Archivada una querella contra el fiscal de Medio Ambiente
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado una querella contra el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, defendido por el abogado Mariano Ben¨ªtez de Lugo. La querella fue promovida por dos de los presuntos integrantes de la trama inmobiliaria de Alcorc¨®n que Valerio denunci¨® en agosto de 2003 y que inclu¨ªa al ex alcalde Pablo Z¨²?iga, del PP. Los querellantes, los abogados Juan Benigno Alonso y Francisco Mo?ux, acusaron a Valerio de filtrar su querella. Alegaban un delito de revelaci¨®n de secretos y que conocieron su contenido por la prensa.
El auto recuerda que los querellantes intentaron que comparecieran los periodistas que publicaron la querella en la p¨¢gina web de EL PA?S, "dato que permitir¨ªa imputar tambi¨¦n la autor¨ªa del delito, no s¨®lo a los que indujeron a cometer el delito, sino tambi¨¦n a los que cooperaron en su ejecuci¨®n". La sala rechaza este criterio: "Resulta sumamente dudoso que pueda ampliarse la querella contra los periodistas si la querella no se dirigi¨® contra ellos, y se inadmite la querella contra el ¨²nico aforado". El escrito reitera que los periodistas que reprodujeron la querella s¨®lo ejercieron el derecho a la libertad de expresi¨®n.
En lo tocante a la actuaci¨®n de Valerio, el auto proclama lo siguiente: "El fiscal querellado no efectu¨® ninguna revelaci¨®n de actuaciones declaradas secretas por la sencilla raz¨®n de que: a) no exist¨ªan actuaciones declaradas secretas; b) no se produjo la revelaci¨®n por el fiscal querellado, que neg¨® expresamente este hecho ante el magistrado instructor; c) si las actuaciones no fueron declaradas secretas y el fiscal no revel¨® las actuaciones, no puede haberse incurrido en la tipificaci¨®n delictiva recogida en el art¨ªculo 466.2 del C¨®digo Penal".
Igualmente, el fallo plantea que "no debe olvidarse que el secreto procesal no constituye la regla general, sino que las actuaciones judiciales est¨¢n presididas por el principio de publicidad, reflejado en el art¨ªculo 120.1 de la Constituci¨®n espa?ola, que dispone expresamente que las actuaciones judiciales ser¨¢n p¨²blicas". Y recuerda el derecho del fiscal a informar.
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