Catalu?a mira a la Hacienda vasca
La apuesta autonomista catalana se presenta como constitucionalista frente al soberanismo vasco. Pero ?cu¨¢ntas semejanzas tienen ambos casos?
Tras cinco lustros de desarrollo estatutario, el sistema tiene ante s¨ª el desaf¨ªo soberanista vasco y un ambicioso proyecto estatutario catal¨¢n que reabre el proceso auton¨®mico en clave pol¨¦mica. Son dos focos muy poderosos, pero diferentes. Mientras el primero aspira a situarse extramuros del sistema -si el nacionalismo vasco pronuncia ¨²ltimamente la palabra Espa?a, hasta ahora tab¨², es porque designa un territorio que ya ha sido declarado ajeno-, la reforma financiera y pol¨ªtica del Ejecutivo catal¨¢n se proclama a s¨ª misma constitucional e integradora. "Nuestra propuesta federal no puede, en ning¨²n caso, confundirse con el soberanismo", reza el borrador del proyecto de nuevo estatuto que maneja el Ejecutivo catal¨¢n.
El problema es que, pese a todo, no es evidente que el Estado de las autonom¨ªas pueda digerir, tal cual, el estatuto que prepara el Gobierno de la Generalitat de Catalu?a. Contra lo que argumentan los partidos catalanes, casi al un¨ªsono, las resistencias a su proyecto no provienen s¨®lo de esa opini¨®n p¨²blica y de esos pol¨ªticos que, contra lo establecido en la Constituci¨®n, guardan una concepci¨®n centralista del Estado y siempre han mirado a las autonom¨ªas como un peligroso engorro que conduce indefectiblemente a la desaparici¨®n de Espa?a. Las resistencias se asientan est¨¢ vez en sectores de opini¨®n que creyeron en su d¨ªa en la Espa?a auton¨®mica y que hoy contemplan con preocupaci¨®n la situaci¨®n actual, en dem¨®cratas y republicanos que creen en la necesidad de preservar el Estado.
Tal y como se ha visto estos d¨ªas, las resistencias se reproducen igualmente en el seno mismo del PSOE, de forma que la discusi¨®n cl¨¢sica con los nacionalismos hist¨®ricos se ha ampliado y trasladado a las propias filas del socialismo espa?ol. "Dudo mucho de que en mi partido haya voces cr¨ªticas al estatuto", indica el consejero de Econom¨ªa de la Generalitat de Catalu?a, Antoni Castells, y lo que quiere decir es que el PSC es un partido independiente, distinto al que componen los "amigos" del PSOE. "En Catalu?a existe un sentimiento generalizado de que nuestra aportaci¨®n es excesiva, que nuestro desarrollo tiene un cuello de botella y que perdemos posiciones en el ranking de renta". Visto el respaldo pol¨ªtico general que se presta a esas opiniones, cualquiera dir¨ªa que la queja catalana tiene que tener un fundamento objetivo profundo, incuestionable. Y, sin embargo, como se ve en el asunto de las balanzas fiscales, cabe mejor pensar que entre las razones objetivas hay tambi¨¦n un alto componente de subjetividad comunitaria.
Catalu?a trabaja y Espa?a sestea
Es como si a lo largo de las ¨²ltimas d¨¦cadas se hubiera creado una gran ola agraviada sobre la que ahora surfea el tripartito catal¨¢n, como si las convenciones y prejuicios asentados en estos a?os de gobiernos nacionalistas hubieran impregnado la mirada, cargada de aprensi¨®n, con que Catalu?a fiscaliza mentalmente el desarrollismo madrile?o o las inversiones que realizan sus vecinos hermanos valencianos.
