Delitos prescritos

La nueva doctrina sobre la prescripci¨®n penal perge?ada por el Tribunal Constitucional tiene alcance general, pero afecta muy particularmente a la Hacienda p¨²blica en sus tareas de persecuci¨®n del fraude fiscal. Hasta ahora, el plazo legalmente establecido para perseguir un delito -de cinco, diez o m¨¢s a?os, seg¨²n su gravedad- se interrump¨ªa por la simple interposici¨®n de la correspondiente denuncia o querella. Para el Constitucional, la sola iniciativa del perjudicado, sea una instancia p¨²blica o un particular, no basta para detener el reloj de la prescripci¨®n; se necesita para ello que medie alg¨²n acto judicial: la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella o denuncia, principalmente.

Las consecuencias son obvias. De un lado, la obligaci¨®n de los perjudicados de acudir lo m¨¢s r¨¢pidamente posible a los tribunales; y de otro, la exigencia de una inmediata respuesta judicial. En el caso concreto que ha servido al Constitucional para elaborar su doctrina -una querella de Hacienda en 1998 contra un matrimonio de Ourense por una deuda tributaria tras vender unas propiedades a una hija y su marido-, la respuesta judicial se produjo dos a?os despu¨¦s y fuera de plazo por extrav¨ªo de los papeles de la demanda. El Constitucional no se pronuncia sobre si la demora fue o no imputable al juez o a la Agencia Tributaria, pero la considera una vulneraci¨®n flagrante del derecho de los querellados a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas. En esta situaci¨®n pueden hallarse actualmente unos 2.000 expedientes por delito fiscal, sobre los que los tribunales a¨²n no se han pronunciado y que quedar¨ªan amnistiados si lo hicieran fuera del plazo de prescripci¨®n.

A la luz de esta sentencia, Hacienda est¨¢ obligada a cambiar su modus operandi en la persecuci¨®n del delito fiscal, apresur¨¢ndose ante los tribunales sin esperar a que se agoten los plazos. Y los tribunales asumen una gran responsabilidad si no act¨²an a su debido tiempo provocando que estos u otros delitos queden impunes. Es inadmisible que los tribunales econ¨®mico-administrativos acumulen en la actualidad 200.000 expedientes tributarios sin resolver y que corren el riesgo de prescribir.