Detenido un grupo acusado de estafar a unos 100 inmigrantes con ofertas de trabajo falsas
La banda cobraba 2.000 euros a cada extranjero por tramitar la solicitud de regularizaci¨®n
Nuevo golpe contra los falsificadores de ofertas de trabajo. Agentes de la Brigada Provincial de Documentaci¨®n y Extranjer¨ªa han detenido a los nueve integrantes de una banda que se dedicaba a estafar a inmigrantes irregulares con falsas promesas de regularizaci¨®n. Entre los detenidos hay tres espa?oles, cuatro peruanos, un ecuatoriano y un argentino, que era el que dirig¨ªa la organizaci¨®n, seg¨²n inform¨® ayer la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Madrid. Los agentes calculan que unos 100 extranjeros sin papeles han sido v¨ªctimas de esta banda. Cada uno de ellos tuvo que desembolsar unos 2.000 euros, de media, a cambio de un contrato de trabajo que no era tal.
Las investigaciones del Grupo V de la Unidad contra Redes de Inmigraci¨®n Ilegal y Falsificaci¨®n Documental (Ucrif) comenzaron a ra¨ªz del testimonio de una mujer de nacionalidad peruana. ?sta denunci¨® que hab¨ªa pagado unos 8.000 euros para que unos individuos le tramitaran los permisos de residencia y trabajo de su hijo y de un ahijado; ambos resid¨ªan en Per¨² y ten¨ªan la intenci¨®n de trasladarse a Espa?a para instalarse aqu¨ª. La mujer contact¨® con una organizaci¨®n no gubernamental (ONG) de car¨¢cter religioso para denunciar el hecho.
La organizaci¨®n ahora desarticulada captaba a sus v¨ªctimas en los lugares de reuni¨®n y ocio frecuentados por inmigrantes. Trataba con extranjeros que quer¨ªan traer a familiares de sus pa¨ªses de origen o con inmigrantes sin papeles que quer¨ªan regularizar su situaci¨®n en Espa?a. El boca a boca tambi¨¦n funcionaba en este caso.
Los agentes iniciaron las investigaciones y consiguieron identificar al m¨¢ximo responsable de la banda: el ciudadano argentino Horacio Luis H. B., de 65 a?os. Se trata de un jubilado que en su d¨ªa fue propietario de una empresa (hoy ya sin actividad). Para hacer veros¨ªmil lo que ahora se ha descubierto un fraude, Horacio hab¨ªa llegado a alquilar una mesa de despacho en las oficinas de un c¨®nsul.
Los inmigrantes peruanos detenidos son Francisca L. S., de 38 a?os; su marido, Sim¨®n B. Ll., de 47; Alfredo A. P., de 27, y Juver R. I., de 40. Junto a ellos fueron arrestados los empresarios espa?oles y hermanos Antonio y Valent¨ªn L. M., de 39 y 33 a?os, respectivamente.
Estos dos empresarios cobraban entre 300 y 500 euros por cada solicitud de regularizaci¨®n de extranjeros que presentaban (previamente, la banda hab¨ªa cobrado unos 2.000 euros a cada inmigrante). En la compa?¨ªa que dirigen ambos figuran 140 solicitudes, de las que 40 han sido admitidas en el ¨²ltimo proceso de regularizaci¨®n puesto en marcha por el Gobierno central.
Seg¨²n la polic¨ªa, entre los estafados hay personas que hipotecaron sus bienes en el pa¨ªs de origen para pagar el dinero que les exig¨ªan para presentarles la documentaci¨®n. En algunos casos los integrantes de la banda utilizaban los nombres de distintas empresas de construcci¨®n, cuyos propietarios desconoc¨ªan, en la mayor¨ªa de los casos, que se estaba haciendo uso de sus marcas.
Empresas sin actividad
En otras ocasiones, como en el caso de dos de los tres espa?oles detenidos, eran los propios due?os de las empresas los que vend¨ªan ofertas fraudulentas a los intermediarios en Espa?a. Los acusados fueron arrestados en Illescas (Toledo), Madrid y Alcal¨¢ de Henares. Utilizaban los sellos y los documentos de empresas que llevaban m¨¢s de cinco a?os inactivas para rellenar con ellos las solicitudes de regularizaci¨®n. Algunas de esas firmas llevaban sin actividad incluso desde 1998.
Los agentes efectuaron diversos registros en los domicilios y en los locales que utilizaba la organizaci¨®n, tras conseguir el preceptivo mandamiento judicial. En ellos se incautaron numerosa documentaci¨®n relativa a las manipulaciones que el grupo llevaba a cabo, adem¨¢s de sellos, ofertas de trabajo, agendas, solicitudes de permiso de trabajo y residencia y pasaportes, entre otros objetos.
El estudio de esta documentaci¨®n ha permitido determinar a los agentes del Grupo V de la Ucrif que cada inmigrante entregaba unos 2.000 euros por la tramitaci¨®n. La polic¨ªa ha calculado que unos 100 ciudadanos peruanos y ecuatorianos han viajado a Espa?a con la ayuda delictiva de esta organizaci¨®n.
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