Y por decirlo todo -Maragall y sus consejeros hablan con soltura de la cultura del subsidio que, a su juicio, impera en Andaluc¨ªa y Extremadura-, el imaginario colectivo redescubre aquello de que los catalanes trabajan mientras media Espa?a sestea al calor de las subvenciones. Por no hablar de Josep Carod Rovira, siempre dispuesto a denunciar "el robo" sistem¨¢tico a que se somete a Catalu?a. ?Pierde algo Barcelona si las Olimpiadas de 2012 se realizaran en Madrid? ?No se beneficiar¨ªa del flujo de visitantes extranjeros que llegar¨ªan a Espa?a y del incremento de los ingresos que, al final, van a la caja com¨²n?
El caso es que la "primera locomotora de Espa?a" cree que no est¨¢ recibiendo el trato adecuado y aunque se piense que el problema es en buena medida subjetivo, construido a partir de una percepci¨®n insuficiente o err¨®nea de la realidad, eso no disuelve la irritaci¨®n, ni elimina el conflicto. Porque es dudoso que los agraviados doblemente con "Madrid", con Madrid como sin¨®nimo del Estado y con Madrid comunidad aut¨®noma y capital de Espa?a, cambien de opini¨®n si se les dice que, puestos a hablar de balanzas fiscales, son los madrile?os precisamente quienes m¨¢s aportan a las arcas comunes.
Seguramente, los catalanes tienen raz¨®n cuando se quejan de falta de inversiones estatales en los ¨²ltimos tiempos y de que todas sus autopistas son de peaje, cuando explican sus dificultades para cubrir el gasto sanitario, cuando subrayan que es necesario engrasar la "primera locomotora espa?ola", incluso cuando defienden que los mecanismos de solidaridad han de nivelar, pero no, exactamente, igualar.
Esto ¨²ltimo, argumentan, vendr¨ªa avalado por una vieja sentencia (20-02-53), luego actualizada, del Tribunal Constitucional alem¨¢n que establece lo siguiente: "No ser¨ªa justo y contravendr¨ªa la naturaleza del sistema federal que, independientemente de los esfuerzos fiscales y de la recaudaci¨®n, todos los l?nder tuvieran la misma capacidad financiera, gracias a los mecanismos de reparto horizontal. Un hecho as¨ª fomentar¨ªa el desinter¨¦s de los l?nder en mejorar su situaci¨®n, puesto que todos ellos obtendr¨ªan lo mismo y eso penalizar¨ªa injustamente a los m¨¢s diligentes". Pobre en Francia, rico en Espa?a
Salir y entrar de Barcelona supone efectivamente someterse a un rosario de peajes que los catalanes soportan con notable irritaci¨®n, sobre todo cuando comprueban que eso no ocurre en la mayor parte de Espa?a. Como en Euskadi, las infraestructuras viarias que en su d¨ªa fueron pioneras y envidiadas en una Espa?a de carreteras insufribles, resultan hoy obsoletas y gravosas. Lo inquietante es que este tipo de discusiones se hayan llevado a la calle en forma de agravios, que el reproche, el di¨¢logo de sordos y la desconfianza se adue?en de las relaciones interterritoriales.
Desde la colina de la insatisfacci¨®n, Catalu?a escudri?a lo que ocurre al otro lado de los Pirineos y descubre (Informe de R¨¦my Prud'home, profesor de la Universidad de Par¨ªs XII) que con una renta per c¨¢pita algo inferior a la suya, la vecina regi¨®n francesa de Midi Pyren¨¦es es receptora neta de ayuda estatal. De acuerdo con ese estudio, cuestionado por especialistas espa?oles, resulta que mientras la balanza fiscal de Midi Pyren¨¦es es positiva en el 5,51% de su PIB regional, Catalu?a tiene una balanza negativa de 5,45%, 11 puntos de diferencia, nada menos. Y es que, adem¨¢s de ser bastante m¨¢s rico que Espa?a -se puede ser, a la vez, relativamente pobre en Francia y relativamente rico en Espa?a-, el Estado franc¨¦s ejerce una mayor presi¨®n fiscal, lo que le permite asistir mejor a las regiones menos boyantes. ?Significa eso que los catalanes envidian el modelo centralista franc¨¦s y su sistema impositivo fiscal?
