Una mala propuesta

El n¨²cleo de la propuesta del tripartito se puede resumir en tres puntos. En primer lugar, se atribuye a la Generalitat una amplia (?exclusiva?) capacidad normativa sobre todos los impuestos, as¨ª como competencias exclusivas de gesti¨®n y recaudaci¨®n (posiblemente en coordinaci¨®n con la Hacienda central), y se limita a un m¨¢ximo del 50% la participaci¨®n del Estado en los tributos cedidos. En segundo lugar, se fija un objetivo de reducci¨®n del d¨¦ficit fiscal catal¨¢n y otro de equiparaci¨®n gradual al alza con los territorios forales. Finalmente, se establece un mecanismo de nivelaci¨®n que habr¨¢ de garantizar que todas las regiones puedan ofrecer servicios similares a igualdad de esfuerzo fiscal.

?ste es un asunto que ha de pactarse entre todos y en el que no caben imposiciones unilaterales

El texto viola no s¨¦ si la letra, pero s¨ª el esp¨ªritu de la Constituci¨®n, por su orientaci¨®n confederal

El texto presenta muchos problemas. El primero de ellos es que un Estatuto de autonom¨ªa no es el veh¨ªculo adecuado para modificar una normativa de car¨¢cter cuasi constitucional que afecta al conjunto del pa¨ªs. Como ha recordado el Gobierno, este es un asunto que ha de pactarse entre todos y en el que no caben imposiciones unilaterales.

Un segundo problema es que el sistema que se esboza en el texto resulta de muy dif¨ªcil encaje constitucional. La propuesta comportar¨ªa la renuncia del Estado a regular y recaudar sus propios impuestos en Catalu?a, extendiendo as¨ª una peculiaridad hist¨®rica del r¨¦gimen foral (de ya muy dif¨ªcil gesti¨®n) a una comunidad con un peso muy significativo, lo que probablemente abrir¨ªa la puerta a una generalizaci¨®n del sistema. No se trata, por tanto, de profundizar en la construcci¨®n de un Estado federal, sino de un cambio cualitativo en la direcci¨®n de un sistema confederal en el que una Administraci¨®n central privada de recursos propios adoptar¨ªa una posici¨®n subordinada a la de los gobiernos regionales.

Finalmente, la propuesta contiene una ambig¨¹edad esencial cuya resoluci¨®n har¨¢ que o bien se revele como internamente contradictoria o bien que la garant¨ªa de nivelaci¨®n regional se quede en papel mojado. La clave est¨¢ en lo que se entienda por "a igual esfuerzo fiscal". Este t¨¦rmino suele interpretarse como la recaudaci¨®n tributaria medida como fracci¨®n de la renta regional, pero la expresi¨®n entrecomillada podr¨ªa entenderse tambi¨¦n como "a igual escala tributaria" o como "a igual recaudaci¨®n por habitante". En el segundo caso (igual escala), el resultado del sistema de financiaci¨®n propuesto tendr¨ªa que ser muy similar al actual y el incremento de la financiaci¨®n de la Generalitat (en torno al 5%) quedar¨ªa muy por debajo de los objetivos del tripartito. Dada la escasa progresividad efectiva del sistema fiscal, el resultado ser¨ªa muy similar bajo la primera acepci¨®n del t¨¦rmino esfuerzo fiscal (igual recaudaci¨®n sobre PIB).

S¨®lo queda, por tanto, la tercera opci¨®n como forma de reducir significativamente el d¨¦ficit fiscal, pero ciertamente la garant¨ªa de iguales servicios a igualdad de recaudaci¨®n por habitante no pasa de ser una forma de decir que cada uno se lo monte como pueda con sus propios recursos.

El art¨ªculo 7.2.b del texto parece apuntar en esta direcci¨®n. Aunque en otros apartados s¨ª se habla de progresividad, en ¨¦ste se afirma sin m¨¢s matices que el mayor esfuerzo fiscal de los ciudadanos de Catalu?a, calculado a partir de la diferencia entre los impuestos que aqu¨ª soportamos y los que se pagan en promedio en el conjunto del pa¨ªs, ha de traducirse en un incremento de los recursos de la Generalitat. En cualquier caso, el texto es lo suficientemente ambiguo como para permitir interpretaciones tan diferentes como las que ofrec¨ªan los consellers Castells y Huguet en sendas entrevistas en La Vanguardia (del 1 de mayo). E insisto, en el mejor de los casos es contradictorio. La equiparaci¨®n con las comunidades forales supondr¨ªa un aumento de los recursos de la Generalitat del orden del 50% hasta niveles de financiaci¨®n por habitante muy superiores a los del promedio de Espa?a -esto es, la autoexclusi¨®n de Catalu?a del principio de igualdad de servicios-.

En conclusi¨®n, la propuesta del Gobierno catal¨¢n rompe con la cultura de negociaci¨®n multilateral necesaria para el buen funcionamiento del Estado auton¨®mico y viola, no s¨¦ si la letra, pero ciertamente el esp¨ªritu de la Constituci¨®n por su orientaci¨®n confederal y por la amenaza que suponen para la cohesi¨®n territorial la ambig¨¹edad con la que se enuncia el principio de nivelaci¨®n regional y el objetivo de igualaci¨®n con los territorios forales.

Por ambos motivos, el texto es muy dif¨ªcilmente aceptable por los grandes partidos nacionales. Esto pr¨¢cticamente garantiza el rechazo en el Congreso del nuevo Estatuto y podr¨ªa tener consecuencias pol¨ªticas que creo que nadie sensato desea. Si el texto llega en su presente forma al Congreso, y la presi¨®n de CiU hace temer que las cosas s¨®lo pueden empeorar, el PSC habr¨¢ puesto a Zapatero en la imposible tesitura de tener que romper su (imprudente) promesa de respetar el Estatuto que apruebe el Parlament o enfrentarse con la probable deserci¨®n de una buena parte de sus propios diputados. En ambos casos, existe un riesgo elevado de escisi¨®n del PSOE que comportar¨ªa la p¨¦rdida del Gobierno en Madrid y en Barcelona y, lo que es mucho m¨¢s grave para el pa¨ªs, la certeza de una mayor polarizaci¨®n de la pol¨ªtica espa?ola en base a sentimientos de agravio regionales que no augura nada bueno para el futuro.

?ngel de la Fuente es vicedirector del Instituto de An¨¢lisis Econ¨®mico del CSIC.