Carta abierta a un salmantino

Querido/a amigo/a:

Esta carta pretende ser una contribuci¨®n al debate y la reflexi¨®n sobre el futuro del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Va dirigida a todos los que est¨¢n sinceramente interesados en esta instituci¨®n y muy especialmente a quienes, quiz¨¢ como Usted, discrepan de la decisi¨®n del Gobierno del Estado de impulsar un proceso para la devoluci¨®n a sus originales propietarios de un grupo de documentos que se encuentran en ese archivo.

En primer lugar, quisiera que comprendiera el origen hist¨®rico del problema. Como seguramente sabr¨¢, los documentos que en virtud de esta ley se restituir¨¢n fueron arrebatados por la fuerza a sus propietarios tras la entrada de las tropas del ej¨¦rcito del general Franco en Catalu?a, el 26 de enero de 1939. Durante meses, m¨¢s de 50 personas realizaron registros en sedes de instituciones p¨²blicas y domicilios de particulares y confiscaron toneladas de documentaci¨®n. Entre el 21 de junio y el 5 de julio de ese a?o se enviaron a Salamanca m¨¢s de 140 toneladas de papeles, que ocuparon 12 vagones de tren. Por tanto, estos documentos ten¨ªan un propietario leg¨ªtimo y si fueron a parar a Salamanca fue por la decisi¨®n del bando vencedor de instalar el archivo precisamente en esa ciudad.

En 1995 el Gobierno decidi¨® iniciar un proceso de devoluci¨®n que no pudo concluirse tras el cambio pol¨ªtico

La confiscaci¨®n fue un castigo simb¨®lico que se a?adi¨® al castigo f¨ªsico que sufrieron muchos catalanes

Me parece importante subrayar que el prop¨®sito fundamental de la incautaci¨®n sistem¨¢tica que sufri¨® la Generalitat de Catalu?a -que, no hay que olvidarlo, era un Gobierno leg¨ªtimo- fue despojarle al vencido de lo que hab¨ªan constituido las se?as de identidad de su corta vida democr¨¢tica. Era, por tanto, un castigo simb¨®lico que se a?adi¨® al castigo f¨ªsico que sufrieron muchos catalanes. No bastaba con aniquilar su futuro, hab¨ªa tambi¨¦n que apropiarse de su pasado y desterrarlo.

?stas son las razones que desde hace d¨¦cadas vienen apoyando las peticiones de devoluci¨®n de los documentos. Razones simb¨®licas, por supuesto, pero tambi¨¦n jur¨ªdicas, y que no son defendidas por una parte de la sociedad catalana, sino por su totalidad, como atestigua el apoyo que la decisi¨®n del Gobierno que preside Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero ha recibido de todos los partidos pol¨ªticos catalanes, incluido el Partido Popular.

Y no es una decisi¨®n nueva, pues hay que recordar que en 1995 el Gobierno decidi¨® iniciar un proceso de devoluci¨®n que no pudo concluirse tras el cambio pol¨ªtico que se produjo en las elecciones del a?o siguiente. Espero que comprenda que oponerse a tan antigua y compartida reclamaci¨®n aduciendo que es fruto de una coyuntura pol¨ªtica y patrimonio exclusivo de posiciones nacionalistas es negar la historia. Especialmente porque, como he dicho, la ley contempla la devoluci¨®n de documentos a particulares de cualquier lugar de Espa?a, no s¨®lo catalanes.

Caso aparte, estimado lector, es el de los documentos privados, pues la apropiaci¨®n ten¨ªa un objetivo muy concreto: convertirse en material para la intensa actividad represiva que caracteriz¨® al nuevo r¨¦gimen. El carn¨¦ de una asociaci¨®n, un comentario ingenuo, un dato intrascendente sirvieron para mandar a la c¨¢rcel o ante un pelot¨®n de fusilamiento a muchas personas. Por eso, estos papeles, que durante a?os ejercieron de involuntarios delatores, son vestigios de una tragedia, retazos de dolor y de sufrimiento. Por desgracia, la mayor parte de las personas que padecieron por culpa de esos documentos ya han desaparecido -algunos demasiado pronto y de manera atroz-, pero no han desaparecido ni su memoria ni el sentimiento de agravio de quienes fueron despojados de sus referentes porque iban vinculados al anhelo de libertad de todo un pueblo. Si alguien lo duda, debe saber que entre el material que lleg¨® a Salamanca tambi¨¦n hab¨ªa algunos documentos de personas afectas al r¨¦gimen franquista, incautados por organismos republicanos durante la guerra y que ¨¦stos se devolvieron tras la guerra en cuanto se verific¨® la proximidad ideol¨®gica de sus propietarios. Desde un principio, pues, el Archivo de Salamanca lo fue s¨®lo de los vencidos.

