Una reforma necesaria
Equidad, eficiencia, autonom¨ªa y responsabilidad son los principios en los que deber¨ªa inspirarse el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. Y es en estos aspectos en los que deber¨ªa mejorar. En primer lugar, existen disparidades importantes en la financiaci¨®n por habitante en las distintas comunidades aut¨®nomas, y no se tiene en cuenta que tratar del mismo modo situaciones desiguales es injusto (por ejemplo, el gasto social en una comunidad depende del porcentaje de inmigrantes que residan en ella). En segundo lugar, las regiones m¨¢s din¨¢micas, en el arco mediterr¨¢neo y Madrid, se han visto tradicionalmente perjudicadas tanto en financiaci¨®n por habitante como en inversi¨®n p¨²blica -corregida posteriormente en este ¨²ltimo caso para Madrid-. Euskadi y Navarra han sido favorecidos por el sistema del cupo. Hay indicios, adem¨¢s, de que la utilizaci¨®n de la inversi¨®n p¨²blica como mecanismo de igualaci¨®n regional ha ido demasiado lejos en Espa?a, disminuyendo as¨ª las posibilidades globales de crecimiento. Catalu?a ha sufrido un d¨¦ficit hist¨®rico de inversi¨®n p¨²blica en infraestructuras, induciendo cuellos de botella en el crecimiento de la regi¨®n. Los numerosos peajes en las autopistas catalanas son un recordatorio de la situaci¨®n. Este d¨¦ficit no solamente perjudica a los ciudadanos de Catalu?a, sino que tambi¨¦n disminuye las posibilidades de redistribuci¨®n a trav¨¦s del sistema impositivo general. Finalmente, el sistema actual no promueve la responsabilidad de las comunidades aut¨®nomas al no emparejar de forma coherente su capacidad de gasto y de ingreso. Una comunidad aut¨®noma puede caer en la tentaci¨®n de gastar m¨¢s y despu¨¦s pedir dinero al Estado, evitando as¨ª una impopular subida de impuestos.
Tiene implicaciones pol¨ªticas profundas, ya que apunta a una concepci¨®n federal del Estado
Los mecanismos de cohesi¨®n territorial deber¨ªan quedar claramente establecidos
El sistema para abordar los problemas descritos de acuerdo con los principios de equidad, eficiencia, autonom¨ªa y responsabilidad ya est¨¢ inventado y se llama federalismo fiscal. El Estado, con los impuestos federales, paga los servicios comunes (como defensa y relaciones exteriores) y garantiza un m¨ªnimo de prestaciones (en sanidad y educaci¨®n, por ejemplo) para todas las comunidades. A partir de aqu¨ª, las comunidades recaudan sus impuestos y gastan libremente para mejorar los servicios a sus ciudadanos. Este sistema hace compatible garantizar un nivel m¨ªnimo de servicios p¨²blicos para todos los ciudadanos del Estado a la vez que permite que las comunidades puedan diferenciar su oferta y adaptarla a las necesidades de sus ciudadanos. Esto se hace de forma responsable dado que requiere ajustar la presi¨®n fiscal. El sistema garantiza, por tanto, un equilibrio entre equidad y eficiencia, y requiere que los impuestos federales no sean muy elevados para dejar margen a que las comunidades establezcan sus impuestos.
La propuesta del tripartito en Catalu?a se puede interpretar en la tradici¨®n federal de pa¨ªses como Canad¨¢ o Alemania. Aunque quiz¨¢s en algunos aspectos tambi¨¦n se pueda dar una interpretaci¨®n confederal m¨¢s cercana al cupo foral. En cualquier caso, tiene implicaciones pol¨ªticas profundas puesto que apunta hacia una concepci¨®n federal del Estado. Sin entrar en los aspectos pol¨ªticos, quisiera destacar algunos elementos de la propuesta que pueden contribuir a la necesaria reforma del sistema de financiaci¨®n, avanzando hacia un sistema de federalismo fiscal. El primero consiste en aumentar la capacidad normativa de las comunidades aut¨®nomas en materia impositiva. Esto se podr¨ªa hacer con impuestos compartidos o cedidos, aumentando la autonom¨ªa financiera y permitiendo diferenciar los servicios prestados a los ciudadanos junto con la responsabilidad en obtener los ingresos necesarios para ello. El segundo supone mantener mecanismos de nivelaci¨®n para asegurar la solidaridad entre territorios. As¨ª, una comunidad recibir¨¢ una transferencia de nivelaci¨®n cuando los tributos cedidos y/o compartidos no sean suficientes para financiar el nivel de servicios que se garantiza para todas las comunidades. Las transferencias globales s¨®lo estar¨ªan limitadas por el mantenimiento del ranking de orden de renta per c¨¢pita de las comunidades antes de la nivelaci¨®n. Este aspecto puede discutirse, pero parece razonable y no deber¨ªa ser muy restrictivo. Los mecanismos de cohesi¨®n territorial deber¨ªan quedar claramente establecidos y ser transparentes. En todo caso, a partir del m¨ªnimo garantizado, mejores servicios p¨²blicos requerir¨ªan m¨¢s esfuerzo fiscal para cada comunidad. El tercer elemento a considerar es que el Estado se comprometa a compensar a las comunidades si introduce cambios legislativos que aumenten sus gastos o minoren sus ingresos. El ¨²ltimo elemento a tener en cuenta es que se consideren cl¨¢usulas de salvaguarda para evitar la penalizaci¨®n de las regiones m¨¢s din¨¢micas econ¨®micamente en lo que se refiere a la inversi¨®n p¨²blica del Estado. En la propuesta del tripartito se establece que la inversi¨®n del Estado en infraestructuras en Catalu?a refleje su peso en el PIB, compensando adem¨¢s el d¨¦ficit hist¨®rico acumulado.
La propuesta abre un debate necesario para la reforma del sistema de financiaci¨®n de las autonom¨ªas y plantea soluciones desde la perspectiva de Catalu?a. No tiene que asustar su discusi¨®n amplia apuntando a esquemas de tipo federal. Hay que aprovechar la ocasi¨®n para sentar las bases de un sistema de financiaci¨®n auton¨®mica eficaz y justo. Esto ayudar¨ªa a liberar el potencial de crecimiento de las distintas comunidades aut¨®nomas permitiendo m¨¢s responsabilidad y diversidad, manteniendo la equidad. Una idea b¨¢sica es que hay que cuidar y no castigar a los motores econ¨®micos de un pa¨ªs. En este sentido, el agravio percibido de forma generalizada en Catalu?a deber¨ªa ser interpretado como una se?al fuerte de que hay que mejorar sustancialmente el modelo de financiaci¨®n. En la reforma de la financiaci¨®n auton¨®mica nos jugamos en parte poder hacer frente de manera adecuada a los retos de la globalizaci¨®n y poder atender las necesidades sociales mediante los mecanismos de redistribuci¨®n generales. Es la hora de que las instituciones pol¨ªticas, a trav¨¦s del di¨¢logo civilizado, est¨¦n a la altura de este reto.
Xavier Vives es investigador senior del ICREA-Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y profesor de Econom¨ªa del Insead (Par¨ªs).
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