La fiscal¨ªa encuentra contradicciones en el 'caso Majadahonda'

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n encarg¨® a funcionarios del cuerpo de la Intervenci¨®n General del Estado el estudio de toda la documentaci¨®n sobre la tramitaci¨®n en 2003 de la subasta de tres parcelas municipales en Majadahonda bajo mandato del anterior alcalde, Guillermo Ortega (PP). El informe, ya concluido, no determina irregularidades, pero s¨ª flagrantes contradicciones entre los sucesivos informes del arquitecto municipal, que se intentan esclarecer.

La complejidad del caso Majadahonda aconsej¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, cuyo responsable es Antonio Salinas, recabar, antes de meterse en mayores indagaciones, un asesoramiento del cuerpo especializado en garantizar la pureza de los contratos p¨²blicos: los miembros de la Intervenci¨®n General del Estado. De hecho, cuenta con un equipo de dicho cuerpo adscrito, al igual que otro de la Agencia Tributaria. Esta ¨²ltima unidad suele usarse m¨¢s para seguir los tr¨¢ficos monetarios de las empresas o personas investigadas. Sin embargo, en el arranque de esta investigaci¨®n, lo que interesaba era filtrar la ingente documentaci¨®n del caso a trav¨¦s de los interventores para que, como en cualquier contrato que fiscaliza, analizaran todos los pasos que se dieron en la venta de las parcelas municipales de Majadahonda y si cumplieron las cautelas legales.

Deb¨ªan examinar documentalmente toda la cronolog¨ªa de la venta de las parcelas: c¨®mo se tomaron las decisiones, qu¨¦ informes aportaron los t¨¦cnicos municipales sobre dichas enajenaciones, c¨®mo se recibieron y tramitaron las ofertas, c¨®mo fueron valoradas, etc¨¦tera. El informe, ya concluido, no revela irregularidades manifiestas, pero s¨ª flagrantes contradicciones sobre los informes emitidos por determinados t¨¦cnicos municipales. Las contradicciones, susceptibles de derivar en irregularidades, se centran sobre todo en el arquitecto, que emiti¨® dos informes sobre valoraci¨®n de los licitadores en los que rectific¨® sus iniciales criterios. S¨®lo tras determinarse si hubo irregularidades claras en estas ventas municipales, que el PSOE denunci¨® como un grave quebranto patrimonial, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n entrar¨ªa a ver qui¨¦nes favorecieron las opciones ganadoras y qu¨¦ intereses les movieron.

Por ello, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, por el momento no se plantean recabar el testimonio de los concejales rebeldes del PP en Majadahonda -Jos¨¦ Luis Pe?as y Juan Jos¨¦ Moreno- que han denunciado en El Mundo que el actual alcalde, Narciso de Fox¨¢, les ofreci¨® un mill¨®n de euros si dejaban de oponerse a vender por siete millones de euros parcelas que ellos juzgaban que val¨ªan 48 millones de euros.

Denuncia socialista

Hasta el momento, la fiscal¨ªa s¨®lo dispone del relato de irregularidades que hizo el propio PSOE en su denuncia ante el Fiscal General del Estado: "Pammasa (sociedad municipal) recibi¨® del Ayuntamiento tres parcelas con una edificabilidad global de 30.035 metros cuadrados destinadas a uso residencial (no protegido). Como la encomienda aceptada por Pammasa al recibir las parcelas consist¨ªa en edificar en ellas vivienda protegida, pero el suelo permit¨ªa ejecutar vivienda libre, el Consejo de Administraci¨®n decidi¨® emplear el mecanismo de permuta de derechos para absorber las obligaciones de construir vivienda protegida de diferentes promotores privados, a cambio de que ¨¦stos compensasen a Pammasa con la diferencia de valor entre el derecho a construir vivienda libre que Pammasa les transmit¨ªa, y el derecho a edificar vivienda protegida que la sociedad municipal adquir¨ªa".

Y esto da?¨® a las arcas municipales, a tenor de la denuncia: "La cantidad total que el Ayuntamiento, a trav¨¦s de Pammasa, obtuvo de la subasta referente a las parcelas fue de 7.216.317 euros. Ahora bien, puesto que la edificabilidad total de estas tres parcelas ascend¨ªa a 30.035 metros cuadrados, y la diferencia real de valores entre los aprovechamientos permutados, seg¨²n los informes del arquitecto municipal, asciende a 1.338 euros por metro cuadrado, el Ayuntamiento, a trav¨¦s de Pammasa, ten¨ªa que haber obtenido al menos para compensar la p¨¦rdida de valor econ¨®mico que sus solares sufrieron merced a la permuta, una cantidad igual o superior a 40.195.239 euros".

El escrito socialista prosegu¨ªa: "Esta cantidad se obtiene de multiplicar los metros cuadrados de edificabilidad que fueron objeto de transformaci¨®n a trav¨¦s de la permuta por la diferencia real de valor entre cada metro cuadrado de aprovechamiento". El corolario era simple: "Las consecuencias de las conductas que en su d¨ªa denunciamos han sido por tanto de una gravedad extrema para el Ayuntamiento: el patrimonio municipal ha perdido con esta operaci¨®n nada menos que 32.978.868 euros, es decir, 5.487 millones de las antiguas pesetas." Todo ello, acusaba el PSOE, merced a una subasta que se realiz¨® "sin ninguna garant¨ªa para la publicidad y la concurrencia, mediante un sistema de invitaci¨®n previa a determinados propietarios, y en la que cuatro de los seis participantes ofrecieron la misma cifra como oferta: 330,48 euros por metro cuadrado".

Por contra, el PP ha defendido la legalidad de su gesti¨®n y ha arremetido sin ¨¦xito a trav¨¦s de los tribunales contra el fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido. Ante esa situaci¨®n, la portavoz adjunta del PSM en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, afirm¨® ayer que, "cada vez que alguna instancia judicial investiga a miembros del Partido Popular, Esperanza Aguirre da la orden de arremeter contra la Administraci¨®n de Justicia".