V¨ªa libre a la Carta de Barcelona

V¨ªa libre para la Carta Municipal. Barcelona tendr¨¢ una ley espec¨ªfica que le reconocer¨¢ m¨¢s competencias y una financiaci¨®n adecuada a los gastos que afronta como gran capital de una ¨¢rea metropolitana en la que a diario se mueven m¨¢s de cuatro millones de personas. Ese es el esp¨ªritu del acuerdo alcanzado ayer entre las tres administraciones -la central, la Generalitat y el Ayuntamiento- y concretado en un borrador de 104 art¨ªculos que tiene que ser ratificado por la comisi¨®n mixta. La aprobaci¨®n del texto por el Consejo de Ministros podr¨ªa producirse antes del verano y el Congreso podr¨ªa sancionarla a partir de septiembre.

Ese es el calendario que ayer trataron Jordi Sevilla, ministro de Administraciones P¨²blicas, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, en la presentaci¨®n del acuerdo alcanzado junto con Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat. Sevilla afirm¨® que la Carta de Barcelona puede empezar a caminar este mismo a?o: "Soy el sexto ministro que aborda la Ley de Barcelona y creo que ser¨¦ el ¨²ltimo", afirm¨® para dar idea de que el acuerdo estaba claro. Clos no ocultaba su satisfacci¨®n -"ha sido una negociaci¨®n intensa y extensa"- y Saura calific¨® el acuerdo de "hito hist¨®rico". La discusi¨®n de la Carta se inici¨® hace la friolera de una veintena larga de a?os. Fue aprobada por el consistorio en 1997 y un a?o despu¨¦s por el Parlament.

De los 60 millones, 22 se destinar¨¢n a los equipamientos culturales y 20 a la justicia de proximidad

La ciudad contar¨¢ finalmente con 10 juzgados de distrito para dirimir conflictos menores

El Ayuntamiento calcula que el acuerdo supondr¨¢ un aumento de financiaci¨®n de unos 60 millones de euros

El Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento alcanzan un acuerdo para una ley especial para la capital catalana

La Carta de Barcelona tiene dos partes. Una que ata?e a competencias de la Generalitat -ya negociadas, aunque algunas pendientes de desarrollar- y otra que entra en materias de ¨¢mbito general, como seguridad y justicia, entre las m¨¢s importantes. Eran ¨¦stas, junto a la petici¨®n de un r¨¦gimen financiero especial, lo que se empez¨® a negociar en oto?o pasado con la administraci¨®n de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Con el Gobierno del Partido Popular, la Carta fue de un despacho a otro. S¨®lo se movieron los papeles. No se cerr¨® ni un solo cap¨ªtulo.

Una de las cuestiones centrales de la Carta de Barcelona era la mejora del r¨¦gimen financiero por los gastos de subsidiariedad que la ciudad afronta como capital, en especial en equipamientos culturales y en transporte p¨²blico, que excede de la frontera administrativa de 1,5 millones de habitantes de la capital y que da servicio a una ¨¢rea en la que se mueven m¨¢s de cuatro millones. Lo que planteaba el Ayuntamiento de Barcelona era tener el mismo tratamiento que Madrid en tanto que es capital de una conurbaci¨®n similar de hecho. La parte catalana -el Ayuntamiento y la Generalitat- propuso una participaci¨®n directa en impuestos generales. Concretamente, el 10% del IRPF, el 20% del IVA y el 30% de los impuestos especiales. Resumiendo, ese c¨®mputo supon¨ªa un incremento anual de unos 100 millones de euros. El Gobierno no ha querido afrontar la mejora en la financiaci¨®n por medio de cesi¨®n de impuestos m¨¢s all¨¢ de la parte ya reconocida dentro de la participaci¨®n de impuestos del Estado. Una negativa que obedece, en parte, a la posibilidad de que otras ciudades plantear¨ªan reclamaciones similares.

Por eso, en el Ministerio de Administraciones P¨²blicas y tambi¨¦n en el de Econom¨ªa y Hacienda se busc¨® otra f¨®rmula: la de firmar unos convenios quinquenales para afrontar los gastos de subsidiariedad. Se trata de unos complementos espec¨ªficos en materia de equipamientos culturales, en la organizaci¨®n de la justicia local y el coste que suponga una Guardia Urbana que act¨²e como polic¨ªa judicial adscrita a esos juzgados, y los relativos a los gastos que genera la congesti¨®n de tr¨¢fico y el transporte p¨²blico. Esto es, la aportaci¨®n que hace Barcelona al contrato programa de transporte incrementada: "No puede ser que Barcelona financie una red de transporte que va m¨¢s all¨¢ de sus fronteras y da servicio a centenares de localidades sin que tenga la financiaci¨®n que corresponde. Es decir, la misma que ya tiene Madrid", pon¨ªa como ejemplo Clos. El otro ejemplo es el de los equipamientos culturales.El Ayuntamiento reclamaba corresponsabilidad para afrontar los gastos del Museo Picasso, el Museo de Arte Contempor¨¢neo (Macba), el Liceo, el Auditori y el Palau de la M¨²sica. Unas aportaciones que, en conjunto, suponen unos 22 millones de euros anuales -de los 60 que aportar¨¢ anualmente la Administraci¨®n central-, seg¨²n fuentes de la parte municipal de la comisi¨®n t¨¦cnica.