Sea como fuere, los ojos del nacionalismo catal¨¢n tienen puesta su mirada en Euskadi, sobre todo desde que el Concierto vasco y el Convenio navarro se han revelado como provechosas fuentes de financiaci¨®n. Desde que el PSC de Pasqual Maragall desbanc¨® a CiU en la Generalitat, el nacionalismo catal¨¢n ha empezado a reclamar una f¨®rmula similar a la de Euskadi, especulando, incluso, con la posibilidad de asentar esa reivindicaci¨®n en la invocaci¨®n a los "derechos hist¨®ricos" de Catalu?a. Como la tarea es harto dif¨ªcil a estas alturas, la idea del tripartito catal¨¢n es obtener por otras v¨ªas los mismos resultados que los vascos y navarros. La f¨®rmula de pagar al Estado un m¨¢ximo del 50% de la recaudaci¨®n otorgar¨ªa a la Generalitat unos ingresos adicionales anuales superiores a los 2.400 millones de euros.
?Pero, no resulta contradictorio denunciar un privilegio y aspirar a conseguirlo? ?Establecer que "los ingresos por habitante de la Generalitat tender¨¢n a equipararse progresivamente a los obtenidos en aplicaci¨®n de los sistemas de Concierto y Convenio vigentes en las comunidades aut¨®nomas forales" y afirmar, un poco m¨¢s adelante, que "la Generalitat contribuir¨¢ a la solidaridad con las otras comunidades aut¨®nomas del Estado de manera que los servicios prestados a sus ciudadanos puedan conseguir niveles similares alcanzando un esfuerzo fiscal similar?".
Comprometido de pies y manos en un ambicioso proyecto de reformas que invoca al excepcional art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n -inexistente en otros pa¨ªses- para reclamar el traspaso de competencias exclusivas del Estado, tales como puertos, aeropuertos, espacio radioel¨¦ctrico, telecomunicaciones, consultas populares, inmigraci¨®n..., el socialismo catal¨¢n se afana por encauzar el proceso y disolver los recelos.
Modelo confederal para unos pocos
"Nuestro objetivo es constituir un gran acuerdo que resuelva el encaje de Catalu?a en Espa?a", proclama el PSC. "Queremos quedarnos en Espa?a y estamos dispuestos a ser solidarios con el resto de las regiones todo el tiempo que haga falta", subraya el portavoz de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. ?Pero, por qu¨¦ estos anuncios no disuelven, por s¨ª mismo, todas las dudas? ?Es porque la experiencia vasca -cinco lustros subiendo pelda?os en la escalera del autogobierno para finalmente optar por la huida hacia delante- ha laminado la confianza de gran parte de la sociedad espa?ola y asentado convicci¨®n de que los nacionalismos son insaciables?
En cualquier caso, hay expertos que ven en el proyecto de financiaci¨®n catal¨¢n no un sistema federal, en la pr¨¢ctica ya existente, aunque mejorable, sino el embri¨®n de un modelo confederal privativo para unas pocas comunidades. "Es una propuesta de enorme calado porque no s¨®lo afectar¨ªa al patr¨®n distributivo de los recursos p¨²blicos, sino tambi¨¦n a la l¨®gica federal del actual modelo de financiaci¨®n auton¨®mica", indica Jos¨¦ V¨ªctor Sevilla, director general de Tributos en el primer Gobierno democr¨¢tico.
"El proyecto se desliza hacia el modelo confederal", explica, "en la medida en que cuestiona la competencia de la Hacienda central y del Parlamento espa?ol a la hora de fijar la pol¨ªtica de equidad interterritorial. Si se aplicara, podr¨ªan ocurrir dos cosas, alternativamente: o bien que los ciudadanos catalanes pagaran menos impuestos que, por ejemplo, los extreme?os, o que pagando los mismo impuestos, recibieran mejores servicios p¨²blicos".
