La Junta pide un tr¨¢mite urgente para la ley que le permitir¨¢ asumir funciones urban¨ªsticas municipales

El Consejo de Gobierno andaluz aprob¨® ayer el proyecto de ley de la vivienda protegida y el suelo, en el que incluye medidas para tratar de fomentar la construcci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial y evitar el fraude en su adquisici¨®n y uso. El proyecto tambi¨¦n incluye la modificaci¨®n legal que permitir¨¢ a la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas quitar la potestad para formular los planes urban¨ªsticos a aquellos municipios cuyos "incumplimientos graves" afecten a la ordenaci¨®n del territorio. La Junta de Andaluc¨ªa solicitar¨¢ al Parlamento que tramite la norma por el procedimiento de urgencia, una forma de acortar los plazos a la mitad, aunque es poco probable que entre en vigor antes de 2006.

La Junta ha tardado poco m¨¢s de un mes en aprobar su propuesta de modificaci¨®n legal para asumir algunas competencias urban¨ªsticas de ejecuci¨®n municipal en los casos en los que las decisiones de los Ayuntamientos se repitan los "incumplimientos graves" de las normas urban¨ªsticas. Tal y como se hab¨ªa anunciado, la modificaci¨®n legal permitir¨¢ al Ejecutivo andaluz asumir la potestad de dise?ar los planes urban¨ªsticos de esas localidades conflictivas y de firmar convenios urban¨ªsticos con particulares o administraciones. Esas localidades s¨®lo se quedar¨ªan con la concesi¨®n de licencias, que como record¨® la consejera de Obras P¨²blicas, Concepci¨®n Guti¨¦rrez, "est¨¢ garantizada para los ayuntamientos por legislaci¨®n b¨¢sica del Estado".

La Junta tambi¨¦n quiere que la tramitaci¨®n parlamentaria del proyecto de ley de viviendas protegidas y suelo, norma en la que va incluida la modificaci¨®n legal para actuar ante "incumplimientos graves" de los ayuntamientos, sea lo m¨¢s r¨¢pida posible. De ah¨ª que haya solicitado el tr¨¢mite de urgencia, una v¨ªa que si es adoptada por los grupos parlamentarios podr¨ªa permitir la aprobaci¨®n de la ley, como muy pronto, a finales del segundo semestre de este a?o.

La consejera de Obras P¨²blicas insisti¨® en que la modificaci¨®n legal no se realiza para un "caso en concreto". Preguntada en conferencia de prensa por su futura aplicaci¨®n al Ayuntamiento de Marbella, una posibilidad admitida en una comparecencia parlamentaria por la propia consejera, Guti¨¦rrez se limit¨® a decir que el tr¨¢mite previsto en la ley es un proceso "de muchas garant¨ªas" en el que deben pronunciarse varios ¨®rganos antes de tomar una decisi¨®n. La consejera indic¨® que el "Ayuntamiento de Marbella tiene que cambiar de actitud" y consider¨® que ahora tiene una buena oportunidad con el avance del plan urban¨ªstico, presentado ayer, que cuenta con el visto bueno de la Junta.

Las "garant¨ªas" a las que hizo referencia Guti¨¦rrez se plasman en que la decisi¨®n de aplicar la modificaci¨®n legal tiene que ser aprobada por el Consejo de Gobierno, con el informe favorable previo del Parlamento andaluz y el dictamen preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Consultivo. La modificaci¨®n legal establece que la Junta podr¨¢ asumir las competencias municipales durante un "m¨¢ximo de cinco a?os", un plazo que ha sido criticado por la oposici¨®n, por cuanto podr¨ªa afectar la gesti¨®n de un gobierno municipal (los mandatos son de cuatro a?os) distinto al responsable de los "incumplimientos graves".

Guti¨¦rrez adujo que el plazo se decidir¨¢ "caso a caso" y que cinco a?os puede ser un tiempo adecuado para "devolver a la normalidad urban¨ªstica" a la localidad en cuesti¨®n. La ley de vivienda protegida se aprovecha tambi¨¦n para crear un cuerpo de inspectores urban¨ªsticos, que centrar¨¢n su atenci¨®n en las irregularidades urban¨ªsticas de los ayuntamientos conflictivos. Ahora mismo, la Junta estima que una quincena de municipios (la mitad en M¨¢laga) est¨¢ en esa situaci¨®n, aunque ninguno al nivel de incumplimientos de Marbella.

El proyecto de ley de vivienda protegida incluye algunas medidas ya anunciadas por la Junta. Entre ellas, la obligaci¨®n de que los nuevos planes urban¨ªsticos de los ayuntamientos reserven el 30% del suelo a viviendas de protecci¨®n oficial. Adem¨¢s, se exigir¨¢n plazos de entrega para esas viviendas protegidas y, en caso de que no se cumplan, la Junta tendr¨¢ la posibilidad de expropiar los terrenos a los ayuntamientos o los promotores. La expropiaci¨®n se utilizar¨¢ tambi¨¦n como medida coercitiva en caso de que el propietario de una vivienda de protecci¨®n oficial no se ajuste a las condiciones por las que se le adjudic¨® la casa.