Uragua reclamar¨¢ en Uruguay 14 millones de euros en los tribunales

La empresa vasca Uragua y el Gobierno uruguayo comparecer¨¢n en los tribunales del pa¨ªs sudamericano el pr¨®ximo 28 de junio por la controversia sobre la concesi¨®n de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Uragua reclama una indemnizaci¨®n de 14 millones por la rescisi¨®n del servicio que presta desde hace cinco a?os, tras una reforma de la Constituci¨®n uruguaya, mientras que el Gobierno aduce incumplimiento del contrato y plantea una multa.

Ambas partes han sido llamadas a un acto de conciliaci¨®n, el paso previo a la formulaci¨®n de una denuncia anunciada por Uragua, participada por la el¨¦ctrica Iberdrola (49% del capital), la BBK (25%), la SPRI, sociedad de promoci¨®n industrial del Gobierno vasco (13%) y el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia (13%).

La aventura americana del consorcio de empresas vascas empez¨® en 2000, cuando gan¨® el concurso internacional para encargarse del saneamiento y abastecimiento de agua de las zonas m¨¢s tur¨ªsticas de Uruguay: Punta del Este, Maldonado y Piri¨¢polis, donde residen cerca de 375.000 personas. La concesi¨®n fue por 30 a?os y supon¨ªa un pago anual al Gobierno uruguayo de un canon que ascend¨ªa a m¨¢s de medio mill¨®n de euros.

Crisis econ¨®mica

El negocio, con buenas perspectivas iniciales, empez¨® a complicarse en 2002 con la crisis econ¨®mica del pa¨ªs sudamericano y la devaluaci¨®n d su moneda. Este hecho fue determinante porque la empresa vasca cobraba a sus abonados en pesos uruguayos pero pagaba al Gobierno en d¨®lares. En 2003, Uragua empez¨® a buscar la venta de la concesi¨®n, ya que una rescisi¨®n unilateral le obligaba al pago de una penalizaci¨®n de 20 millones de euros. El panorama parec¨ªa aclararse para Uragua cuando en octubre se aprob¨® un refer¨¦ndum en Uruguay que establec¨ªa que servicios esenciales como el suministro de agua no pueden ser gestionados por la iniciativa privada. Con ello, se abr¨ªa una salida menos problem¨¢tica que la venta, que no hab¨ªa fructificado hasta entonces.

Pero el Gobierno uruguayo se ha negado a la rescisi¨®n al argumentar que el refer¨¦ndum no tiene car¨¢cter retroactivo. La empresa vasca, que sigue prestando el servicio, ha pedido una indemnizaci¨®n de 14 millones de euros y ha anunciado una demanda judicial. El Ejecutivo sudamericano no s¨®lo niega este pago sino que ha amenazado con multar a Uragua. Se basa en un informe de su administraci¨®n que ha detectado incumplimientos en el contrato sobre la ejecuci¨®n de obras de saneamiento por parte del consorcio vasco. Asegura que desde 2002 no ha ejecutado las obras de infraestructura previstas en la concesi¨®n. El acto de conciliaci¨®n de finales de este mes no tiene perspectivas de ¨¦xito por las posturas de ambas partes y la inc¨®gnita es si Uragua deber¨¢ seguir prestando el servicio de agua.