Las mismas voces que llegan de Catalu?a tienen un componente inequ¨ªvoco de reforma-ruptura del sistema: "S¨ª, queremos la asimetr¨ªa. Queremos m¨¢s y mejor poder para Catalu?a". Obviamente, esa din¨¢mica se contrapone con la aspiraci¨®n a actualizar y cerrar el sistema. "Todos los sistemas federales viven en una cierta tensi¨®n", comenta Miquel Iceta. "Hemos alcanzado pr¨¢cticamente el techo competencial", sostiene, por su parte, Jos¨¦ Luis M¨¦ndez, secretario de Estado.
Aunque muchas autonom¨ªas no ven la necesidad de esta reforma y, llegado el caso, podr¨ªan limitarse a una mera reactualizaci¨®n del texto original y a la introducci¨®n de una serie de ajustes, lo previsible es que se aplique lo del "nosotros, como el que m¨¢s". ?C¨®mo neg¨¢rselo? El presidente Rodr¨ªguez Zapatero se ha comprometido a aceptar aquellas propuestas que respeten los l¨ªmites marcados por la Constituci¨®n y lleguen a las Cortes avaladas por un amplio consenso. En Catalu?a puede ocurrir que el texto definitivo cuente con un amplio aval pol¨ªtico, pese a que el PP se ha desmarcado de la propuesta de financiaci¨®n. ?La unanimidad catalana llegar¨¢ al punto de aceptar que se establezca un l¨ªmite a la aportaci¨®n v¨ªa impuestos que realizan los contribuyentes de esa comunidad? ?C¨®mo neg¨¢rselo en ese caso? ?Y c¨®mo negarle a Catalu?a que obtenga de una u otra forma lo que de hecho tienen vascos y navarros?
Lo que no aportan vascos y navarros
El profesor ?ngel de la Fuente se muestra taxativo: "La reforma no puede establecer l¨ªmites regionales a la redistribuci¨®n de la renta o permitir la existencia de desigualdades territoriales significativas en la calidad de los servicios p¨²blicos", afirma. Para garantizar ese objetivo, el profesor De la Fuente propone que el sistema de financiaci¨®n est¨¦ basado en "indicadores objetivos de necesidades de gasto" y que ese sistema se aplique "sin excepci¨®n alguna". Es una manera de decir en voz alta lo que los expertos fiscales y algunos pol¨ªticos comentan por lo bajo desde hace tiempo: que Euskadi y Navarra no contribuyen realmente a la solidaridad interterritorial.
"El Concierto permite al Pa¨ªs Vasco cobrar pr¨¢cticamente todos los impuestos y financiar los gastos del Estado en base a una al¨ªcuota, el 6,24%, que representa la renta de esa comunidad respecto de la renta espa?ola", explica Jos¨¦ V¨ªctor Sevilla. "Esto, que en principio parece correcto y generalizable, no lo es en la pr¨¢ctica, porque al calcular el cupo no se considera la totalidad de los gastos del Estado, sino ¨²nicamente una parte", asegura. "El Pa¨ªs Vasco y Navarra hacen su aportaci¨®n correspondiente al Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI), pero lo que falta por incluir en el cupo", subraya, "son aquellos gastos del Estado que se destinan a las pol¨ªticas de equidad interterritorial". Seg¨²n sus estudios, eso explica que, por ejemplo, en 1997 la media de recursos p¨²blicos por habitante fuera de 426.000 pesetas en Navarra y de 396.000 en Euskadi, frente a las 270.000 de media en el resto de Espa?a.
