias que recib¨ªan del Estado, seg¨²n el criterio del llamado coste efectivo. Las comunidades recib¨ªan las competencias junto con el dinero que le costaban al Gobierno central los servicios transferidos.

El sistema fue muy ¨²til parra arrancar y poner en marcha el nuevo modelo de Estado, pero llevaba impl¨ªcita una perversi¨®n. El Estado se llevaba la parte ingrata de recaudador, sin ning¨²n coste pol¨ªtico para las autonom¨ªas, que aparec¨ªan con todas las ventajas de quien realiza el gasto.

La demanda de algunas autonom¨ªas, especialmente Catalu?a, de participar en la recaudaci¨®n del IRPF o del IVA, asumiendo as¨ª una parte de la responsabilidad fiscal, fue ganando terreno, pero el Gobierno socialista no se atrev¨ªa a ponerla en pr¨¢ctica por temor a las reacciones de ciertos dirigentes territoriales y a que apareciera como una cesi¨®n a las reivindicaciones nacionalistas del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

El frente de rechazo a la cesi¨®n del IRPF (entonces el 15%) a las autonom¨ªas estaba liderado por el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra, y contaba con los s¨®lidos apoyos del presidente andaluz, Manuel Chaves, y sobre todo del presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, que aseguraban que la medida aumentar¨ªa las desigualdades. Para el Partido Popular, la cesi¨®n significaba un agravio inaceptable. El actual presidente del PP, Mariano Rajoy, entonces vicesecretario de ese partido, advirti¨® de que su formaci¨®n se opondr¨ªa a "cualquier cambalache".

Pero en 1993 las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes se convirtieron en condiciones. Gonz¨¢lez tuvo que ceder el 15% a las comunidades si quer¨ªa contar con los votos de Pujol que precisaba para gobernar. Fue un mal comienzo para el desarrollo auton¨®mico. La sombra del chantaje, seg¨²n teorizaron algunos sectores, oscureci¨® para siempre una iniciativa de inspiraci¨®n socialista, pero que Narc¨ªs Serra y Carlos Solchaga, los hombres fuertes del Gobierno socialista, no fueron capaces de poner en marcha.

Despu¨¦s result¨® que los temores sobre los supuestos perjuicios para algunas autonom¨ªas resultaron infundados. Un estudio de la Fundaci¨®n Pi i Sunyer revel¨® en 1997 que el impacto del 15% del IRPF era muy limitado y las beneficiarias no eran las comunidades m¨¢s ricas, sino las que m¨¢s crec¨ªan, como Canarias, Andaluc¨ªa y Galicia.

El segundo salto en el desarrollo del modelo tambi¨¦n vino marcado por los resultados electorales. En 1996 gan¨® las elecciones el PP, y para formar gobierno tambi¨¦n precis¨® el apoyo de los nacionalistas catalanes. Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar recicl¨® r¨¢pidamente su pensamiento y de su radical oposici¨®n a ceder el 15% del IRPF pas¨® a dar el 30%.

De nuevo las iniciativas y propuestas de construir un modelo basado en la eficiencia, la transparencia y las necesidades objetivas de las comunidades quedaron eclipsadas por la coyuntura pol¨ªtica.

Pero el nuevo sistema acordado en el c¨¦lebre pacto del Majestic entre Aznar y Pujol, que estuvo vigente entre 1997 y 2001, tampoco dio los resultados esperados. La dependencia de un solo impuesto como el IRPF, al que adem¨¢s el nuevo Gobierno ten¨ªa previsto quitar relevancia, desvirtu¨® los resultados esperados. Adem¨¢s, las comunidades socialistas que no firmaron el pacto (Castilla-La Mancha, Extremadura y Andaluc¨ªa) resultaron perjudicadas al ser penalizadas por asignarles una poblaci¨®n inferior a la real.

Fue en Catalu?a donde volvi¨® a tomar cuerpo el debate sobre la financiaci¨®n auton¨®mica. En 1997, cuando a¨²n no se hab¨ªan cumplido seis meses del pacto del Majestic, Pujol lanz¨® un nuevo ¨®rdago. Anunci¨® que para el periodo que empezar¨ªa en 2002 exigir¨ªa un modelo propio y bilateral como el del concierto del Pa¨ªs Vasco. La propuesta de pacto fiscal fue perfilada despu¨¦s por su delf¨ªn, Artur Mas, l¨ªder de CiU, con el objetivo central de reducir en 400.000 millones de pesetas la aportaci¨®n de Catalu?a al Estado. Las negociaciones condujeron a un nuevo acuerdo en julio de 2001, por el que se ced¨ªa a las comunidades una cesta de impuestos (33% del IRPF, 35% del IVA y el 40% o 100%, seg¨²n los casos, de los impuestos especiales). Fue una iniciativa inspirada por la entonces consejera de Econom¨ªa andaluza, Magdalena ?lvarez, hoy ministra de Fomento.

El acuerdo de 2001, con vocaci¨®n de definitivo, deber¨ªa haber proporcionado a Catalu?a unos ingresos adicionales de 1,6 billones de pesetas, seg¨²n el entonces el consejero de Econom¨ªa, Francesc Homs. Los socialistas catalanes criticaron desde la oposici¨®n el acuerdo por insuficiente y cifraron los incrementos reales de ingreso en unos 40.000 millones de pesetas.

Tras la constituci¨®n del Gobierno tripartito catal¨¢n a finales de 2003 con participaci¨®n del PSC, ERC e ICV, la financiaci¨®n auton¨®mica volvi¨® a ocupar el primer plano del debate pol¨ªtico. La propuesta presentada la semana pasada por el consejero Antoni Castells -cuyo elemento sustancial es que Catalu?a recaudar¨¢, adem¨¢s de los propios, todos los impuestos estatales pagados en Catalu?a, sobre los que tendr¨¢ capacidad normativa, y el Estado participar¨¢ como m¨¢ximo en el 50%- ha vuelto a suscitar un apasionado debate en toda Espa?a, aunque no m¨¢s tenso que en ocasiones anteriores.

Se trata sin duda de la propuesta m¨¢s ambiciosa que se formula en Espa?a para establecer un modelo federal del tipo de los existentes en Alemania y Canad¨¢. Aunque los condicionantes pol¨ªticos son evidentes (necesidad de que el PSC y los independentistas de ERC mantengan el acuerdo en el seno del Gobierno tripartito, que se sume CiU para que prospere el Estatuto y se pacte con el Gobierno central, que debe cuadrar las cuentas del todo el Estado), la propuesta motivar¨¢ un profundo debate suscitado por el rigor y la precisi¨®n de su contenido.