Estimado amigo, me gustar¨ªa que comprendiera que mis argumentos, aunque no exentos de una evidente dimensi¨®n emotiva, son perfectamente racionales. Honestamente, creo que no puede decirse lo mismo de quienes definen la restituci¨®n de los documentos como un expolio a la ciudad de Salamanca y, por extensi¨®n, a toda la Comunidad de Castilla-Le¨®n. Pues no parece racional utilizar este t¨¦rmino ocultando que el ¨²nico expolio se produjo en 1939; como no lo es vaticinar el fin del Archivo cuando la cantidad de documentos que saldr¨¢n de ¨¦l en aplicaci¨®n de la Ley no alcanza el 5% de sus fondos; igualmente, es un error ignorar que de cara a la investigaci¨®n hist¨®rica una copia digital es tan ¨²til como un original. Los investigadores de todo el mundo est¨¢n perfectamente habituados a consultar este tipo de reproducciones de alta calidad, que adem¨¢s permiten acceso a distancia y ser estudiados con las modernas t¨¦cnicas de tratamiento de datos. Ante esta evidencia, debo insistir en el compromiso del Gobierno de dejar en Salamanca una copia digital de absolutamente todos los papeles que salgan del Archivo.

En mi opini¨®n, tampoco es razonable oponerse a que Salamanca sea la sede de un aut¨¦ntico centro de la memoria. Especialmente si se tiene en cuenta que, hasta el momento, el de la capital castellana no es en absoluto el ¨²nico archivo de referencia para el estudio de la Guerra Civil, sino que hay m¨¢s de diez distribuidos por toda Espa?a. ?Alguien puede dar un argumento razonado contra la iniciativa del Gobierno de reunir en Salamanca toda la documentaci¨®n que sobre este periodo existe dentro y fuera de nuestras fronteras?

He intentado dar argumentos para que Usted, ciudadano preocupado por el futuro del Archivo de Salamanca, juzgue la situaci¨®n desde una perspectiva m¨¢s amplia. Respeto las razones de quienes no est¨¢n de acuerdo conmigo y pido el mismo respeto hacia las razones y los sentimientos de millones de personas que s¨ª lo est¨¢n. Igualmente, quisiera que se respetara la profesionalidad e independencia de los miembros del Comit¨¦ de Expertos que por unanimidad informaron a favor de la devoluci¨®n de los papeles, y ser¨ªa bueno que algunos responsables del Partido Popular -otros, como el se?or Piqu¨¦, apoyan la medida- dejaran de utilizar el patrimonio como un arma. Por ¨²ltimo, celebrar¨ªa que la actitud de los mismos que en el Gobierno mostraron muy poco inter¨¦s por museos, bibliotecas y archivos -el de Salamanca incluido- fuera producto de un cambio de actitud, pero me temo que sus actos dicen lo contrario. Sin salir de Salamanca, no hay m¨¢s que comprobar la situaci¨®n de su languideciente Archivo Municipal, o la indigna campa?a de acoso pol¨ªtico que, promovida desde el propio Ayuntamiento, sufren los responsables de la Casa Lis, un espl¨¦ndido museo de esa misma ciudad.

Para concluir, d¨¦jeme transmitirle la garant¨ªa de que el compromiso del Gobierno se cumplir¨¢. Pese a la miop¨ªa de los que creen que un archivo es un relicario o una colecci¨®n de trofeos, tenga la plena seguridad de que el Archivo de Salamanca no s¨®lo no desaparecer¨¢, sino que crecer¨¢ y se consolidar¨¢ como un gran centro de la memoria; contar¨¢ con apoyo p¨²blico y dejar¨¢ de ser objeto de confrontaci¨®n. Conf¨ªo en que no dude de la sinceridad de nuestros prop¨®sitos, pues nadie que se sienta heredero de la l¨ªnea democr¨¢tica que se quebr¨® con la Guerra Civil puede desear que se pierdan o se disgreguen los testimonios de aquel doloroso episodio de nuestra historia.

Carme Chac¨®n es vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados y secretaria de Cultura del PSOE