El PP admite ahora que desoy¨® en Zona Franca a la Abogac¨ªa del Estado al comprar Quality Food
Los populares gaditanos defienden una adquisici¨®n que caus¨® un quebranto de 30 millones
Despu¨¦s de tres desmentidos de la Abogac¨ªa General del Estado, el PP de C¨¢diz reconoci¨® ayer por primera vez que actu¨® al margen de las recomendaciones jur¨ªdicas de este organismo en algunas de sus pol¨¦micas actuaciones al frente de la Zona Franca de C¨¢diz. El concejal del PP en el Ayuntamiento de C¨¢diz y consejero de esta formaci¨®n en el recinto fiscal, Ignacio Roman¨ª, justific¨® por la "urgencia" de la situaci¨®n que tres cargos del PP desoyeran una recomendaci¨®n del abogado del Estado Manuel Ponce y respaldasen que la Zona Franca comprase la empresa privada Quality Food.
"Hab¨ªa necesidad de intervenir urgentemente en esta empresa", insisti¨® Roman¨ª, quien se ampar¨® en la complicada situaci¨®n que atravesaba esta sociedad dedicada a servicios de alimentaci¨®n y catering. "Hab¨ªa que conseguir salvar los puestos de trabajo e impedir que Manuel Garc¨ªa Gallardo [presidente de Quality y ex destacado militante del PP] empeorase la situaci¨®n de la empresa", afirm¨® el concejal popular.
A esta explicaci¨®n, que public¨® ayer Diario de C¨¢diz, se agarr¨® Roman¨ª para justificar que el ex delegado Miguel Osuna, el primer teniente alcalde de C¨¢diz, Enrique Garc¨ªa Agull¨®, y ¨¦l mismo desoyeran la negativa de la Abogac¨ªa del Estado a que la Zona Franca adquiriese el 23 de diciembre de 2003 la mayor¨ªa del capital social de Quality Food.
El abogado del Estado Manuel Ponce no apoy¨® la adquisici¨®n del 52 % de las acciones de la empresa de servicios de alimentaci¨®n y catering. A cambio, propuso que la Zona Franca interviniese en esta empresa a trav¨¦s de un pr¨¦stamo y siempre despu¨¦s de que dos auditorias detallasen la situaci¨®n financiera y el valor de esta sociedad. De los cuatro cargos del comit¨¦ ejecutivo de la Zona Franca, los populares Osuna, Roman¨ª y Garc¨ªa Agull¨® desoyeron a la Abogac¨ªa y acordaron la compra de Quality mediante el pago de 4,6 millones de euros financiados con fondos p¨²blicos. S¨®lo Jos¨¦ Ram¨®n P¨¦rez D¨ªaz Alersi, representante del Estado, se abstuvo.
Para justificar esta compra, Roman¨ª adujo que a la Abogac¨ªa del Estado "se le consulta muchas veces y se pide su asesoramiento (...) pero no tiene derecho a voto en el comit¨¦ ejecutivo de la Zona Franca y sus intervenciones no son vinculantes". Esta declaraci¨®n contrasta con el valor que le han dado los dirigentes del PP a los dict¨¢mentes y recomendaciones de la Abogac¨ªa del Estado desde que estallaron los esc¨¢ndalos en este organismo en 2001. Los ex delegados Manuel Rodr¨ªguez de Castro y Miguel Osuna siempre afirmaron que actuaron con el asesoramiento y el visto bueno de la Abogac¨ªa.
Sin embargo, hasta en tres ocasiones -dos veces por los pol¨¦micos contratos millonarios de la plataforma Rilco de Zona Franca o con Miami Free Zone para crear una red inform¨¢tica que no existe y ahora con la compra de la firma Quality Food- los cargos del PP actuaron al margen de este ¨®rgano jur¨ªdico del Estado.
En su intento por justificar esta actuaci¨®n, Ignacio Roman¨ª a?adi¨® que actuaron "urgentemente" para evitar que Garc¨ªa Gallardo finiquitase la empresa. "Si le hubi¨¦ramos dado m¨¢s tiempo, habr¨ªa desmontado Quality Food", dijo el edil popular. Con todo, la urgencia de la compra aludida ayer no se adujo cuando se consum¨® la operaci¨®n e incluso el PP dijo siempre que s¨®lo se percataron de las irregularidades que cometi¨® Garc¨ªa Gallardo cuando adquirieron la mayor¨ªa del capital y comenzaron a controlar esta empresa.
Juzgados
Roman¨ª sostuvo adem¨¢s que el tiempo les ha dado la raz¨®n de que actuaron "correctamente" en esta operaci¨®n. "Los juzgados han dado la raz¨®n al Consorcio de la Zona Franca en las demandas que se presentaron tras descubrir las irregularidades", defendi¨® este concejal. Sin embargo, en sus explicaciones, el dirigente popular no valora en ning¨²n momento que la compra de esta sociedad ha provocado desde entonces a las arcas del recinto fiscal un quebranto econ¨®mico superior a los 30 millones de euros, seg¨²n los c¨¢lculos financieros de la Zona Franca.
Por su parte, PSOE e IU insistieron ayer en preguntar a la alcaldesa de C¨¢diz y presidenta de la Zona Franca, Te¨®fila Mart¨ªnez, si conoci¨® la actuaci¨®n de sus dos concejales al margen de las recomendaciones de la Abogac¨ªa del Estado. Mart¨ªnez no se pronunci¨® tampoco ayer sobre esta pol¨¦mica compra.
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