Los citados convenios de subsidiariedad tendr¨¢n que pactarse en una comisi¨®n tripartita de la Administraci¨®n central, la auton¨®mica y el Ayuntamiento, y su plazo de vigencia ser¨¢ de cinco a?os. Por tanto, los convenios se tienen que pactar, no estar¨¢n enmarcados en ninguna ley y su liquidaci¨®n se llevar¨¢ a cabo dentro de los Presupuestos Generales del Estado. En consecuencia, no deja de ser una f¨®rmula que, en definitiva, requiere de un acuerdo pol¨ªtico porque no hay un automatismo, como lo ser¨ªa la cesi¨®n de impuestos.

?Y si la voluntad pol¨ªtica desaparece? Clos esquiv¨® la pregunta, aunque un alto responsable del Ayuntamiento de Barcelona augur¨® que algo as¨ª no ocurrir¨¢ porque ser¨ªa como arrebatar un reconocimiento de r¨¦gimen especial que est¨¢ regulado por una ley, aunque ¨¦sta no entre en los mecanismos de financiaci¨®n complementarios.

En cuanto al monto total que esos convenios pueden suponer, Clos no quiso dar cifra alguna, s¨®lo la aproxim¨®: "M¨¢s de la mitad de lo que ped¨ªamos" (la cifra era de 100 millones de euros). Fuentes de la comisi¨®n t¨¦cnica negociadora afinaron: alrededor de 60 millones de euros de forma progresiva. Porque los c¨¢lculos ya se han hecho y se ha calculado, por ejemplo, que el coste de la justicia local ser¨¢ de unos 20 millones de euros al a?o.

Todo ello se discutir¨¢ en el plenario del Ayuntamiento de Barcelona el 17 de junio, dos d¨ªas despu¨¦s de que la comisi¨®n t¨¦cnica ratifique el borrador. Un pleno que, a buen seguro, ser¨¢ pol¨¦mico ya que deber¨ªa ratificar el apoyo un¨¢nime que tuvo el texto inicial de la Carta en 1997. Eso si no hay contratiempos de tipo jur¨ªdico.

Algunas de las principales competencias que la Ley de Barcelona reconoce son las siguientes:

- Justicia local. Habr¨¢ 10 juzgados, uno en cada distrito de la ciudad, que atender¨¢n los conflictos menores que genera la convivencia. En materia penal, por ejemplo, desde las faltas como ri?as o peleas entre vecinos hasta lesiones leves. En materia civil, reclamaciones inferiores a 3.000 euros -por ejemplo, el impago de deudas de comunidades de vecinos- y en contencioso-administrativo por sanciones del Ayuntamiento, en especial multas. El pleno del consistorio propondr¨¢ una terna de jueces -deber¨¢n ser licenciados en derecho- y al Tribunal Superior de Justicia le competer¨¢ la elecci¨®n. La aprobaci¨®n de ese nuevo tipo de juzgados requiere la modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, que, a su vez , modificar¨¢ las competencias de los tribunales superiores de justicia de las autonom¨ªas. Esa reforma est¨¢ prevista para antes de que finalice este a?o. La f¨®rmula de los jueces de distrito se podr¨¢ implantar en otras ciudades.

- Polic¨ªa judicial. La Guardia Urbana de Barcelona tendr¨¢ car¨¢cter de polic¨ªa judicial adscrita a los juzgados de distrito. Por otra parte, se crear¨¢ un cuerpo auxiliar de agentes -muy probablemente los vigilantes de las ¨¢reas verdes de aparcamiento- que controlar¨¢n el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

- Seguridad vial. Las sanciones por infracciones de circulaci¨®n cometidas en v¨ªas urbanas competer¨¢n al alcalde y ser¨¢ el Ayuntamiento el que agilice los mecanismos para inmovilizar veh¨ªculos que circulen sin el seguro obligatorio o que no hayan notificado el cambio de nombre. En materia de sanciones se reconocer¨¢ la capacidad de la Hacienda municipal para instar el cobro de multas impagadas por ciudadanos no residentes en Barcelona. Se trata de un n¨²mero muy elevado de sanciones que, en muchas ocasiones, no se pueden liquidar.

- Puerto y aeropuerto. La ciudad tendr¨¢ m¨¢s representaci¨®n en los ¨®rganos de decisi¨®n de instituciones, organismos y empresas de infraestructuras. En el puerto, por ejemplo, en el que hasta ahora participaba con el 10%, lo har¨¢ con el 20%. En el aeropuerto, donde hasta ahora no ten¨ªa participaci¨®n, la tendr¨¢. Y lo mismo ocurrir¨¢ en los ¨®rganos gestores de Renfe y en la demarcaci¨®n de costas, una materia que hasta ahora compet¨ªa al Ministerio y al Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat y a la que se sumar¨¢ el consistorio.

- Equipamientos culturales. La principal novedad no ser¨¢n m¨¢s competencias, sino mejor financiaci¨®n. Hasta ahora, el consistorio hac¨ªa frente en solitario a las facturas de museos como el Picasso, y la ciudad reclamaba simplemente el mismo trato de financiaci¨®n que tienen el Museo del Prado o el Reina Sof¨ªa, ambos en Madrid.