Las empresas dan la espalda a las personas discapacitadas

Las empresas catalanas con m¨¢s de 50 trabajadores incumplen de forma flagrante la ley estatal que las obliga a reservar un 2% de la plantilla para la poblaci¨®n activa con alguna discapacidad. Esta reserva no alcanza ni el 0,8%, seg¨²n un estudio de UGT. En los ¨²ltimos tres a?os, m¨¢s de la mitad de los contratos firmados por este colectivo se hizo en peque?as y medianas empresas (pymes). UGT atribuye al "silencio administrativo" la primera causa del incumplimiento. Mientras, el Departamento de Trabajo e Industria admite que est¨¢ desbordado por falta de inspectores.

"Los principios que declaraba la ley cuando apareci¨®, en 1982, contin¨²an sin cumplirse", criticaba hace pocos d¨ªas en Barcelona Carlos Rub¨¦n Fern¨¢ndez, presidente de la Fundaci¨®n ONCE.En la misma l¨ªnea, la secretaria de pol¨ªticas para la igualdad de UGT de Catalu?a, Laura Pelay, recuerda que la Ley de Integraci¨®n Social de los Minusv¨¢lidos (LISMI) se aprob¨® "sin presupuesto y sin mecanismos suficientes para controlar y sancionar a las empresas". De ah¨ª la "inoperancia" de la ley. Nada forzaba a las empresas a contratar a personas discapacitadas.

Unos 23 a?os m¨¢s tarde, al empresariado catal¨¢n parece que sigue sin interesarle contratar a discapacitados, que en 2003 representaban el 4,6% de la poblaci¨®n catalana. De los 95.300 minusv¨¢lidos con capacidad para trabajar s¨®lo 4.414 firmaron un contrato laboral.

Ante estas cifras, la subdirectora general de Relaciones Sociales del departamento de Trabajo e Industria, Montse Segura, hace autocr¨ªtica: "La verdad es que la Administraci¨®n ha hecho pocas campa?as de sensibilizaci¨®n", lo que no ha favorecido a acelerar el proceso de integraci¨®n, lamenta.

A finales de los noventa, la presi¨®n ejercida por los colectivos discapacitados debido al incumplimiento masivo de la ley tuvo su efecto: el Gobierno central fij¨® una serie de medidas alternativas, que se concretaron en 2000, y que contemplaba que los empresarios pudieran no contratar a discapacitados, "pero dando algo a cambio", explica Pelay.

Para poder prescindir de estas personas -siempre y cuando no exista demanda para cubrir el puesto ofertado, o por peculiaridades de car¨¢cter productivo, t¨¦cnico o econ¨®mico, que hagan especialmente dif¨ªcil la incorporaci¨®n de minusv¨¢lidos a la plantilla de la empresa-, la empresa tiene que obtener un certificado oficial del Servicio P¨²blico de Ocupaci¨®n en un plazo m¨¢ximo de dos meses que demuestre la veracidad de dicha causa. "Este certificado caduca a los tres a?os", explica Pelay, "con lo que es f¨¢cil que la Administraci¨®n se sienta desbordada por los tr¨¢mites burocr¨¢ticos".

Vac¨ªo legal

Aun as¨ª, tanto Pelay como Fern¨¢ndez critican el vac¨ªo legal existente: "Si los empresarios no dicen nada, la Administraci¨®n tiende a dar por hecho el cumplimiento de la ley", dice Pelay. Fern¨¢ndez se refiere al "silencio administrativo" como un hecho que "siempre ha estado ah¨ª".

Segura, por su parte, admite que para evitar el fraude de las empresas s¨®lo cuentan con un centenar de inspectores, que no dependen de la Generalitat, sino del Ministerio de Trabajo.

Las medidas alternativas a las que pueden optar estas compa?¨ªas consisten en escoger entre contratar servicios de suministro de cualquier bien necesario para el desarrollo de su actividad, o donar directamente una cantidad de dinero para fomentar la creaci¨®n de ocupaci¨®n de estas personas. En el primero de los casos, el importe anual de estos servicios tiene que equivaler al salario m¨ªnimo interprofesional de tres trabajadores por cada minusv¨¢lido no contratado. En el segundo caso, al de un trabajador y medio.

Pero esta alternativa tampoco ha estimulado la solidaridad de los empresarios. En 2003, de las 5.312 compa?¨ªas con 50 o m¨¢s trabajadores s¨®lo 49 optaron por alguna de estas medidas. El importe total, tanto por contrataci¨®n como por donaci¨®n, fue de casi cinco millones de euros, el equivalente a 236 empleados con discapacidad. ?Qu¨¦ pas¨® con las otras 5.263 empresas? No hay respuestas claras a estas preguntas, y el Gobierno catal¨¢n apenas puede imponer sanciones, que, por otra parte, no llegaron hasta 1999, cuando se tipific¨® esta infracci¨®n como falta. Para Segura, "se necesita m¨¢s presupuesto y mejor coordinaci¨®n para hacer el seguimiento de todas las grandes empresas".