Castillos en el aire

El r¨¢pido y costoso viaje de ida y vuelta (24 horas y 400.000 euros) realizado por Arnaldo Otegi desde el aire libre de la ciudad hasta la prisi¨®n forzosa de Soto del Real ha permitido conocer las sorprendentes ideas del portavoz de la ilegalizada Batasuna sobre los requisitos exigibles a un eventual "final dialogado de la violencia" entre ETA y "los poderes competentes del Estado". El breve episodio carcelario tuvo un origen exclusivamente procesal: Otegi tard¨® 24 horas en reunir el dinero necesario para pagar la fianza se?alada por el juez de la Audiencia Nacional. El portavoz de Batasuna figuraba en el sumario de las herriko tabernas, abierto hace algunos a?os e instruido inicialmente por Garz¨®n: s¨®lo su aforamiento como parlamentario le permiti¨® rehuir la acci¨®n de la justicia mientras conserv¨® -hasta hace pocas semanas- el acta.

Otegi, sin embargo, acusa al Gobierno de haber instigado la orden de prisi¨®n -violando as¨ª su imaginaria inmunidad diplom¨¢tica como "interlocutor necesario" en el proceso de pacificaci¨®n- y critica la falta de madurez de su presidente para afrontar esa tarea. Otegi denuncia a Zapatero por compartir su estrategia antiterrorista con el PP, esto es, "con los herederos de quienes fusilaron a su abuelo". La misi¨®n de pacificar el Pa¨ªs Vasco corresponde s¨®lo a los derrotados en la Guerra Civil: los descendientes de los vencedores deber¨¢n ser excluidos de esa nueva reconciliaci¨®n nacional (entre otros -se supone- los hijos y los nietos de los requet¨¦s carlistas). El sectarismo grupuscular y los delirios conspirativos de las declaraciones de Otegi marchan en paralelo con su comprensiva justificaci¨®n de las bombas colocadas por ETA: no resulta c¨®modo resistirse a la conclusi¨®n de que las expectativas depositadas por el optimismo de la voluntad en un final dialogado de la violencia sean tal vez castillos en el aire.

La fant¨¢stica suposici¨®n seg¨²n la cual los tribunales podr¨ªan detener los sumarios judiciales y los fiscales retirar los cargos de los procesos en curso a toque de silbato del Gobierno muestran una pat¨¦tica ignorancia del funcionamiento del Estado de derecho. Los "interlocutores necesarios" de un proceso de paz -condici¨®n reclamada por Otegi- deber¨ªan familiarizarse con la idea de que el principio jur¨ªdico de legalidad -la aplicaci¨®n obligada de las normas- y el principio pol¨ªtico de oportunidad -la adopci¨®n discrecional de decisiones- obedecen a l¨®gicas diferentes. No ser¨¢ f¨¢cil que el final dialogado de la violencia aprobado por una moci¨®n del Congreso el pasado 17 de mayo tenga -si llega a producirse- el margen de maniobra del que dispuso el Gobierno en 1977 y la negociaci¨®n con ETA pol¨ªtico-militar en 1981. Y aunque Otegi la rechace, la colaboraci¨®n del PP resultar¨ªa imprescindible a la hora de conseguir que los argumentos humanitarios prevalecieran sobre las emociones de la Ley del Tali¨®n en el caso de que la disoluci¨®n de ETA hiciera factibles las medidas de reinserci¨®n y de gracia de los delitos terroristas

Aunque indignado por su breve estancia en prisi¨®n, Otegi no mostr¨® la m¨¢s m¨ªnima preocupaci¨®n, en cambio, por el atentado terrorista perpetrado en Madrid hace una semana: ocurre simplemente que el Gobierno y ETA "no han alcanzado a¨²n un acuerdo para que estas cosas no pasen". As¨ª como algunos portavoces nacionalistas interpretaron en su d¨ªa como simp¨¢ticas travesuras de los chicos de la gasolina las agresiones y destrozos de la kale borroka durante la tregua de 1998, Otegi presenta hoy los mort¨ªferos ejercicios de pirotecnia de ETA como inofensivos castillos de fuegos artificiales.

Sin perjuicio de agradecer a la fortuna la ausencia de v¨ªctimas mortales en los 69 atentados perpetrados por los terroristas durante los ¨²ltimos dos a?os (el saldo de heridos asciende a 127 personas), resultar¨ªa un sarcasmo atribuir ese resultado a un expreso designio de la banda, responsable t¨¦cnicamente por dolo eventual de asesinato en grado de tentativa o frustraci¨®n en tales casos. El c¨¢lculo de probabilidades, por lo dem¨¢s, opera en contra de que la suerte de estos ¨²ltimos dos a?os se prolongue indefinidamente: los avisos de bomba pueden ser mal interpretados por quienes los reciben, los servicios de desalojo de locales o espacios p¨²blicos corren el riesgo de llegar tarde o de equivocarse y los artificieros se juegan siempre la vida al hacer su trabajo.