"Nosotros contribuimos a las cargas generales del Estado con el 1,6% de nuestro PIB, que es lo que nos corresponde de acuerdo con el Convenio", indica el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Francisco Iribarren. "Nuestro sistema no contempla, en efecto, aportaciones a los mecanismos de nivelaci¨®n, pero no se puede hablar de privilegios", dice, "entre otras cosas, porque el Convenio navarro fue refrendado por la Constituci¨®n". En lugar de privilegios, el vicepresidente navarro prefiere hablar de "un sistema diferente que funciona bien cuando se genera mucha riqueza y muy mal en situaciones de crisis". Piensa que los catalanes no est¨¢n siendo coherentes. "En su momento tuvieron la oportunidad de adoptar un sistema parecido al nuestro y no se atrevieron", indica. "Ahora se fijan en nosotros, pero nadie nos prest¨® atenci¨®n a principios de los noventa, cuando acumul¨¢bamos un d¨¦ficit anual del 20% del Presupuesto", enfatiza.
En su opini¨®n, el Convenio navarro no permite incorporar la obligatoriedad de nuevas aportaciones. "A no ser, claro, que se modifique el propio Convenio, que es anterior a la Constituci¨®n, o que se elimine el r¨¦gimen foral", subraya, desde el convencimiento de que ¨¦sa es una perspectiva improbable por la enorme carga conflictiva que entra?a. "Adem¨¢s", a?ade, "no es tan evidente que nuestra balanza fiscal sea positiva, porque nosotros tenemos al menos un estudio, de la Fundaci¨®n de las Cajas de Ahorros (Funcas), que nos sit¨²a entre los contribuyentes, cosa que no puede decir el Gobierno vasco", apunta Francisco Iribarren. El Gobierno vasco ha respondido con el silencio a la invitaci¨®n a exponer sus datos y argumentos cursada por este peri¨®dico.
El misterio del Cupo
La negociaci¨®n del Cupo y sus intr¨ªngulis financieros han parecido siempre envueltos en una nebulosa de secreto, como un enigma, indescifrable, incluso, para los estudiosos. Evitar fricciones en el terreno de la foralidad -el Concierto, que no se cuestiona en el plan Ibarretxe, cuenta con un respaldo general en la sociedad vasca-, ha sido un prop¨®sito permanente de los sucesivos gobiernos centrales, en la esperanza, defraudada, de que los nacionalistas vascos encontrar¨ªan finalmente su acomodo dentro del marco constitucional. Eso no ha evitado, desde luego, el discurso victimista, ni la creencia popular de que "Madrid" sigue aprovech¨¢ndose del trabajo y del dinero de los vascos. El "misterio del Cupo" se ha ido disipando a medida que el PNV ha ido ense?ando sus cartas. Los catalanes han sido los primeros en airear los supuestos privilegios.
"En lugar de que Catalu?a se aproxime al Concierto y al Convenio, lo que hay que hacer es que vascos y navarros vayan contribuyendo, poco a poco, hasta homologarse con el resto. No se trata de eliminar los reg¨ªmenes forales, que son plenamente constitucionales, sino, simplemente, de hacer correctamente las cuentas", coinciden en se?alar Jos¨¦ V¨ªctor Sevilla y ?ngel de la Fuente. El art¨ªculo 138.2 de la Constituci¨®n, que impide los privilegios entre las comunidades, es un argumento poderoso que unir a la evidencia de que la situaci¨®n actual estimula las din¨¢micas insolidarias en Catalu?a.
Tambi¨¦n el profesor Mart¨ª Parayada opina que no es preciso romper el actual esquema de financiaci¨®n. "Hay un recorrido posible si se aumenta el porcentaje de las autonom¨ªas en el IRPF y el IVA y se les traspasa una parte del impuesto de sociedades. Si, adem¨¢s, se acaban los privilegios y vamos a un cierto equilibrio, la cosa podr¨ªa arreglarse. Lo que no es admisible", subraya, "es que los vascos no paguen la solidaridad. ?sta es una necesidad y una exigencia democr¨¢tica porque su comportamiento tiene un efecto distorsionador en el sistema". No es el ¨²nico que cree en la posibilidad de un acuerdo con Catalu?a, aunque el margen sea muy reducido.
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